Más de 120 mil niños y jóvenes están fuera del sistema educativo en Panamá, una nación con un alto nivel de ingresos

En el país del Canal 120,000 niños y jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo, y solo 16 de cada 100 estudiantes logran comprender conceptos matemáticos básicos.

Más que frías, preocupantes, las estadísticas muestran un “rezago incómodo” para una nación con un alto nivel de ingresos, por lo que se impone una transformación “sistémica, informada y valiente”.

Así lo afirma Javier González, director de SUMMA, el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, creado en 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar a los Ministerios de Educación de la región, citado por el informe “Lecciones internacionales para la reforma educativa de Panamá”, de enero 2026.

Se indica que el dato más alarmante es que el 84% de los jóvenes de 15 años en Panamá no alcanza el nivel base de competencia en matemáticas.

A pesar de que los estudiantes panameños son relativamente buenos reproduciendo conocimiento, se puntualiza que tienen “gran dificultad en extrapolar desde lo que saben y aplicar su conocimiento en situaciones novedosas”, una habilidad fundamental para el siglo XXI.

Panamá, siempre según el referido informe, se encuentra entre los países con las disparidades socioeconómicas más amplias en resultados educativos.

La brecha de escolaridad entre un niño de la ciudad y uno de una comarca indígena es, en promedio, de cuatro años, desigualdad que se vuelve aún más tangible.

Datos recopilados por el diputado independiente Jorge Bloise, de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, detallan que el 20% más pobre del país alcanza un promedio de 5 años de escolaridad, mientras que el 20% más rico alcanza 14 años.

Solo el 3% de los alumnos de colegios particulares panameños logra el nivel más alto de PISA, un examen internacional clave para medir el rendimiento educativo de los estudiantes a nivel global.

La cifra contrasta drásticamente con la de países como Costa Rica (más del 30%) o Brasil (más del 40%), lo que indica que ni siquiera los estudiantes con mayores recursos están alcanzando estándares internacionales de excelencia.

En 2024 la ministra de Educación, Lucy Molinar, decidió retirar al país de las pruebas PISA 2025, pese a las quejas de diferentes sectores, entre ellas los gremios magisteriales.

Ahora, en este nuevo año escolar que inició este 2 de marzo, Molinar indicó que espera que una reforma educativa que lleva adelante sea aprobada este 2026 por la Asamblea Nacional.

Parte de esta iniciativa es un nuevo diseño curricular, que de acuerdo con el Ministerio de Educación persigue fortalecer las capacidades de los estudiantes, con la promesa de construir nuevas escuelas y lograr una nueva ley de educación, pues la actual ley orgánica de educación data de unos 80 años.

Igualmente, se retomará el cuestionado programa de computadoras para docentes y alumnos, y aún se mantiene fresco el caso de al menos 200 docentes que fueron despedidos por participar de una huelga en rechazo a una ley de la Caja de Seguro Social.

En febrero de este año, un Resuelto del Ministerio de Educación aprobó la implementación experimental durante el año lectivo 2026 de los contenidos académicos actualizados, correspondientes a los programas de estudio de la educación básica general y educación media.

Culminada la fase de validación, continúa el Resuelto, se dará inicio a la etapa de diagnóstico de la implementación, ejecución y resultados de los referidos contenidos con el objeto de evaluar su calidad, pertinencia y eficacia.

A diferencia del 70% de los países de América Latina, el informe revela que el derecho a la educación en Panamá no puede ser exigido en tribunales, lo que en la práctica significa que si el Estado falla en proveer una educación de calidad, un ciudadano no tiene un recurso legal directo para exigirla ante un tribunal, limitando su garantía efectiva.