Un informe revela quién es el presunto autor intelectual del asesinato del ex militar nicaragüense Roberto Samcam en Costa Rica

El asesinato del opositor nicaragüense y mayor en retiro, Roberto Samcam Ruiz, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Moravia, San José, habría sido organizado desde el interior del sistema penitenciario costarricense, según un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

Según la investigación judicial, el plan fue coordinado desde el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en Alajuela, por un ciudadano nicaragüense que cumple condena por delitos comunes.

El dato aparece en una ampliación del expediente judicial fechada el 6 de marzo de 2026, que fue conocida públicamente porque la plataforma Confidencial tuvo acceso a ese documento. En ese informe se establece que los ejecutores “actuaron a cambio de dinero, coordinando la acción por posible encargo del privado de libertad Keny Hosman Navarrete Vallecillo”.

La reconstrucción policial describe un homicidio planificado, con vigilancia previa, logística definida, selección de ejecutores y coordinación constante entre actores dentro y fuera de prisión. La investigación, que aún no es conclusiva, se sostiene en análisis de comunicaciones, evidencia material, testimonios y seguimiento de movimientos.

El asesinato ocurrió en horas de la mañana del 19 de junio de 2025. De acuerdo con los reportes del sistema de emergencias 9-11, se recibieron llamadas que alertaban sobre disparos en un condominio en Moravia. Las autoridades lograron establecer que el ataque fue ejecutado poco antes de las 07:45 de la mañana.

Testigos indicaron que un hombre ingresó al inmueble y, poco después, se escucharon entre siete y diez detonaciones. El informe recoge que el atacante llegó hasta la segunda planta de la vivienda y disparó a quemarropa.

La descripción del sospechoso señala a un hombre de aproximadamente 1.70 metros de altura, lo que coincide con el perfil del presunto autor material identificado posteriormente como Luis Fernando Carvajal Fernández.

El día anterior, 18 de junio de 2025, Samcam sostuvo una reunión en Casa España, en San José. Las cámaras de seguridad registraron su llegada a las 11:30 de la mañana, así como el ingreso posterior de personas cercanas a él, entre ellas Oscar René Vargas y Rafael Solís. Minutos después también ingresaron dos sujetos que llamaron la atención de los investigadores por no coincidir con el perfil de los asistentes habituales.

Ese mismo día, según información confidencial incorporada al expediente, los presuntos ejecutores se reunieron en una gasolinera en León XIII, Tibás, en San José, donde “coordinaron el asesinato del ofendido y llevaron a la reunión los vehículos y el arma que utilizaron, para revisar que todo funcionara y afinar detalles de la planificación”.

El día del crimen, los sospechosos se movilizaron en al menos dos vehículos y una motocicleta. Un informante indicó que uno de los autos, un Renault Duster blanco con placas BKK-190, estuvo rondando la zona antes del ataque. Ese dato fue incorporado a la investigación a través de una llamada anónima a la línea confidencial del OIJ.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parcialmente la ruta de ingreso y huida. Aunque no captaron el momento exacto del ataque, sí documentaron desplazamientos en sectores de Tibás, Moravia y Coronado. El análisis de video fue clave para identificar patrones y posibles coincidencias entre los sospechosos.

El OIJ determinó que el crimen fue ejecutado por un grupo de al menos cuatro personas: Danilo José Chaves Medina, Bryan Steven Robles Salas, Luis Ricardo Orozco González y Luis Fernando Carvajal Fernández, este último señalado como el gatillero. Todos ellos fueron vinculados a actividades criminales previas, principalmente robos y asaltos por encargo.

Según el informe, estos individuos “participan continuamente en actividades criminales, formando parte de una agrupación dedicada al robo de establecimientos comerciales, vehículos, asalto a viviendas y hechos violentos… en la gran mayoría de los casos por encargo”.

El análisis de dispositivos incautados reveló contactos frecuentes entre los sospechosos y números asociados al centro penal La Reforma. Uno de los teléfonos registró al menos 102 comunicaciones con la cárcel entre abril y julio de 2025.

Roberto Samcam Ruiz fue mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y se exilió en Costa Rica en julio de 2018, tras la represión desatada en su país. Desde entonces, se convirtió en un analista activo, crítico del régimen y colaborador en investigaciones sobre violaciones a derechos humanos.

Su trabajo incluyó denuncias públicas, elaboración de informes y vínculos con organismos internacionales. Según el expediente judicial, participó en investigaciones que señalaban a estructuras militares y de inteligencia nicaragüenses, así como en propuestas relacionadas con un eventual gobierno transitorio en el exilio.

El documento también recoge que Samcam aportó información clave a un informe de expertos de Naciones Unidas, en el que se documentaron graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Testigos citados en el expediente afirman que ese trabajo decidió la suerte del opositor.

Uno de ellos declaró que la difusión de ese material fue “la gota que rebasó el vaso”, al sumarse a otros documentos críticos elaborados por el exmilitar. Otro testigo sostuvo que la información proporcionada por Samcam permitió identificar a personas vinculadas con cientos de asesinatos en el contexto de la represión iniciada en 2018.

El nombre de Keny Navarrete no apareció de forma casual. Fue el propio Samcam quien lo mencionó en conversaciones con un funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica, identificado como “Wilber”. En enero de 2024, el exmilitar escribió: “El muchacho amigo me dio el nombre del tipo que maneja los hilos desde la cárcel de Alajuela, es de Diriamba de nombre Keny Navarrete”.

El OIJ corroboró la existencia de esa comunicación tras analizar el celular y la computadora de la víctima. También confirmó que el número del agente estaba registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia.

Esta semana se conoció que la Fiscalía costarricense abrió una investigación por presunta omisión de información relevante por parte de DIS en el caso Roberto Samcam.

Según el expediente, Samcam describió un esquema operativo. Señaló que los objetivos eran definidos por estructuras locales en Nicaragua, luego autorizados por instancias de inteligencia y posteriormente ejecutados mediante redes de sicarios. En ese engranaje, Navarrete aparecía como un intermediario logístico.

El documento indica que desde prisión “controla una red de sicarios en diferentes provincias quienes se encargan de atentar contra opositores”.

Keny Hosman Navarrete Vallecillo tiene 38 años y es originario de Diriamba, Carazo, la misma región de donde procede Samcam. Está preso desde 2016 por robo agravado, privación de libertad y receptación. Cumple condena en el pabellón C-4 de La Reforma.

Durante un allanamiento en su celda, los investigadores encontraron un cuaderno con anotaciones de cuentas bancarias que incluían montos como “16 700 dólares y 4100 millones” en colones. Para el OIJ, ese hallazgo sugiere “distribución de dineros de algún hecho irregular”.

El perfil económico detectado en prisión no coincide con el que declaró. Según las autoridades, eso refuerza la hipótesis de que manejaba recursos provenientes de actividades ilícitas.

Además, el expediente señala que Navarrete coincidió en 2024 en el sistema penitenciario con uno de los sospechosos del crimen, lo que abre la posibilidad de que establecieran contacto directo.

Navarrete declaró residir en Guadalupe de Goicoechea, una zona cercana a Moravia, donde vivía Samcam, y también próxima a León XIII, de donde provienen varios de los ejecutores.

La investigación también documenta posibles vínculos con una estructura conocida como “Los Colochos”, un grupo originario de Diriamba, asociado en el expediente con acciones violentas durante 2018. Según fuentes citadas, esta agrupación formaría parte de una red paraestatal vinculada al Frente Sandinista.

El documento indica que integrantes de ese grupo aparecen en registros de visitas a Navarrete en prisión.

El expediente también incorpora líneas de investigación sobre posibles motivaciones políticas. Incluye testimonios de testigos protegidos que apuntan a una estructura más amplia, con conexiones fuera de Costa Rica.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que el OIJ investiga “múltiples pistas de orden político”, aunque el informe no es concluyente. La responsabilidad de establecer el alcance de esos móviles recaerá en la Fiscalía.

El caso también incluye la existencia de una lista de al menos diez personas que habrían sido seleccionadas como objetivos. Samcam figuraba entre ellas.

Las autoridades han detenido a cuatro sospechosos y mantienen la búsqueda de un quinto implicado. Todos permanecen en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El expediente califica el crimen como “profesional y por encargo”. Esa definición se sostiene en la planificación previa, la coordinación logística, el uso de recursos y la existencia de pagos a los ejecutores.