Los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá tendrán nuevas concesiones de hasta 30 años

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que el país avanza hacia una expansión de su infraestructura portuaria, con nuevos proyectos en ambas entradas del Canal y la próxima licitación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El mandatario sostuvo que la estrategia busca transformar a Panamá en una plataforma logística integral, capaz de conectar puertos, ferrocarriles, aduanas y sistemas tecnológicos para el seguimiento de la carga.

Mulino abordó estos planes durante la Cena Anual por la Libertad Económica de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), realizada ante empresarios, representantes diplomáticos y autoridades del Gobierno.

Durante su intervención, destacó que el ordenamiento de la macroeconomía y la reducción del riesgo país deben ser acompañados ahora por medidas que impulsen la inversión, fortalezcan al sector privado y generen empleos.

Uno de los principales puntos del discurso fue la administración temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del Canal de Panamá. Mulino aseguró que ambas terminales están operando adecuadamente y que el movimiento de contenedores muestra señales de crecimiento, según los datos manejados por las empresas responsables de su gestión provisional.

El jefe del Ejecutivo adelantó que las dos concesiones serán sometidas a licitación lo antes posible, mediante procesos separados. Su objetivo es que, antes de mediados de 2027, puedan estar adjudicadas por períodos de entre 25 y 30 años, debido a la importancia estratégica de ambas instalaciones para el comercio exterior y la competitividad logística del país.

Balboa y Cristóbal fueron operados desde 1997 por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. Esa etapa terminó después de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobó el contrato de concesión, así como la prórroga otorgada en 2021.

El fallo, fechado el 29 de enero de 2026 y publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero, dejó a PPC sin sustento jurídico para continuar administrando ambas terminales.

Tras quedar en firme la decisión judicial, el Gobierno ordenó la ocupación temporal de los puertos para garantizar la continuidad de las operaciones y preservar los empleos.

La Autoridad Marítima de Panamá otorgó contratos transitorios de hasta 18 meses a APM Terminals Panamá, filial del grupo danés Maersk, para administrar Balboa, y a TIL Panamá, brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC), para operar Cristóbal, mientras se prepara la licitación de las concesiones definitivas.

A estos proyectos se suman los puertos de Corozal y Telfers, promovidos por la Autoridad del Canal de Panamá, así como otras dos terminales que pretende desarrollar el Gobierno central.

Mulino afirmó que esta ampliación permitirá aumentar la capacidad portuaria y aprovechar mejor la posición de Panamá en las principales rutas del comercio mundial, especialmente en un momento de reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

El mandatario también destacó la recuperación de isla Margarita, en la provincia de Colón, considerada uno de los últimos espacios disponibles frente a la vía interoceánica para desarrollar infraestructura vinculada con el sector marítimo. Según explicó, el Gobierno logró recuperar el terreno después de revisar actuaciones anteriores que, a su juicio, comprometían un activo estratégico del Estado.

La visión oficial no se limita a construir nuevas terminales. Mulino planteó la integración de los puertos con ferrocarriles, aduanas y plataformas digitales, de manera que el país pueda conocer qué mercancías ingresan, cuáles salen y dónde se encuentra cada contenedor.

El objetivo es dar seguimiento a la carga durante todo su recorrido, aumentar la transparencia y reforzar los controles frente al contrabando y el narcotráfico.

El presidente señaló que Panamá ya registra avances en la digitalización de los procesos marítimos, logísticos y aduaneros, incluido un proyecto con la Zona Libre de Colón. Para Mulino, la modernización tecnológica permitirá reducir la burocracia, agilizar trámites y ofrecer mayor seguridad a las empresas que utilizan al país como centro de distribución regional.

Mayor coordinación con el Canal

Mulino reveló que ordenó crear una comisión conjunta entre el Gobierno central y la Autoridad del Canal de Panamá, integrada por representantes de ambas instituciones, para intercambiar información y dar seguimiento a los proyectos estratégicos. Explicó que tomó esa decisión porque, durante reuniones internacionales, recibía consultas sobre iniciativas del Canal que no habían sido comunicadas previamente al Ejecutivo.

Aunque reconoció la autonomía constitucional de la ACP, el mandatario afirmó que el Canal y el Gobierno forman parte del mismo Estado panameño y deben coordinarse cuando desarrollan proyectos que afectan la estrategia nacional. Según dijo, esta relación permitirá compartir experiencias, evitar duplicidades y presentar una visión coherente ante inversionistas, gobiernos extranjeros y operadores internacionales.

Mulino considera que la combinación de más puertos, mejores conexiones ferroviarias, procedimientos aduaneros modernos y trazabilidad de la carga elevará el perfil internacional de Panamá. Su apuesta es que el país deje de ser visto únicamente como una nación marítima y se consolide como un centro logístico capaz de generar inversiones, empleos y servicios de mayor valor agregado.

Durante el encuentro, encabezado por la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, el mandatario insistió en que la siguiente etapa de su administración debe concentrarse en reactivar la economía local. Para ello, aseguró que el Gobierno acompañará al sector privado con reglas claras, infraestructura competitiva y proyectos que conviertan las ventajas geográficas de Panamá en crecimiento económico sostenible.