La plataforma de trámites del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró 70,304 usuarios regulados y se convirtió en una de las principales apuestas de digitalización del Estado para agilizar registros, licencias y autorizaciones sanitarias, con un efecto directo sobre la fiscalización de productos, establecimientos y servicios vinculados con la salud pública.
El portal, puesto en marcha en 2025, opera las 24 horas y concentra procesos ligados a establecimientos salubristas, alimentos procesados, productos farmacéuticos, tarjetas de salud y constancias para manipular comida. Según el ministerio, la herramienta ya permite finalizar trámites con entrega de documentos digitales por correo electrónico.
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Entre los datos desagregados que presentó la cartera aparecen tres bloques de actividad. En establecimientos de salud se reportaron 1.787 solicitudes y 360 propietarios inscritos; en alimentos procesados, 5.749 peticiones, 374 empresas y 916 registros sanitarios avalados; en el área farmacéutica, 660 usuarios, 792 solicitudes y 155 registros autorizados.
La plataforma concentra controles sobre alimentos, fármacos y establecimientos
La digitalización no se limita a una mejora administrativa. Cada registro sanitario, licencia, autorización o certificación funciona también como mecanismo de control para garantizar condiciones adecuadas de producción, comercialización e importación de bienes relacionados con la sanidad.
Según explicó el ministro de Salud Pública y Asistencia Social Joaquín Barnoya, la estrategia apunta a “contar con dispositivos que sirvan para responder de manera ágil, segura y transparente al usuario”. El funcionario sostuvo que estas plataformas responden a la necesidad de consolidar instituciones modernas y eficientes.
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Durante la presentación de avances, el viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud Edgar Rolando González detalló que los documentos emitidos de forma digital incluyen firma electrónica autorizada y un código para verificar su autenticidad.
Ese sistema alcanza tanto a la dirección de regulación en sus tres departamentos como a documentos de otras direcciones departamentales, entre ellos la tarjeta de salud y las constancias de manipulación de alimentos.
González resumió el cambio con una definición centrada en el control del proceso: “Esta transición de lo físico a lo digital nos permite no solo ser más ágiles, sino también transparencia en las gestiones regulatorias, que es uno de los temas que estamos buscando”.
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El control sanitario también alcanza a salones de belleza y productos afines
El viceministro explicó que la modernización también facilita trámites vinculados con establecimientos como salones de belleza y estéticas. La supervisión, precisó, no se enfoca en los servicios que prestan, sino en los productos que utilizan y comercializan, como cremas y otros artículos de belleza que deben contar con registro sanitario.
Ese registro, indicó González, certifica que los productos sean de calidad, seguros y eficaces. Dentro de esa evaluación, la seguridad ocupa el lugar prioritario por su relación con la protección de la salud de la población.
La cartera también recordó que existen tarifas establecidas para los distintos procedimientos. En el caso de la licencia integrada de funcionamiento para salón de belleza y distribuidor de productos afines, el costo es de 170 quetzales, además de la gestión administrativa correspondiente.
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El viceministro sostuvo ante la prensa que el uso del sistema digital también mejora la revisión técnica de los expedientes. “Esto nos permite no solo mayor agilidad, sino también una mejor evaluación de los expedientes que se ingresan, ya que hay trazabilidad y se disminuye la discrecionalidad de los evaluadores”.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud consideran la digitalización de los servicios como un componente esencial para mejorar el acceso, la transparencia y la capacidad regulatoria de los sistemas de salud. En esa línea, el ministerio presentó la plataforma como una herramienta que combina simplificación de trámites, vigilancia sanitaria y mayor certeza para usuarios, empresas e industrias reguladas.
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