La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, confirmó que su administración analiza la posibilidad de convocar a un referéndum nacional para definir una solución a la crisis de Crucitas, una zona ubicada en Cutris de San Carlos, en la provincia de Alajuela, donde la extracción ilegal de oro continúa provocando graves afectaciones ambientales, económicas y de seguridad.
Durante su conferencia de prensa semanal, la mandataria aseguró que el tema ha sido discutido desde hace varios meses con el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, ante lo que considera una falta de respuesta de la Asamblea Legislativa para resolver el problema.
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La posibilidad de una consulta popular cobró fuerza después de que Chaves anunciara el pasado 4 de noviembre su intención de recomendarle a la presidenta llevar el tema a referéndum, en medio de las diferencias entre el Gobierno y varios sectores políticos respecto a la eventual explotación legal del oro.
“Venimos analizando los diferentes temas de la realidad nacional. Hay temas que son apremiantes, este es uno de ellos”, expresó Fernández, quien aclaró que todavía no existe una decisión definitiva ni una convocatoria formal.
La jefa de Estado explicó que oportunamente comunicará a la ciudadanía si decide impulsar una consulta sobre Crucitas u otro asunto de interés nacional.
Más de 200 policías y nuevas zonas afectadas por la extracción ilegal
Uno de los principales argumentos expuestos por Fernández es el creciente costo económico, humano y ambiental que enfrenta el Estado para mantener el control territorial en Crucitas.
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Según detalló, más de 200 oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras permanecen desplegados en la zona para combatir las actividades mineras clandestinas.
La mandataria afirmó que algunos funcionarios deben realizar recorridos de hasta tres días por terrenos montañosos y de difícil acceso para identificar campamentos y puntos de extracción.
Además, aseguró que durante la semana anterior se detectaron más de 192 piletas relacionadas con la actividad minera ilegal, algunas asociadas con el uso de mercurio y cianuro, sustancias que representan riesgos para los ecosistemas y las fuentes de agua.
Fernández advirtió que, mientras no exista una solución estructural, el país continuará destinando recursos públicos a operativos policiales sin eliminar las causas de la actividad clandestina.
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También sostuvo que la extracción irregular permite que la riqueza mineral termine en manos de organizaciones y personas que operan fuera del marco legal, en lugar de generar beneficios económicos para las comunidades de la zona norte.
Gobierno acusa al Congreso de frenar una solución
La presidenta dirigió fuertes críticas a los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA), a quienes responsabilizó políticamente por la falta de avances en una solución legislativa.
Fernández recordó que, durante su gestión como ministra de la Presidencia, participó en mesas de trabajo con distintas fracciones para elaborar una propuesta que permitiera abordar la problemática de Crucitas.
Aseguró que en aquel proceso se incorporaron observaciones de partidos políticos y colegios profesionales, pero cuestionó que las discusiones no se hayan traducido en una aprobación legislativa.
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El Gobierno ha promovido el expediente 24.717, presentado en noviembre de 2024, que plantea permitir la explotación minera regulada en la zona. La propuesta se enfrenta a otras iniciativas que privilegian la restauración ambiental y alternativas de desarrollo económico.
La diferencia central radica en determinar si el país debe autorizar nuevamente la extracción metálica a cielo abierto en un territorio delimitado o avanzar hacia un modelo de recuperación ambiental sin ese tipo de explotación.
Una propuesta alternativa de recuperación ambiental genera controversia
Durante la conferencia, Fernández también cuestionó las propuestas legislativas que buscan recuperar el territorio mediante saneamiento, reforestación y nuevos mecanismos de financiamiento.
Una de las iniciativas recientes es el expediente 25.893, presentado por la diputada liberacionista Diana Murillo junto con otros legisladores. El texto contempla recuperación ambiental, mecanismos financieros asociados con el oro y posibilidades de minería artesanal bajo condiciones específicas.
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La mandataria afirmó que una intervención ambiental podría requerir al menos USD 25 millones, monto que mencionó al criticar las alternativas de saneamiento/
Cuestionó que el Estado asuma los costos de limpiar y reforestar una zona donde permanece un importante yacimiento aurífero sin garantizar que las personas dedicadas a la extracción clandestina abandonen el territorio.
También puso en duda que declarar el área como parque natural o utilizar instrumentos de financiamiento vinculados con bonos y activos ambientales sea suficiente para impedir nuevas invasiones.
No obstante, la discusión legislativa abarca diferentes modelos de intervención, y las propuestas alternativas incluyen medidas de vigilancia, restauración y control que deberán ser analizadas por separado.
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¿Qué se necesita para convocar a referéndum?
Aunque Fernández contempla esta alternativa, la legislación costarricense establece requisitos específicos para organizar una consulta popular.
Según la Ley de Regulación del Referéndum, el Poder Ejecutivo necesita el respaldo de al menos 29 diputados para convocarlo mediante la modalidad ejecutiva. También existen mecanismos de iniciativa ciudadana y legislativa.
Además, la Constitución excluye de este procedimiento determinadas materias, entre ellas las presupuestarias, tributarias y de seguridad, por lo que el texto concreto de una eventual consulta tendría que superar el análisis de admisibilidad correspondiente.
La Sala Constitucional ya ordenó medidas para atender Crucitas
La crisis también ha llegado a los tribunales. En marzo de 2026, la Sala Constitucional ordenó a distintas instituciones adoptar medidas para contener la minería ilegal, garantizar el suministro de agua potable y ejecutar acciones de recuperación ambiental.
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La resolución 2026-10560 estableció obligaciones para el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados y otras instituciones estatales.
Entre las disposiciones figura mantener una presencia policial permanente y desarrollar un plan coordinado de saneamiento, restauración y mitigación ambiental.
La discusión se produce en una región donde las consecuencias ambientales, los conflictos territoriales y la actividad de extracción clandestina mantienen bajo presión a las comunidades fronterizas.
La decisión pendiente ahora es si el Gobierno continuará buscando acuerdos en la Asamblea Legislativa o intentará trasladar el debate a las urnas, una posibilidad que podría reabrir una de las controversias ambientales y políticas más prolongadas de Costa Rica.
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