
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, destacó que Honduras logró evitar un incremento adicional del 2.5 % en los aranceles aplicados por Estados Unidos a sus exportaciones, aunque advirtió que todavía existen sectores productivos que enfrentan cargas del 10 % y requieren continuar las gestiones para mejorar sus condiciones comerciales.
Gallardo explicó que la medida estadounidense relacionada con el trabajo forzoso no constituye una acusación directa contra Honduras o sus productos, sino que está vinculada con la existencia de sistemas legales y mecanismos de aplicación que permitan a los países prohibir la importación de mercancías elaboradas bajo estas condiciones.
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“Es importante resaltar que no se acusa directamente a Honduras de utilizar trabajo forzoso en sus productos y en sus importaciones, sino que se refiere a si los países cuentan con un sistema legal y de aplicación para prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso”, manifestó la presidenta del Cohep.
La empresaria señaló que Honduras mantiene compromisos internacionales orientados a combatir el trabajo forzoso, entre ellos los establecidos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que representa, a su criterio, una ventaja para el país frente a las disposiciones comerciales adoptadas por Estados Unidos.
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De acuerdo con Gallardo, el hecho de que Honduras sea signatario de convenios y compromisos internacionales en esta materia demuestra que el país cuenta con mecanismos y obligaciones encaminados a prevenir y combatir prácticas laborales consideradas contrarias a los derechos de los trabajadores.
La presidenta del Cohep consideró que uno de los principales resultados positivos para Honduras es haber evitado la aplicación de ese 2.5 % adicional en los aranceles, una situación que, de haberse concretado, habría representado una presión adicional para los sectores exportadores y para la competitividad de los productos hondureños en el mercado estadounidense.
“Ya hay un logro de haber evitado ese 2.5 % adicional”, destacó Gallardo, al valorar las condiciones alcanzadas para el país en el marco de las disposiciones comerciales estadounidenses.
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Asimismo, resaltó la importancia de los productos que quedaron exceptuados de determinadas cargas arancelarias, especialmente aquellos vinculados con sectores de gran relevancia para la economía hondureña y para la generación de empleo.
Entre estos productos mencionó los relacionados con la industria textil, además del café y el banano, rubros que representan una parte significativa de las exportaciones de Honduras hacia los mercados internacionales.

Gallardo recordó que la industria textil constituye uno de los principales motores de la economía hondureña y una importante fuente de puestos de trabajo, por lo que mantener condiciones favorables para su acceso al mercado estadounidense resulta fundamental para la actividad productiva del país.
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Sin embargo, la presidenta del Cohep advirtió que la situación todavía representa un desafío para otros sectores que continúan enfrentando un arancel del 10 % para sus exportaciones.
A su criterio, esta carga tiene un impacto importante sobre la competitividad de las empresas y puede afectar directamente la capacidad de determinados sectores para mantener sus niveles de producción y empleo.
Gallardo advirtió que, si determinados sectores productivos pierden competitividad y eventualmente desaparecen o reducen sus operaciones, el impacto no se limitaría a las empresas, sino que también afectaría directamente a miles de trabajadores y sus familias.
En ese sentido, la presidenta del Cohep enfatizó que la defensa del empleo debe ser uno de los principales elementos considerados en las negociaciones y gestiones relacionadas con las condiciones comerciales de Honduras.
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“Recordemos que, si estos sectores van desapareciendo, son empleos que se van perdiendo en el país y, al final, estas personas buscan migrar a Estados Unidos”, advirtió.
Gallardo concluyó que proteger los sectores productivos significa también proteger los empleos que estos generan y evitar que la pérdida de oportunidades laborales incremente los incentivos para que los hondureños busquen emigrar en busca de mejores condiciones económicas.
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