Un hombre de 34 años quedó bajo detención provisional por su presunta participación en una trama que habría permitido alterar la plataforma tributaria de Panamá y generar créditos fiscales ficticios. El perjuicio contra la Dirección General de Ingresos (DGI) superaría los 21 millones de dólares, según el Ministerio Público.
La decisión fue adoptada por la juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, durante una audiencia celebrada el jueves 10 de septiembre. Al sospechoso se le imputaron los delitos de corrupción de servidores públicos y delincuencia organizada, ambos en calidad de autor.
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Antes de ordenar su detención, el Tribunal de Garantías declaró legal la aprehensión y el allanamiento excepcional, además de dar por presentada la formulación de cargos. La investigación es desarrollada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y fue sustentada durante la audiencia por la fiscal Elizabeth Carrión.
La defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora pública Melissa Pineda. Después de escuchar los argumentos de ambas partes, la juez concluyó que la privación de libertad era necesaria, idónea y proporcional, considerando la gravedad de los hechos investigados y la naturaleza de los delitos atribuidos.
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Entre los riesgos procesales identificados figuran el peligro de fuga, la posible afectación de pruebas y el riesgo para la sociedad. El tribunal también consideró que existen suficientes elementos para vincular al hombre con la investigación, aunque la imputación no constituye una sentencia y permanece vigente la presunción de inocencia.
La pesquisa comenzó en 2023, cuando el sospechoso presuntamente entregó dinero a servidores públicos de la DGI mediante cuentas bancarias y otras modalidades de pago. A cambio, los funcionarios habrían intervenido la plataforma utilizada por la institución para incorporar créditos fiscales que no tenían respaldo legítimo.
Los créditos fiscales representan montos reconocidos a favor de un contribuyente y pueden utilizarse para compensar determinadas obligaciones tributarias. Cuando son creados sin sustento y cargados al sistema oficial, reducen artificialmente los impuestos que deben pagarse y pueden ocasionar pérdidas directas al Estado, además de favorecer su transferencia o comercialización irregular.
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La información divulgada por las autoridades no precisa cuántos funcionarios habrían participado, cuántas operaciones fueron realizadas ni quiénes se beneficiaron de los créditos. Tampoco identifica públicamente al imputado. Esos elementos deberán establecerse conforme avance la investigación patrimonial, bancaria y tecnológica, cuyo expediente permanece abierto.
Este proceso no corresponde al denominado caso Pandora y las autoridades no han informado sobre una conexión entre ambas investigaciones. Pandora sí constituye un antecedente reciente de presunta manipulación del sistema tributario, porque también examina la creación, transferencia y comercialización de créditos fiscales irregulares dentro de la DGI.
En el caso Pandora, las pesquisas se han concentrado en presuntas alteraciones realizadas en la plataforma E‑Tax 2.0 y en un perjuicio estimado en alrededor de 40 millones de dólares. La investigación reveló posibles fallas de control y acceso que habrían permitido modificar información tributaria y dar apariencia de legitimidad a créditos sin respaldo económico.
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Otros expedientes conocidos como E‑Tax 2.0 y Publicano también han colocado bajo escrutinio la seguridad de la plataforma administrada por la DGI. En esas investigaciones se reportaron funcionarios detenidos e imputaciones relacionadas con la creación de créditos ficticios, aunque cada expediente posee hechos, participantes y montos diferentes.
La coincidencia entre estos procesos está en el mecanismo investigado: el presunto aprovechamiento de accesos internos y controles insuficientes para modificar registros con consecuencias sobre la recaudación. No significa que todos formen una sola estructura criminal ni que las personas investigadas estén vinculadas entre sí; esa relación tendría que ser acreditada judicialmente.
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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha advertido que la manipulación del sistema E‑Tax afecta no solamente las finanzas públicas, sino también la seguridad jurídica y la confianza de los contribuyentes. El gremio planteó la necesidad de fortalecer los controles, revisar los permisos internos y determinar responsabilidades administrativas y penales.
El Ministerio Público deberá ahora reconstruir la ruta del dinero entregado presuntamente a los funcionarios, identificar las modificaciones efectuadas y determinar quiénes aprovecharon los créditos. También tendrá que demostrar que existió una organización con división de funciones, requisito relevante para sostener la imputación por delincuencia organizada.
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La detención provisional no establece la culpabilidad del investigado, pero permite mantenerlo privado de libertad mientras continúa la recopilación de pruebas. El caso vuelve a exponer la vulnerabilidad de un sistema que administra recursos públicos y la necesidad de que los accesos, cambios y autorizaciones dentro de la plataforma tributaria sean auditables y verificables en tiempo real.
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