Panamá inicia la licitación de una concesión vial por 30 años para ampliar los accesos al Puente Centenario y la autopista Panamá–La Chorrera

Panamá abrió la licitación de su tercer proyecto desarrollado bajo el régimen de Asociación Público-Privada (APP), una modalidad con la que el Gobierno busca acelerar la ejecución de grandes obras de infraestructura mediante inversión privada.

La iniciativa contempla la rehabilitación, ampliación y mantenimiento de la vía Centenario y la autopista Panamá–La Chorrera, uno de los corredores más congestionados del país, mediante un contrato con una vigencia de 30 años que comprometerá al Estado a realizar pagos semestrales millonarios durante la etapa de operación y mantenimiento de la carretera.

El proyecto beneficiará a unas 485.000 personas y generaría alrededor de 12.000 empleos directos e indirectos, según las estimaciones oficiales. El concesionario asumirá el diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación, operación y mantenimiento de 42,5 kilómetros entre la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera.

Entre las principales intervenciones previstas figuran la construcción de dos carriles adicionales en los accesos al Puente Centenario, uno por cada sentido de circulación; la implementación de carriles reversibles en la autopista Panamá–La Chorrera.

También se contemplan mejoras en intercambiadores estratégicos como La Mitra, Bique y el Hospital Nicolás Solano; la rehabilitación integral del corredor y la incorporación de una red de Sistemas Inteligentes de Transporte para monitorear el flujo vehicular, gestionar incidentes y mejorar la seguridad vial.

La obra busca atender uno de los principales problemas de movilidad del país. El crecimiento acelerado de Panamá Oeste durante la última década convirtió al Puente Centenario y a la autopista Panamá–La Chorrera en uno de los mayores cuellos de botella de la red vial nacional.

Cada mañana y cada tarde miles de vehículos enfrentan largos congestionamientos para ingresar o salir de la capital, afectando no solo a residentes de Arraiján y La Chorrera, sino también al transporte de carga, al comercio y a la conexión con el interior del país.

A diferencia de una licitación tradicional, el proyecto será desarrollado mediante una Asociación Público-Privada (APP), mecanismo creado por la Ley 93 de 2019 para atraer inversión privada hacia obras públicas. Bajo este esquema el Estado conserva la propiedad de la infraestructura, pero el concesionario privado financia, construye y posteriormente mantiene la carretera durante el plazo contractual.

A cambio recibe una remuneración condicionada al cumplimiento de metas previamente definidas por el MOP, trasladando buena parte de los riesgos técnicos y financieros al sector privado.

El contrato establece una vigencia de 30 años, durante los cuales el concesionario será responsable no solo de ejecutar las obras, sino también de garantizar que la infraestructura mantenga niveles de servicio previamente establecidos. Es precisamente allí donde aparece uno de los aspectos más relevantes del pliego: el Estado no pagará simplemente por construir la carretera, sino por mantenerla en condiciones óptimas durante décadas.

Para ello, el documento fija un Compromiso Firme Semestral de referencia de hasta 38,5 millones de dólares durante la etapa de operación y mantenimiento. Ese monto representa el techo para las ofertas económicas que presenten los proponentes y no constituye un pago automático.

La remuneración efectiva dependerá de la propuesta ganadora y del cumplimiento de estrictos indicadores de desempeño, por lo que el MOP podrá aplicar deducciones cuando la vía no alcance los estándares establecidos en el contrato.

En otras palabras, el Estado asumirá un compromiso de pagos periódicos de gran magnitud durante la vida útil de la concesión, pero condicionados a que la empresa mantenga la carretera en los niveles de calidad pactados.

El pliego no define una duración específica para la etapa de operación y mantenimiento, ya que será el concesionario quien presente el cronograma definitivo del proyecto dentro de la vigencia total de 30 años.

El esquema de mantenimiento por estándares de desempeño representa una diferencia sustancial frente a los contratos tradicionales de obra pública.

El concesionario deberá garantizar permanentemente condiciones mínimas de servicio relacionadas con el estado del pavimento, señalización horizontal y vertical, iluminación, drenajes, limpieza, atención de incidentes, tiempos de respuesta y funcionamiento de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Si cualquiera de esos indicadores se deteriora, los pagos podrán reducirse hasta que las deficiencias sean corregidas.

El pliego también revela que la mayor parte de los riesgos recaerá sobre la empresa privada. La matriz de riesgos asigna al concesionario las variaciones en los costos de diseño, construcción, materiales, financiamiento, mano de obra, mantenimiento, operation, disponibilidad de equipos e incluso cambios en el volumen de tráfico.

El Estado únicamente conservará responsabilidades relacionadas con modificaciones regulatorias, determinados procesos de adquisición de terrenos, algunas decisiones ambientales y actuaciones propias de la administración pública.

Desde el punto de vista financiero, el pliego establece un valor de referencia para la inversión inicial de 267,4 millones de dólares. La propuesta económica de cada empresa deberá considerar tanto la inversión en las obras como el compromiso de mantener la infraestructura bajo los estándares exigidos durante toda la concesión.

El cronograma prevé que la homologación del pliego se realice en agosto, mientras que la recepción de propuestas está programada para noviembre. Posteriormente, el MOP evaluará las ofertas técnicas y económicas antes de adjudicar uno de los contratos de infraestructura más importantes que licitará el país en los próximos años.

La Autopista Centenario será el tercer proyecto desarrollado bajo el régimen APP en Panamá. Los dos primeros ya se encuentran en ejecución y corresponden a la rehabilitación y mantenimiento de la Carretera Panamericana Este, entre Pacora y Yaviza (246,2 kilómetros), y la Carretera Panamericana Oeste, entre La Loma de Campana y Santiago de Veraguas (192 kilómetros), ambos adjudicados a concesionarios distintos.

El Gobierno considera que el éxito de este proceso servirá para consolidar el modelo de asociaciones público-privadas como una herramienta para desarrollar infraestructura de gran escala sin depender exclusivamente de recursos presupuestarios inmediatos.

La cartera de proyectos bajo análisis ya incluye un nuevo centro penitenciario, instalaciones deportivas y zonas agroindustriales, iniciativas que podrían seguir el mismo esquema si esta tercera experiencia logra atraer competencia, asegurar financiamiento y cumplir los estándares de calidad que exige el Estado.