La Corte Suprema de Brasil abrió una tercera investigación contra el hijo de Lula por presunto tráfico de influencias

La Corte Suprema de Brasil autorizó la apertura de una tercera investigación contra Fábio Luís da Silva, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por presunto tráfico de influencias y posibles actos de corrupción. La decisión responde a un pedido de la Policía Federal para profundizar las pesquisas sobre supuestas gestiones realizadas por el empresario en favor de intereses privados ante dependencias del Estado.

La medida fue adoptada por el juez Flávio Dino, quien dio luz verde a una nueva investigación centrada en la posible actuación de Fábio Luís —conocido públicamente como “Lulinha”— como intermediario en negociaciones que involucrarían a empresarios y organismos de la administración federal.

Con esta resolución, el empresario pasa a enfrentar tres investigaciones distintas relacionadas con sospechas de tráfico de influencias. Los otros dos expedientes continúan bajo la supervisión del magistrado André Mendonça y también examinan supuestas intervenciones para favorecer intereses empresariales ante entidades públicas.

La nueva pesquisa busca determinar si el hijo del mandatario participó en gestiones vinculadas al lobista Antônio Carlos Camilo Antunes y a la empresaria Roberta Luchsinger, señalada por las autoridades como una persona cercana a Fábio Luís. Los investigadores pretenden establecer si existieron contactos o actuaciones destinadas a facilitar negocios con organismos del Gobierno brasileño.

El juez Dino también autorizó una investigación paralela para esclarecer cómo se divulgaron datos reservados de los expedientes anteriores. La defensa había solicitado que se identificara el origen de las filtraciones al considerar que la información protegida por secreto judicial fue difundida de forma indebida.

En un comunicado, los abogados Guilherme Santos y Marco Aurelio de Carvalho aseguraron que su cliente enfrenta el proceso “con total tranquilidad” y sostuvieron que demostrará “que no tiene relación alguna, ni directa ni indirecta, con ningún tipo de irregularidad”.

Los representantes legales también cuestionaron la divulgación de información protegida por sigilo judicial. “Hemos solicitado a todos los organismos responsables que adopten medidas enérgicas contra las filtraciones reiteradas, selectivas y delictivas”, afirmaron. Además, denunciaron “la instrumentalización de sectores de la Policía Federal al servicio de intereses políticos y electorales”, una acusación que las autoridades no han confirmado.

El empresario, que actualmente reside en España, evitó confirmar si regresará a Brasil para responder personalmente a los interrogatorios que puedan ser convocados durante las pesquisas.

La decisión judicial se produce cuando faltan dos meses para las elecciones presidenciales, en las que Lula buscará un nuevo mandato. El avance del caso generó reacciones inmediatas en el escenario político brasileño, donde dirigentes de la oposición utilizaron la noticia para cuestionar al Gobierno.

El propio presidente había anticipado públicamente que no pediría un trato diferenciado para su hijo en caso de ser investigado. “Si mi hijo es acusado de cualquier cosa, será tratado como el hijo de cualquier persona. Jamás le pediré a un comisario o a un juez que no haga las cosas correctas”, declaró recientemente.

Lula agregó que cualquier investigación debe desarrollarse conforme a la ley y sostuvo que corresponderá a su hijo demostrar su inocencia. “Él tendrá que probar que es inocente como yo lo hice y, si es culpable, tendrá que pagar como todo el mundo paga cuando se equivoca”, afirmó el mandatario.

Las tres investigaciones abiertas hasta ahora examinan posibles intervenciones de Fábio Luís en favor de empresarios ante distintos organismos públicos. Entre ellas figura un expediente relacionado con supuestas gestiones ante el Ministerio de Salud para facilitar autorizaciones vinculadas a medicamentos elaborados con cannabis y otro que analiza presuntas actuaciones ante la empresa estatal Dataprev para beneficiar a un empresario en procesos de contratación.

La nueva investigación amplía ese conjunto de pesquisas y buscará determinar si existieron nuevas actuaciones irregulares para favorecer intereses privados dentro de la administración pública. Hasta el momento, el hijo del presidente no ha sido condenado ni acusado formalmente en ninguno de los expedientes abiertos en su contra, mientras la Policía Federal continúa reuniendo pruebas bajo la supervisión del Supremo Tribunal Federal.