Consejo del Poder Judicial dominicano respalda medidas para modificar salarios y procesos de justicia para los próximos dos años

El Consejo del Poder Judicial anunció este martes la puesta en marcha de una serie de medidas orientadas a la mejora de los salarios y la infraestructura del sistema de justicia en República Dominicana, como respuesta a los planteamientos recientes de jueces y personal judicial sobre las condiciones laborales y de servicio.

La iniciativa, alineada con el Plan Justicia del Futuro 2034, contempla como finalidad fortalecer el acceso a la justicia y dotar de mayor agilidad y transparencia al sistema, según informó el portal institucional este martes.

En sesión ordinaria núm. 12-2026, el Consejo del Poder Judicial aprobó acciones inmediatas para promover la movilidad dentro de la carrera judicial e identificar recursos para el pago de suplencias, así como para agilizar la cobertura de vacantes en diversos tribunales del país.

En materia salarial, el respaldo se sustenta en la promesa del Ministerio de Hacienda y Economía, que manifestó su disposición de habilitar gradualmente los fondos necesarios en los presupuestos correspondientes a 2026 y 2027, con el objetivo de sostener, entre otros ejes, la indexación salarial del personal judicial.

El compromiso institucional se consolidó tras seis meses de reuniones entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, y el ministro de Hacienda y Economía, según precisó Acento.

Las conversaciones abordaron el desarrollo de estrategias que abarcan el fortalecimiento del talento humano, la optimización de procesos y la reducción de la mora judicial, componentes centrales del plan estratégico.

Un bloque autónomo de información precisa que, este martes, el Consejo del Poder Judicial dispuso la elaboración de una hoja de ruta para la movilidad dentro de la carrera judicial y la identificación de recursos para el pago de suplencias, junto con la agilización de los procesos de cobertura de vacantes.

Estas medidas cuentan con el respaldo presupuestario del Ministerio de Hacienda y Economía, que aseguró la habilitación progresiva de fondos en los ejercicios fiscales 2026 y 2027 para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, citaron Acento y Diario Libre.

El órgano judicial subrayó que las inquietudes planteadas tanto por jueces como por demás servidores judiciales, quienes sostuvieron un llamado a paro programado para el 21 de mayo, fueron incorporadas previamente en los encuentros regionales realizados en el primer trimestre de 2026, en el marco de la implementación del plan estratégico institucional.

El Consejo también ordenó a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial comunicar formalmente estas decisiones a todos los integrantes del Poder Judicial, haciendo especial énfasis en los firmantes de la comunicación remitida el 8 de mayo de 2026.

Según las fuentes citadas, uno de los focos de las iniciativas radica en el fortalecimiento del acceso a la justicia y la mejora de la infraestructura de los tribunales, junto con la optimización de los procesos internos y la lucha contra la mora judicial.

Un componente específico de las medidas aprobadas es el desarrollo de un plan de movilidad para los cargos judiciales y la pronta cobertura de las suplencias y vacantes pendientes, acciones clave para garantizar el funcionamiento adecuado de los tribunales.

Por último, el Consejo del Poder Judicial enfatizó que la transformación del sistema de justicia exige espacios regulares de diálogo y mecanismos de construcción conjunta que permitan responder de manera sostenible a las necesidades ciudadanas.

El respaldo del Ministerio de Hacienda y Economía para la habilitación de los recursos necesarios en los próximos dos ejercicios fiscales constituye uno de los pilares para la ejecución efectiva del Plan Justicia del Futuro 2034, concluyeron Acento y Diario Libre.

El respaldo presupuestario para la justicia dominicana se garantizará en los presupuestos de 2026 y 2027

Los nuevos fondos aprobados permitirán sostener objetivos clave como la indexación salarial del personal judicial, el fortalecimiento tanto del talento humano como de las infraestructuras del sistema, la optimización de los procedimientos administrativos y la reducción de la mora judicial.

El Ministerio de Hacienda y Economía comprometió su respaldo para que dichos recursos se asignen de forma gradual y específica en los ejercicios fiscales de 2026 y 2027, según afirmaron los voceros oficiales a Acento y Diario Libre.

Este acuerdo es resultado directo de seis meses de negociaciones entre Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, y el titular del Ministerio de Hacienda y Economía.

La estrategia contempla incluir de manera progresiva a todos los actores del sistema judicial en la implementación de las reformas, promoviendo la movilidad interna y la cobertura eficiente de suplencias como ejes para asegurar la operatividad y transparencia en el servicio a la ciudadanía.

Durante el primer trimestre de 2026, jueces, juezas y servidores judiciales expresaron su preocupación por las condiciones laborales, lo que llevó a la convocatoria de un paro para el 21 de mayo.

Estas inquietudes ya habían sido recogidas en los encuentros regionales previos organizados como parte del despliegue del plan estratégico.