Seis años después, declaran culpables a 12 acusados por masacre en cárcel panameña

La peor masacre carcelaria registrada en Panamá comienza a acercarse a su capítulo final en los tribunales. Seis años después del ataque que estremeció al sistema penitenciario nacional, un Jurado de Conciencia declaró culpables a 12 privados de libertad por la matanza ocurrida en el pabellón 14 de la cárcel La Joyita, donde murieron 13 internos y otros 11 resultaron heridos.

El veredicto fue obtenido por la Sección Especializada en Homicidios y Femicidios del área Metropolitana del Ministerio Público, tras un juicio que se extendió durante tres semanas.

Los acusados fueron encontrados culpables como autores de homicidio doloso agravado en perjuicio de 13 personas y de homicidio doloso agravado en grado de tentativa contra otras 11 víctimas.

Los hechos se remontan a la tarde del 17 de diciembre de 2019, cuando se desató un sangriento ataque dentro del pabellón 14 del Centro Penitenciario La Joyita, en el complejo carcelario La Joya-La Joyita-Nueva Joya.

Según la investigación desarrollada por la Fiscalía, los hoy condenados arremetieron contra un grupo de reclusos que también permanecía recluido en ese pabellón, utilizando armas de fuego y armas punzocortantes.

La agresión dejó una escena sin precedentes en el sistema penitenciario panameño. Las víctimas fueron alcanzadas por disparos de armas de fuego y posteriormente algunas fueron atacadas con cuchillos y otros objetos cortantes.

La magnitud de la violencia convirtió el caso en una de las peores matanzas ocurridas dentro de una cárcel panameña y expuso graves deficiencias en los controles de seguridad penitenciaria.

La investigación del Ministerio Público determinó que el ataque no fue espontáneo. Las pesquisas, apoyadas en peritajes balísticos, pruebas forenses y testimonios protegidos, concluyeron que la masacre ocurrió en medio de una guerra interna entre integrantes de la pandilla Bagdad y miembros de una facción disidente conocida como Matar o Morir (MOM). Las autoridades sostienen que el conflicto estaba relacionado con disputas por el control de actividades vinculadas al narcotráfico y al liderazgo de la organización criminal.

Durante las investigaciones posteriores al ataque, las autoridades encontraron dentro del penal armas que nunca debieron estar en manos de privados de libertad.

Entre los hallazgos figuraban fusiles AK-47, pistolas de distintos calibres y municiones. El descubrimiento provocó cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad existentes en el complejo penitenciario y sobre la posible participación de funcionarios en el ingreso de armamento al centro carcelario.

Las investigaciones también revelaron que el pabellón 14 era considerado uno de los espacios bajo mayor influencia de la pandilla Bagdad dentro de La Joyita. Diversos informes señalaron que muchos de los reclusos allí confinados mantenían vínculos con estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, homicidios y otros delitos violentos.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue que existían señales previas de tensión dentro del penal. Informes conocidos posteriormente indicaron que se habían reportado situaciones irregulares antes de la masacre, aunque estas advertencias no derivaron en acciones que evitaran el ataque.

La tragedia reabrió el debate sobre las condiciones de hacinamiento, la presencia de pandillas y la capacidad del Estado para mantener el control efectivo de los centros penitenciarios.

La masacre también tuvo repercusiones fuera de los muros de La Joyita. En los meses posteriores, las autoridades relacionaron diversos homicidios registrados en Panamá Oeste y San Miguelito con la misma disputa criminal que derivó en los hechos ocurridos dentro del penal.

La investigación apuntó a que la confrontación entre facciones de Bagdad se extendió más allá de la cárcel y generó una ola de violencia en distintos sectores del país.

Tras los hechos, el Gobierno de entonces ordenó investigaciones administrativas, cambios en la estructura de seguridad penitenciaria y operativos de requisa dentro del complejo. Sin embargo, las preguntas sobre cómo ingresaron las armas de guerra al penal y quiénes facilitaron su presencia continúan siendo uno de los aspectos más sensibles del caso.