Cámara de Comercio pide severidad ante red que habría manipulado el sistema tributario estatal panameño

Una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) concluyó que $36.01 millones de los $42.4 millones utilizados por un solo banco para compensar impuestos entre 2022 y 2025 serían improcedentes e ilegítimos.

Esta situación quedó al descubierto a raíz de la captura de integrantes de una red criminal que presuntamente manipulaba el sistema tributario estatal para eliminar registros de cuentas millonarias ya saldadas por contribuyentes.

Las autoridades han explicado que la investigación conduce a que los implicados, en su mayoría cercanos a la DGI, entre ellos funcionarios, alteraban el sistema electrónico de gestión tributaria para hacer desaparecer pagos realizados por grandes contribuyentes.

Esta acción permitía que los créditos fiscales quedaran como pagos no aplicados, lo que abría la posibilidad de venderlos posteriormente a una entidad crediticia local y obtener beneficios económicos ilegítimos.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá esta situación “ya no admite lecturas suaves”.

Según el gremio empresarial la entidad bancaria que recibió los créditos fiscales ha indicado que “actuó de buena fe y que los créditos aparecían registrados y validados en la plataforma oficial”.

Ese contraste, agrega la Cámara, expone el problema central: cuando los registros del Estado pierden confiabilidad, también se debilitan la seguridad jurídica, la inversión y la confianza en Panamá.

“Este caso no se limita a fondos públicos burlados. Hay empresas y personas que pudieron ser engañadas por documentos y registros con apariencia legal. También puede haber quienes conocían el origen irregular y decidieron participar”, señala el organismo de los comerciantes.

En una nota avalada por su presidente, Aurelio Barría Pino, se indica que además de lo sucedido permanece la incertidumbre sobre el verdadero estado tributario de contribuyentes cuyos pagos fueron alterados o utilizados dentro del esquema.

La DGI administra uno de los servicios esenciales del país, por lo que su información debe ser inviolable, trazable y confiable, afirma.

La entidad estatal debe reconstruir cada operación, diferenciar con rigor a las víctimas de los posibles participantes y aclarar, sin dilaciones, la situación fiscal de cada persona o sociedad afectada. No se puede trasladar al contribuyente honesto el costo de las fallas del Estado, opina la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Explica que los créditos fiscales son instrumentos legales y necesarios para la actividad económica, que son creados, administrados y certificados por la propia DGI. Añade que por eso las empresas operan bajo el principio de legítima confianza en los registros oficiales.

“Si el sistema e-Tax fue manipulado para eliminar trazabilidad, alterar pagos reales y fabricar créditos con apariencia legítima, no estamos ante una falla menor, estamos ante una vulneración directa de la institucionalidad tributaria”, detalla, al tiempo que dice reconocer que a las actuales autoridades de la DGI no les ha pesado la mano para presentar las denuncias.

“Han hecho lo correcto. Pero no puede quedar ahí. Denunciar es el inicio, no el resultado”, indica la Cámara.

Para ello propone reforzar la cultura de integridad en los sectores públicos y privado, lo que exige programas de cumplimiento, códigos de ética aplicados, canales seguros de denuncia, controles cruzados, trazabilidad digital y consecuencias reales.

Agrega que también exige controles de acceso estrictos, auditorías independientes, alertas automáticas y una cadena de custodia digital que identifique quién modifica un registro, cuándo lo hace y desde dónde. La transformación digital sin seguridad es una puerta abierta al fraude.

El organismo clama por un orden con severidad, alegando que este es un problema legal, institucional y moral. Panameños haciéndonos daño entre panameños es imperdonable.

Hay que desmontar las redes, recuperar cada dólar, proteger a quienes actuaron de buena fe, corregir las vulnerabilidades y sancionar a quienes resulten responsables sin privilegios, sin encubrimientos y sin excusas.

La DGI debe recuperar su credibilidad con hechos y plazos claros. Panamá necesita orden con severidad. Caiga quien caiga.