Buscan endurecer las reglas para operar albergues de protección infantil en Panamá

La Asamblea Nacional discute cambios al sistema de albergues de acogimiento institucional en Panamá, en medio de nuevos cuestionamientos sobre la supervisión de los centros donde permanecen niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad bajo protección del Estado.

El punto más sensible del debate está en quién debe supervisar los albergues administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), debido a que actualmente la institución opera centros propios y también ejerce funciones de control sobre ellos.

La discusión forma parte del análisis del proyecto de ley 618, que regula la apertura y funcionamiento de los centros de acogimiento institucionales y residenciales para niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad.

La iniciativa es revisada en una mesa técnica de la subcomisión de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia, presidida por la diputada Alexandra Brenes, proponente de la norma.

El proyecto también plantea derogar el Decreto Ejecutivo 404 del 30 de octubre de 2020, que actualmente regula la apertura y funcionamiento de los albergues para niños, niñas y adolescentes.

Esa norma establece las condiciones para autorizar estos centros, define los albergues como espacios residenciales temporales de cuidado y protección, y crea mecanismos de supervisión y monitoreo para verificar su funcionamiento.

Sin embargo, la propuesta legislativa busca elevar esa regulación a rango de ley, con controles más estrictos, responsabilidades más claras y una supervisión que no dependa únicamente de disposiciones reglamentarias.

Según Brenes, la mesa técnica ha avanzado hasta el artículo 27 del capítulo tres, relacionado con la supervisión de los albergues de acogimiento institucional y con la definición de quiénes serán los encargados de vigilar los centros residenciales.

La diputada explicó que este punto ha sido complejo porque, en la práctica, la Senniaf cuenta con albergues institucionales que son administrados por la propia entidad, pero también mantiene competencias de supervisión sobre esos espacios.

Esa situación abrió el debate sobre la necesidad de modificar el esquema actual, para evitar que la institución actúe como administradora y fiscalizadora de sus propios centros.

Dentro de los ajustes discutidos figura una modificación a la Ley 6 de la Senniaf, con el fin de asignar funciones a su Junta Directiva y permitir que el Ministerio de Desarrollo Social pueda contar con una oficina encargada de supervisar los albergues administrados por esa entidad.

La propuesta busca que la vigilancia sobre estos centros tenga mayor independencia institucional y que las irregularidades detectadas puedan ser reportadas con mayor claridad ante las autoridades competentes.

El debate legislativo ocurre después de las denuncias presentadas por Brenes por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen, administrado por la Senniaf.

Ese caso provocó una nueva crisis institucional y derivó en la renuncia de Ana Fábrega como directora de la Senniaf en marzo de 2026, en medio de investigaciones relacionadas con presuntos delitos en el albergue de Tocumen.

Brenes sostuvo entonces que la salida de Fábrega no debía interpretarse como el cierre del caso y pidió que las investigaciones continuaran hasta establecer responsabilidades.

El episodio reactivó las críticas sobre la capacidad del Estado para garantizar condiciones adecuadas de protección en los centros de acogimiento y reforzó el argumento de quienes piden una supervisión más rigurosa.

El proyecto también recoge antecedentes de la crisis nacional que enfrentó el sistema de albergues en años anteriores, cuando salieron a la luz denuncias por maltrato, abuso y negligencia en centros de protección.

Ese escándalo generó investigaciones, informes institucionales y un amplio debate público sobre las fallas del modelo de supervisión, aunque no todos esos procesos derivaron en salidas administrativas inmediatas.

La exposición de motivos del proyecto reconoce que Panamá ha enfrentado debilidades estructurales en los mecanismos de supervisión y control de los centros de atención residencial.

También señala que las investigaciones judiciales y las inspecciones realizadas por instituciones del Estado evidenciaron la necesidad de establecer estándares mínimos obligatorios, mejorar la fiscalización y garantizar protocolos de atención y protección.

La iniciativa plantea que los centros de acogimiento deben funcionar bajo criterios de temporalidad, protección integral, transparencia, rendición de cuentas y respeto al interés superior del niño.

Además, establece que la institucionalización debe aplicarse como una medida excepcional y por el menor tiempo posible, priorizando la reintegración familiar o alternativas de cuidado cuando existan condiciones para ello.

Entre los requisitos previstos para operar un centro de acogimiento se incluyen infraestructura adecuada, personal capacitado, protocolos de protección infantil, reglamento interno aprobado, historial penal del personal y permisos de instituciones como el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Protección Civil.

La propuesta también contempla visitas periódicas de supervisión, informes sobre las condiciones de los menores y adultos con discapacidad, revisión de instalaciones, evaluación del recurso humano y registro de denuncias por posibles irregularidades.

En la segunda reunión de la mesa técnica participaron representantes de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Desarrollo Social y el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El objetivo de la discusión es construir una ley que sustituya el actual marco reglamentario y establezca un sistema de supervisión más robusto para los albergues de acogimiento institucional y residencial.

La mesa técnica continuará revisando el articulado antes de que el proyecto avance en la Asamblea Nacional, en un tema que vuelve a colocar bajo examen el papel de la Senniaf y la responsabilidad del Estado en la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad.