Diputados oficialistas frenan proyecto para eliminar pensiones de expresidentes de Costa Rica

El proyecto de ley que busca eliminar el régimen de pensiones para expresidentes y expresidentas de la República sufrió un revés en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, luego de que la mayoría de sus integrantes rechazara el informe favorable de la iniciativa.

El expediente 24,793 obtuvo cinco votos en contra y tres a favor.

En contra votaron los diputados oficialistas Ana Katharina Müller, Esmeralda Britton, Robert Junior Barrantes y Royner Mora, todos del Partido Pueblo Soberano (PPSO), así como la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro.

A favor se pronunciaron el frenteamplista Edgardo Araya y los liberacionistas Karol Matamoros y Víctor Hidalgo.

Pese al resultado, el proyecto no quedó archivado.

La diputada Iztarú Alfaro explicó que decidió votar en contra por una razón de procedimiento. Según indicó, si hubiese respaldado la iniciativa, el resultado habría sido un empate de cuatro votos contra cuatro, escenario que habría obligado a una segunda votación y, de mantenerse el empate, el expediente habría sido archivado automáticamente conforme al Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Con la votación registrada, quienes apoyan la propuesta podrán presentar un dictamen afirmativo de minoría, lo que permitirá que el proyecto continúe su trámite y sea conocido posteriormente por el Plenario Legislativo.

Choque con el discurso oficialista

La decisión de los legisladores del oficialismo contrasta con las críticas que, durante los últimos años, han realizado la presidenta Laura Fernández, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y diputados afines al Gobierno sobre las denominadas “pensiones de lujo” y otros beneficios económicos otorgados a altos funcionarios públicos.

El debate también reavivó los cuestionamientos sobre si el expresidente Rodrigo Chaves solicitará o renunciará a la pensión que eventualmente podría corresponderle cuando cumpla los requisitos establecidos por la ley, un tema sobre el que aún no ha fijado una posición pública.

Durante la discusión, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, sostuvo que el régimen constituye un privilegio financiado con recursos públicos.

“Aquí hemos planteado las pensiones de lujo como una pensión que yo disfruto, pero no me he ganado. Pues este régimen de los expresidentes es una pensión de lujo, pura y dura. Es un cargo al presupuesto nacional y para ganarla solo se necesita trabajar esos cuatro años”, afirmó.

Tras conocerse el resultado, Araya aseguró que el voto del oficialismo evidencia una contradicción con su discurso político.

“Defender lo indefendible, que es seguir defendiendo privilegios odiosos. Parece en este caso, y aquí quedan retratados Rodrigo Chaves, Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano, cuando los privilegios que señalan son otros, no los de que son parte; eso es lo que están protegiendo”, manifestó.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa fue presentada durante el anterior periodo legislativo por el entonces diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña.

El texto propone derogar el capítulo III de la Ley 7302, que regula el régimen de pensiones para quienes hayan ejercido constitucionalmente la Presidencia de la República.

Además, plantea que quienes actualmente reciben ese beneficio solo puedan conservarlo si demuestran ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo que perciben ingresos inferiores a tres salarios base provenientes de otras fuentes y que no reciben una pensión contributiva básica.

De acuerdo con la legislación vigente, los expresidentes tienen derecho a una pensión mensual equivalente al salario de una diputación, mientras que sus beneficiarios pueden recibir hasta un 75 % de ese monto. El régimen también permite que ese beneficio sea compatible con otras pensiones, como las del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Magisterio Nacional o el Poder Judicial.

Oficialismo defendió rechazo

La presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, Esmeralda Britton, justificó el voto negativo al considerar que el proyecto presenta inconsistencias técnicas y jurídicas.

Entre los cuestionamientos mencionó que el texto utiliza distintos parámetros para determinar cuándo debe suspenderse el beneficio, además de señalar que el eventual impacto fiscal sería reducido y que la reforma no generaría un ahorro inmediato para las finanzas públicas.

Después de la votación, el diputado Araya presentó una moción de revisión para intentar revertir el resultado, pero esta también fue rechazada por cinco votos contra tres.