En medio del proceso de reestructuración que se realiza en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el nuevo presidente interino de la compañía, Sebastián Daroca, pidió a los cargos ejecutivos —entre ellos gerentes y directores regionales— que pongan sus cargos a disposición y anunció una evaluación técnica a todos los empleados.
“Sabemos que hay gente valiosa que tiene una carrera hecha en YPFB, pero también sabemos que hay gente que ha estado incrustada en esta empresa haciendo daño. Por ello, es importante que empecemos esta nueva gestión con una evaluación integral de todos los profesionales”, afirmó Daroca en una conferencia de prensa.
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La evaluación tomará entre 15 y 20 días y estará a cargo de un equipo especializado. Según indicó Daroca, la medida busca optimizar el funcionamiento de la empresa y garantizar que esté integrada por profesionales adecuados para enfrentar los desafíos del sector en medio de la crisis de combustible que enfrenta el país.
“Es una primera medida concreta, necesaria para poder optimizar y darle la certeza a la población de que vamos a trabajar con las personas más idóneas”, afirmó junto al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y el de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
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En paralelo, Daroca informó que se tomó contacto con instituciones internacionales para recibir apoyo técnico en el proceso de “reestructuración, modernización y reforma integral” de la empresa. “Es un trabajo necesario porque se viene una nueva era en Bolivia, marcada por la nueva Ley de Hidrocarburos que lanzará el ministerio en los próximos días”, adelantó.
Daroca asumió el mando interino de la principal empresa pública el 23 de abril, tras la renuncia de Claudia Cronenbold, que en su carta de dimisión calificó el estado de YPFB como “significativamente más deteriorado de lo previsto” debido a malas prácticas administrativas de más de 20 años y afirmó que los tiempos técnicos para su recomposición son más largos que los que ofrece la política.
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El cambio en YPFB, que fue seguido del relevo del ministro de Hidrocarburos, se da en medio de una crisis por la falta de certezas sobre la calidad del combustible.
Luego de que el presidente Rodrigo Paz levantara el subsidio a los hidrocarburos a mediados de diciembre, surgieron denuncias de daños vehiculares por la mala calidad de la gasolina. El Gobierno no tardó en admitir que se había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero no se responsabilizó por su origen: lo atribuyó inicialmente a residuos en los tanques de almacenaje “heredados” de la anterior gestión y luego a supuestas redes delictivas que sustituían parte del combustible por agua y aceite antes de su ingreso al país.
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Este conflicto, que hace más de tres meses no se resuelve, ha provocado una serie de manifestaciones de sindicatos de transportistas y ha obligado a la empresa petrolera a acelerar el pago de un seguro de resarcimiento de daños mecánicos.
A la incertidumbre sobre la calidad de la gasolina se sumaron en las últimas semanas denuncias de escasez de diésel. YPFB afirmó que hay una mayor demanda de combustible por la temporada agrícola y que se incrementarán los despachos en los siguientes días.
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Estos problemas de calidad y abastecimiento estuvieron acompañados de inestabilidad institucional: en cinco meses se cambió tres veces al presidente de YPFB y dos veces al ministro de Hidrocarburos y al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El presidente Paz y sus ministros han anunciado que trabajan en una nueva Ley de Hidrocarburos y han descartado la privatización de la empresa petrolera. “Lo que se quiere más bien es salvar esta empresa de las ruinas en las que la dejaron. Una empresa con más de 8.500 empleados, mafias enquistadas, burocracia ineficiente e improductiva”, escribió el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en su cuenta de X.
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