La Corte Suprema de Justicia de Panamá cerró un nuevo capítulo en el caso New Business al declarar no inconstitucionales tanto la resolución de indagatoria como la sentencia condenatoria contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, desestimando así tres recursos legales presentados por su defensa en un intento por anular el proceso penal en su contra.
La decisión del pleno del máximo tribunal fue divulgada mediante el Edicto No. 560 el 22 de abril de 2026, con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, y responde a las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por los abogados Ángel Álvarez —en representación de Marta Linares de Martinelli— y Nadia Castillo, quienes cuestionaban tanto la legalidad de la investigación fiscal como la validez de la condena emitida en 2023.
Tras analizar los argumentos, la Corte Suprema concluyó que no existían violaciones constitucionales en la resolución indagatoria No. 1 del 30 de junio de 2020, emitida por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, ni en la sentencia mixta No. 2 del 17 de julio de 2023, dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, ratificando así la legalidad del proceso y dejando sin efecto los últimos intentos por revertir el fallo.
Con esta decisión, el tribunal mantiene firme la condena de 128 meses de prisión —equivalentes a 10 años y ocho meses— impuesta a Martinelli por el delito de blanqueo de capitales, así como la multa de $19.2 millones y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sanciones derivadas de su rol como autor en una estructura financiera utilizada para la compra de un grupo editorial con fondos de origen ilícito.
El caso New Business gira en torno a la adquisición, en 2010, de la Editora Panamá América, mediante una sociedad canasta que habría servido para canalizar dinero proveniente de contratos estatales adjudicados de manera irregular durante su administración, configurando un esquema de lavado de dinero en el que participaron empresarios y exfuncionarios, algunos de los cuales también fueron condenados.
La decisión judicial se produce mientras Martinelli permanece asilado en Colombia, país al que llegó en mayo de 2025 tras abandonar la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se refugió durante más de un año luego de que se hiciera efectiva su condena penal.
El exmandatario solicitó inicialmente asilo al gobierno nicaragüense, pero el proceso no se concretó, lo que derivó en su traslado a territorio colombiano tras gestiones diplomáticas.
El ingreso de Martinelli a la embajada nicaragüense ocurrió en febrero de 2024, poco después de que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmara su condena, en un contexto donde buscaba evitar su detención inmediata.
Su salida hacia Colombia marcó un giro en el caso, al quedar bajo la figura de asilo político, lo que limita las posibilidades de ejecución directa de la pena impuesta en Panamá.
Con el fallo del pleno de la Corte Suprema, se refuerza la validez del proceso judicial y se reduce significativamente el margen legal de la defensa para revertir la condena, consolidando el caso New Business como uno de los más relevantes en materia de corrupción y blanqueo de capitales en la historia reciente del país, con implicaciones tanto en el ámbito judicial como en el escenario político nacional.
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