El presidente de Panamá José Raúl Mulino anunció este miércoles que no autorizará importaciones de arroz mientras exista inventario nacional disponible, según informaron medios locales. La decisión tiene como objetivo proteger a los productores locales y fue dirigida al Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA), encargado de la política agrícola.
El pronunciamiento se da en un contexto de presiones por el precio y la disponibilidad del arroz, alimento esencial en la dieta panameña. De acuerdo con el medio regional Centroamérica 360, la medida busca responder a la preocupación de los agricultores por mantener sus ingresos y garantizar la sostenibilidad del campo.
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La definición del mandatario se conoció tras la propuesta de la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo), que sugirió ante el Comité de Cadena Agroalimentaria la compra externa de 1.5 millones de quintales de arroz cáscara, cifra que equivale a dos meses de abastecimiento.
El argumento de Analmo se fundamenta en las posibles afectaciones a la próxima cosecha de fin de año debido a factores como la eliminación de la compensación estatal, el cambio climático, el fenómeno de El Niño y la falta de financiamiento. La organización pidió priorizar la seguridad alimentaria y la estabilidad del mercado ante ese escenario, según recoge el medio Panamá América.
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Reacciones por la decisión y el impacto en la canasta básica
Un segmento de la población ha manifestado que la restricción podría limitar la competencia e impedir la reducción de los precios para los consumidores, mientras que otra parte respalda la defensa del productor local. Al mismo tiempo, el Gobierno panameño enfrenta críticas sobre la calidad del producto nacional y el impacto de la política en el costo de vida. De acuerdo con Centroamérica 360, parte de los ciudadanos expresa inquietud por el efecto que la decisión pueda tener sobre la canasta básica.
El rechazo a la importación de 1.8 millones de quintales de arroz por parte de los productores panameños se fundamenta en la certeza de que el abastecimiento del grano está garantizado al menos hasta octubre de este año. La posición del sector agrícola, según las cifras oficiales de inventario, es que existe un margen de reserva suficiente para cubrir la demanda mientras se espera la nueva cosecha, que ingresará al mercado en julio. Este episodio pone de relieve la sensibilidad del mercado del arroz en Panamá, donde el cereal es pilar de la seguridad alimentaria y un elemento crucial de la economía agrícola.
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La Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap) agradeció la declaración de Mulino por considerar que la medida garantiza la estabilidad sectorial y la protección de miles de empleos rurales, además de sostener la autosuficiencia alimentaria panameña.
La Fapagrap resaltó que permitir importaciones mientras haya suficiente stock nacional “impactaría negativamente a los productores”, pues desincentivaría la siembra y pondría en riesgo la sostenibilidad agrícola. El gremio también valoró la disposición presidencial de “no desproteger al productor” y de cooperar con entidades sectoriales como el MIDA y su ministro, Roberto Linares, según la publicación de Panamá América.
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La polémica surgió cuando la industria molinera, agrupada en la Asociación Nacional de Molineros (ANALMO), inició gestiones para importar el citado volumen de arroz. Ante este intento, Omar Spiegel, dirigente del sector productor, explicó en declaraciones a Infobae que el consumo mensual promedio nacional es de 719,000 quintales y que el nivel actual de abastecimiento, medido al 7 de febrero, supera el promedio histórico. Este equilibrio, que permite mantener un “colchón” de reservas de tres meses, asegura —en palabras de Spiegel— que “el mercado puede atender la demanda interna sin requerir importaciones adicionales por desabastecimiento”.
El marco regulatorio solo permite la importación de arroz vía contingentes pactados en tratados comerciales o por desabastecimiento certificado, y, en ambos casos, las condiciones no se cumplen hoy. El Tratado de Promoción Comercial, sumado al marco de la Organización Mundial de Comercio, obliga a Panamá a importar unos 940,000 quintales anuales, cifra por debajo de la solicitada por la industria molinera y ya cubierta por las importaciones previstas, según explicó Spiegel.
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