Construcción de cárcel para 3,000 presos genera rechazo en Panamá

La construcción de un nuevo complejo penitenciario de 177.2 millones de dólares en el distrito de Santa María, provincia de Herrera, comenzó a enfrentar una creciente resistencia ciudadana. Residentes, líderes comunitarios y autoridades locales salieron a las calles para rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional, argumentando que la región necesita inversiones en agua potable, educación, infraestructura vial y desarrollo económico antes que una nueva cárcel.

La protesta se desarrolló en Divisa, una de las principales puertas de entrada a las provincias centrales, donde decenas de personas expresaron su oposición a la iniciativa promovida por el Ministerio de Gobierno para construir el denominado Complejo Penitenciario de Provincias Centrales.

Entre los participantes estuvo el alcalde de Santa María, Iván Eladio De León Banda, quien aseguró que la comunidad espera reunirse en los próximos días con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para conocer los alcances del proyecto y plantear formalmente sus preocupaciones.

“Hemos hecho enlace para tener contacto con la ministra Montalvo, donde nos va a atender la próxima semana para que nos aclare todo el tema del proyecto y que escuche nuestras peticiones”, manifestó durante la concentración.

El alcalde sostuvo que la principal preocupación de los residentes es el impacto que podría tener una instalación penitenciaria de gran escala en una zona que históricamente ha apostado por actividades agrícolas, comerciales y educativas.

“Nosotros hacemos un llamado al Gobierno para que escuche a su pueblo. Estamos aquí para trabajar y mejorar la calidad de vida de nuestra gente, para generar proyectos de desarrollo sostenible y no proyectos que generen incertidumbre y preocupación”, agregó.

Las críticas no provinieron únicamente de las autoridades locales. Eunilo Franco, residente del corregimiento de Limón, cuestionó que el Estado priorice la construcción de una cárcel cuando, según afirmó, existen necesidades más urgentes en materia de infraestructura comunitaria.

“Lo que necesita Santa María son canchas deportivas, agua potable, mejores caminos y apoyo a las escuelas. Cárcel no necesita”, expresó.

Otros participantes insistieron en que la región requiere inversiones en alcantarillados, equipamiento escolar, centros deportivos y mejoras a la red vial antes que un proyecto penitenciario de grandes dimensiones.

La oposición surge en momentos en que el Ministerio de Gobierno mantiene abierta una licitación pública para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo complejo. El precio de referencia es de 177.2 millones de dólares.

El pliego establece que el Complejo Penitenciario Regional de Divisa será una instalación para hasta 3,000 personas privadas de libertad, distribuidas según situación jurídica y nivel de peligrosidad. El diseño contempla una separación entre procesados y condenados, así como módulos de mínima, media y alta seguridad.

La estructura no será una cárcel menor. El proyecto incluye pabellones de alojamiento, celdas individuales para áreas de alta seguridad, dormitorios colectivos de hasta seis camas en otros regímenes, patios de sol, áreas comunes, puestos de control, sistemas de requisa y espacios separados para educación, salud, deporte, trabajo y atención psicosocial.

El complejo también tendrá infraestructura para el personal penitenciario. La documentación técnica contempla alojamiento para 450 custodios, con dormitorios organizados en módulos de hasta 16 plazas, lockers individuales, baños, duchas, áreas compartidas, comedor, espacios de capacitación, gimnasio y una cancha multiuso.

La cifra convierte al proyecto en una de las inversiones más elevadas realizadas en materia carcelaria en la historia reciente del país. El monto también ha llamado la atención porque supera ampliamente el costo del Centro de Resarcimiento y Rehabilitación que el Gobierno planea construir en Las Garzas, Pacora, cuyo precio de referencia asciende a 85 millones de dólares.

En términos prácticos, la nueva cárcel proyectada para Herrera costaría más del doble que el moderno centro de rehabilitación que será desarrollado dentro de los terrenos del complejo penitenciario La Joya.

La propuesta forma parte de la estrategia gubernamental para ampliar la capacidad instalada del sistema penitenciario panameño, que enfrenta desde hace años problemas de hacinamiento.

Según las estadísticas más recientes del sistema penitenciario, Panamá mantiene más de 24 mil privados de libertad frente a una capacidad cercana a las 15 mil plazas, lo que genera una sobreocupación que supera ampliamente los estándares recomendados internacionalmente.

Las cárceles de La Joya, La Joyita y La Nueva Joya concentran buena parte de esa presión. Solo ese complejo alberga miles de internos por encima de su capacidad original y ha sido escenario de motines, fugas y múltiples cuestionamientos relacionados con las condiciones de reclusión.

Para las autoridades, la construcción de nuevos centros penitenciarios es una necesidad para reducir la saturación y modernizar infraestructuras que en muchos casos fueron diseñadas hace décadas.

Sin embargo, en Santa María el debate gira en torno a la ubicación escogida para el proyecto.

La zona de Divisa ocupa una posición estratégica dentro del territorio nacional. Ubicada sobre la Carretera Panamericana, conecta las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, facilitando el acceso terrestre desde distintos puntos del país. Precisamente esa ubicación logística aparece entre las razones que habrían favorecido la selección del área para desarrollar la nueva infraestructura penitenciaria.

No obstante, los residentes consideran que esa misma ventaja geográfica debería aprovecharse para atraer inversiones productivas, fortalecer el turismo interno, impulsar la actividad agropecuaria y mejorar los servicios públicos de la región.

El proyecto también llega en un momento particularmente sensible para el sistema penitenciario panameño. Durante los últimos últimos, las autoridades han debido enfrentar una nueva crisis carcelaria tras la fuga masiva registrada en La Joyita, un hecho que reavivó el debate nacional sobre la seguridad penitenciaria, la capacidad de los centros de reclusión y las condiciones de control dentro de las cárceles del país.

En ese contexto, el Gobierno sostiene que nuevas infraestructuras permitirán responder a una demanda creciente de espacios penitenciarios y mejorar la gestión del sistema.

Para los habitantes de Santa María, sin embargo, la discusión va más allá de la necesidad de ampliar la capacidad carcelaria. La preocupación principal es que una inversión de 177 millones de dólares termine transformando la identidad de una región tradicionalmente agrícola y comercial que aspira a atraer proyectos de desarrollo, empleo e infraestructura comunitaria.

Mientras el proceso de licitación continúa avanzando, los residentes esperan que la reunión anunciada con la ministra de Gobierno permita abrir una negociación antes de que el proyecto entre en una fase irreversible.

Por ahora, la manifestación dejó un mensaje claro: una parte importante de la comunidad no está dispuesta a aceptar sin cuestionamientos la construcción de una de las cárceles más costosas que se hayan proyectado en Panamá.