El STEG y la ANM cuestionaron al Ministerio de Educación de Guatemala por la presentación de los resultados de la prueba PISA, aplicada en 2025 y difundida en 2026, y rechazaron que esos datos se utilicen para responsabilizar al magisterio por el desempeño estudiantil. Las organizaciones también reclamaron una Mesa Técnica Nacional de Trabajo para abordar problemas educativos y demandas sociales que atribuyen a la falta de respuestas del Gobierno.
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala y la Asamblea Nacional del Magisterio expresaron sus posiciones en un comunicado sin fecha visible en las imágenes difundidas. El pronunciamiento incluyó críticas a la administración educativa, al Gobierno de Guatemala y al Congreso de la República.
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La propuesta sindical plantea la participación de instituciones estatales, medios de comunicación, iglesias y sectores organizados. El objetivo es reunir a esos actores para “organizar, abordar y resolver” las demandas que consideran prioritarias para la población.
El rechazo a PISA como medida del trabajo docente
La prueba PISA es una evaluación internacional que mide el rendimiento de estudiantes en lectura, matemática y ciencias. Para el STEG y la ANM, el Ministerio de Educación presentó sus resultados de un modo que traslada al magisterio una responsabilidad que, según su postura, corresponde a la conducción institucional de la cartera.
Las organizaciones objetaron que Guatemala sea comparada con países desarrollados sin considerar las diferencias sociales, económicas y educativas entre las naciones. También rechazaron que los resultados de una evaluación internacional determinen por sí solos la valoración del trabajo de los docentes.
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El pronunciamiento vinculó la participación estatal en la prueba con el acceso a financiamiento externo. “El Estado no pide la prueba y la gana, le certifican; pero si los estudiantes del Estado no la aprueban, califica para obtener préstamos inmediatos”, sostuvieron las entidades en referencia a organismos internacionales y al financiamiento educativo.
El gremio cuestionó la falta de programas que, a su juicio, permitan responder a las necesidades del sistema público. También señaló la continuidad de iniciativas que retoman planes de gobiernos anteriores sin resultados comprobados.
Las deficiencias mencionadas incluyen la infraestructura escolar, la alimentación de los alumnos y los recursos disponibles para las comunidades educativas. Para las organizaciones, esas condiciones inciden en la enseñanza y en el desempeño de los estudiantes.
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La evaluación del magisterio, afirmaron, debe realizarse a través de los mecanismos previstos por la legislación nacional. “No hay otra evaluación más para el magisterio nacional que la hoja de servicio anual”, indicaron el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala y la Asamblea Nacional del Magisterio.
Una mesa nacional para educación, salud y seguridad alimentaria
La mesa solicitada por el gremio docente tendría entre sus temas la educación, la seguridad alimentaria, la salud, la movilidad y el ambiente. Las entidades sostuvieron que la crisis institucional requiere un espacio de diálogo con representación de distintos sectores sociales.
El Gobierno de Guatemala no ha aceptado negociar el pliego de solicitudes presentado por el sector docente, afirmaron el STEG y la ANM. Esa falta de negociación forma parte de los cuestionamientos planteados por ambas organizaciones frente a la conducción de las políticas públicas.
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Las críticas también alcanzaron a los diputados del Congreso de la República. El gremio los acusó de privilegiar intereses particulares y disputas políticas por encima de la gobernabilidad y de las necesidades de la población.
El reclamo por una instancia de trabajo reúne demandas que exceden al sistema escolar, aunque coloca a la educación pública entre las prioridades. Las organizaciones buscarán exponer sus exigencias ante las autoridades y ante la opinión pública nacional e internacional.
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