La propuesta que intenta sancionar con prisión de 2 a 4 años de prisión a quienes porten máscaras con el propósito de provocar actos de violencia, llevarlos a cabo e incitarlos, finalmente llegó al Legislativo de manos de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.
La medida se extiende a quienes utilicen capuchas, pasamontañas, u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente sus rostros durante las protestas.
Además, establece que la pena será de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de la sanción adicional que corresponda por el delito cometido.
Pese a los llamados de diversos sectores de la sociedad, que argumentan que la medida lo que busca es coartar la libertad de expresión “criminalizando” las protestas, toda vez que algunos manifestantes se tapan sus rostros por temor a recibir represalias, la funcionaria aseguró que lo que se pretende es evitar que personas ajenas se infiltren en las protestas.
El Código Penal en su artículo No.169 ya establece que quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si la conducta es cometida por un funcionario la pena aumenta de dos a cuatro años de prisión.
La medida, que surge de la administración de José Raúl Mulino es una adición a la norma existente, y la misma fue aprobada el pasado 24 de febrero mediante resolución aprobada por el Consejo de Gabinete.
Los encapuchados, según Montalvo, se infiltran en las manifestaciones para hacer daño y perjudicar a los ciudadanos que de manera pacífica hacen valer sus derechos, por lo que pidió que se valore el proyecto de ley para que se trámite en un primer, segundo y tercer debate.
El proyecto será enviado a la Comisión de Gobierno para ser agendado y posteriormente analizado en primer debate.
Montalvo aseguró que esta ley protege y defiende al que está participando de una manifestación.
En un comunicado, la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, provincia fronteriza con Costa Rica, manifiesta su respaldo a la propuesta de la ministra de Gobierno de penalizar el uso de capuchas en protestas, como medida necesaria para preservar la seguridad ciudadana, el orden público y la estabilidad económica de nuestra región y del país.
Alegan que este planteamiento coincide con el anteproyecto de ley presentado por un ciudadano chiricano y avalado por la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, aunque pese a su viabilidad inicial la iniciativa fue archivada por la Comisión de Gobierno sin llegar a debate.
El documento, señala el comunicado que lleva la firma del presidente de dicho gremio, Jorge Tovar, advertía sobre las críticas consecuencias de los cierres prolongados en la vía Panamericana, señalando no solo pérdidas millonarias y desabastecimiento, sino también graves afectaciones al transporte y la lamentable pérdida de vidas humanas.
La experiencia demuestra que el uso de capuchas en protestas no solo encubre la identidad de quienes bloquean carreteras, sino también de quienes cometen actos violentos, daños a bienes públicos y privados, decomisos ilegales de mercancías y agresiones personales.
Aducen que esta práctica fomenta la impunidad y debilita la confianza en el Estado de derecho, afectando directamente la actividad comercial, agrícola, turística e industrial de dicha provincia.
La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí subraya que la protesta pacífica es un derecho legítimo y protegido por la Constitución.
Sin embargo, puntualizan que cuando se utiliza el anonimato para delinquir y afectar derechos de terceros el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza.
Penalizar el uso de capuchas en actos violentos es una medida disuasiva que contribuirá a preservar la convivencia pacífica, la seguridad jurídica y el clima de inversión que tanto necesita Panamá, asegura.
“Reiteramos nuestro llamado a la Asamblea Nacional para que retome este debate con responsabilidad y visión de país, considerando tanto la propuesta de la ministra de Gobierno como los antecedentes ciudadanos que ya han señalado la urgencia de legislar en esta materia. Por el desarrollo, la seguridad y la paz social de nuestra provincia y de Panamá”, termina señalando el gremio empresarial.
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