
Los estafadores en Panamá enfrentarán penas que van desde 4 a 6 años de prisión por la estafa simple, mientras que por estafa agravada serán castigados de 7 a 12 años de cárcel.
Esto, luego de que la Asamblea Nacional de Panamá diera paso en tercer debate a una reforma que cambia la manera radical las penas anteriores, que sancionan con 1 a 4 años de prisión para los casos simples, y de 5 a 10años cuando había agravantes.
El proyecto de Ley 277, que ahora espera la sanción del Ejecutivo para convertirse en ley de la República, modifica los artículos 220 y 221 del Código Penal.
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El dinero involucrado en las estafas también fue motivo de reformas, pues antes para que una estafa fuera considerada agravada el perjuicio debía superar los $100 mil, y ahora se redujo a $50 mil.
Diariamente 17 panameños son víctimas de estafas financieras o bancarias, una cifra que deja claro que el problema dejó de ser esporádico para convertirse en una amenaza cotidiana.
El cambio, dijeron fuentes del Legislativo, abarcará más casos donde se vean involucrados los estafadores, entre esos las cada vez más crecientes estafas digitales.
Llamadas engañosas, mensajes falsos, suplantación de identidad en redes sociales, todo eso ahora tiene un tratamiento más severo dentro de la ley, especialmente cuando hay abuso de confianza o uso de herramientas tecnológicas, destaca el diario Critica.
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En marzo de este año la Asociación Bancaria de Panamá advirtió sobre el avance cada vez más agresivo de los ciberdelitos financieros, en un escenario donde los intentos de fraude ya alcanzaban los $125 millones al año y donde alrededor de $20 millones terminan concretándose en perjuicio de clientes, bancos y empresas.
Los $125 millones corresponden a intentos de ataque, mientras que los $20 millones reflejan el impacto que finalmente se concreta, detalló durante el pasado VI Congreso Internacional de Ciberseguridad, Protección de Datos, Prevención de Fraudes y Seguridad Física, realizado en ciudad de Panamá, Ernesto Boyd, presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.
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Agregó que esa diferencia, lejos de ser un alivio, muestra la presión permanente bajo la que operan la banca y sus clientes, obligados a reaccionar, verificar y reforzar sus defensas frente a una ofensiva que no da tregua.

El blanco final de estos ciberdelitos son los clientes bancarios, porque detrás de cada ataque dirigido a una entidad financiera lo que realmente se busca es llegar al dinero de los usuarios, dijo el presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.
Para tratar de hacerle frente al sofisticado esquema de delitos financieros la banca lanzó la campaña de concienciación “Pérate”, que básicamente trata de que los ciudadanos hagan una pausa antes de compartir información personal, hacer clic en enlaces o realizar transferencias.
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Entre 2025 y lo que va del 2026 se ha registrado un incremento de más de 113% en ciberdelitos, una variación que confirma que el fenómeno está escalando con rapidez, indicó por su parte la Policía Nacional.
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, hizo en esa oportunidad una distinción entre los ataques sofisticados y los ataques más básicos pero masivos, que son precisamente los que más golpean a la población en su vida diaria. Entre estos últimos mencionó llamadas fraudulentas y otros contactos realizados incluso desde centros penales, una realidad que ha obligado a mantener operativos permanentes para sacar de circulación equipos de comunicación utilizados por delincuentes.
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