Honduras celebra el día del árbol, con amenazas de deforestación e incendios que ponen en riesgo el futuro de sus bosques

Honduras celebra este 30 de mayo el Día del Árbol en medio de una preocupante realidad ambiental que pone en riesgo el futuro de sus bosques y de millones de personas que dependen de ellos para su subsistencia.

La advertencia surge de la tercera entrega de la serie Estado de País 2026, titulada “Cambio Climático: Bosque y vidas en riesgo”, presentada por el Instituto de Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), la cual expone un panorama alarmante sobre la situación forestal del país.

Según la investigación, si Honduras mantiene los actuales niveles de deforestación, incendios forestales y explotación de recursos naturales, la cobertura forestal nacional podría desaparecer completamente en 71 años, situando el punto crítico alrededor del año 2097.

El informe sostiene que este escenario tendría consecuencias devastadoras no solo para la biodiversidad, sino también para la economía, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la estabilidad de las comunidades más vulnerables.

Uno de los datos más preocupantes revelados por el estudio señala que la explotación ilegal de recursos naturales se convirtió en 2025 en el principal delito ambiental denunciado en Honduras.

De acuerdo con el informe, durante ese año se registraron 527 denuncias relacionadas con la extracción ilegal de recursos naturales, una cifra que supera ampliamente otros delitos ambientales como la contaminación del aire, agua y suelo.

Los investigadores destacan que las denuncias por explotación ilegal fueron ocho veces superiores a las registradas por otros daños ambientales, reflejando la magnitud de la presión que enfrentan los ecosistemas hondureños.

A pesar de la gravedad de la situación, la capacidad del Estado para investigar y perseguir estos delitos continúa siendo limitada.

La ASJ señala que durante 2025 apenas se asignaron 11.8 millones de lempiras a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, una cantidad que representa únicamente el 0.4 por ciento del presupuesto total del Ministerio Público.

Según el estudio, esta asignación presupuestaria resulta insuficiente para atender la creciente cantidad de denuncias, realizar investigaciones especializadas y desarrollar acciones preventivas en todo el territorio nacional.

La organización advierte que la escasez de recursos humanos, técnicos y financieros limita considerablemente la capacidad de respuesta institucional frente a los delitos ambientales.

El informe también pone de relieve los riesgos que enfrentan quienes defienden los recursos naturales en Honduras.

Durante la última década, al menos 111 defensores ambientales han sido asesinados en el país, una cifra que mantiene a Honduras entre las naciones más peligrosas para quienes trabajan en la protección del ambiente y los territorios.

Más preocupante aún resulta el nivel de impunidad que rodea estos crímenes.

La investigación revela que el 92 por ciento de los asesinatos de defensores ambientales permanece sin resolución judicial, lo que significa que la mayoría de los responsables nunca ha sido identificada, procesada o condenada.

Para el Instituto de Justicia de la ASJ, esta situación refleja la ausencia de mecanismos efectivos de protección y la falta de capacidades especializadas para investigar delitos cometidos contra personas que se encuentran en la primera línea de defensa de los recursos naturales.

La pérdida acelerada de los bosques también representa una amenaza directa para la adaptación al cambio climático.

Los ecosistemas forestales desempeñan un papel fundamental en la regulación de los ciclos hídricos, la captura de carbono, la protección de los suelos y la conservación de la biodiversidad.

Su desaparición podría agravar fenómenos como sequías prolongadas, inundaciones, deslizamientos de tierra y pérdidas agrícolas, afectando especialmente a las comunidades rurales que dependen de los recursos naturales para sobrevivir.

Ante este panorama, la ASJ hizo un llamado a fortalecer las políticas de conservación, incrementar los recursos destinados a la protección ambiental y combatir de manera efectiva las redes dedicadas a la explotación ilegal de recursos naturales.

La organización también instó a las autoridades a garantizar protección para los defensores ambientales y a mejorar los mecanismos de investigación para reducir los elevados niveles de impunidad.