El FMI advirtió que Honduras concentra los peores indicadores de pobreza de América Latina y que, sin una ruptura estructural, el país seguirá reproduciendo “expulsión, desigualdad y vulnerabilidad generacional”.
La advertencia acompaña el respaldo del organismo a la nueva Estrategia de Reducción de la Pobreza 2022-2046, presentada en julio de 2026.
El diagnóstico indica que el 69.6% de la población hondureña vive en pobreza y el 46.7% en pobreza extrema, según datos de 2023 del Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística de Honduras.
Más de la mitad de los habitantes, el 52%, sobrevive con menos de USD 6.85 diarios, lo que ubica al país en el último lugar de la región.
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La trampa de las remesas y la migración
Un rasgo que distingue a Honduras del resto de Centroamérica es su dependencia de los envíos del exterior. Las remesas equivalen al 26% del PIB, 10 veces el promedio latinoamericano, y compensan la ausencia de empleos de calidad en una economía basada en sectores de baja productividad.
Ese modelo impulsa la migración masiva, que a su vez alimenta las remesas. El ciclo, advirtió el FMI, no genera desarrollo: consolida la vulnerabilidad estructural y vacía al país de fuerza laboral.
El peso de los desastres climáticos
Honduras encabeza el Índice de Riesgo Climático del FMI en la región. Las pérdidas tras los huracanes Eta e Iota fueron calificadas de catastróficas, y la recurrencia de inundaciones y sequías erosiona cualquier avance social acumulado.
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El informe señala que la relación entre exposición climática y pobreza “crea trampas difíciles de romper”. La debilidad histórica del Estado para invertir en resiliencia social agrava ese efecto.
Brechas educativas, sanitarias y de género
Solo el 51% de los niños de cuatro a cinco años asiste a la escuela, y la cobertura secundaria es la más baja de América Latina. El sistema de salud opera con una de las menores proporciones de recursos humanos y cobertura efectiva del continente.
La situación de las mujeres concentra varias de las peores cifras. Siete de cada 10 hondureñas viven en pobreza, y el país registra la mayor tasa de femicidio de la región: 6 por cada 100,000 mujeres. La violencia, la discriminación y el desempleo femenino completan ese cuadro.
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El acceso a vivienda digna, saneamiento básico y electricidad también permanece rezagado, sin que ninguno de esos déficits muestre una tendencia clara de mejora en las últimas dos décadas.
Una estrategia con horizonte de dos décadas
Frente a ese diagnóstico, el gobierno hondureño y el FMI presentaron la Estrategia de Reducción de la Pobreza 2022-2046, que el organismo describe como un viraje conceptual respecto de políticas anteriores. El eje central es el “enfoque de activos”: dotar a los más pobres de capacidades, infraestructura y oportunidades, en lugar de limitarse a transferencias asistenciales.
El plan se estructura en tres pilares. El primero apunta al crecimiento inclusivo mediante el fortalecimiento del Estado en industria, agroindustria y turismo; inversiones hospitalarias y educativas; mayor recaudación a través de la Ley de Justicia Tributaria; y proyectos energéticos de gran escala.
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El segundo pilar busca universalizar salud, educación, agua y vivienda, con foco en territorios y grupos históricamente excluidos, e integrar un sistema de protección social con capacidad de respuesta ante crisis.
El tercer componente amplía programas focalizados: transferencias condicionadas como la Red Solidaria y PROASOL, becas, subsidios eléctricos y atención de emergencia, apoyados en diagnósticos territoriales precisos. Las políticas de género y adaptación climática atraviesan los tres pilares.
Condiciones que el FMI pone sobre la mesa
El organismo no entrega el respaldo sin señalar los puntos débiles. La coordinación institucional está en proceso de fortalecimiento, la cobertura de los programas sociales es parcial y el margen fiscal sigue siendo estrecho.
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El acuerdo prevé un déficit controlado, expansión del espacio de inversión social y productiva, y consolidación gradual de la deuda pública.
El informe vincula el éxito de la estrategia al fortalecimiento de capacidades estatales, la transparencia y el monitoreo continuo de resultados.
Se estableció una revisión cuatrienal de metas y una evaluación final en 2046.
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