La Cancillería de Bolivia le respondió a Evo Morales sobre el pedido de un pasaporte diplomático

El canciller Fernando Aramayo reaccionó al pedido que hizo el expresidente de entrega de un pasaporte diplomático. Descartando privilegios, el ministro afirmó que debe hacer la solicitud como “todos”

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AME882. VILLA TUNARI (BOLIVIA), 17/08/2025.- El expresidente de Bolivia Evo Morales habla con simpatizantes e en una sede sindical en Villa 14, municipio de Villa Tunari (Bolivia). EFE/Rodrigo Sura

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, se refirió este miércoles al reclamo que hizo el expresidente Evo Morales (2006-2019) de recibir un pasaporte diplomático.

Aramayo manifestó que el Gobierno no le ha negado la emisión del documento y descartó privilegios en su otorgación. “Nadie tiene que solicitar de forma excepcional que se le envíe un pasaporte, eso tal sucedía en su gestión, ahora no, ahora se cumplen normas, no vamos a agarrar un servicio de courrier y mandarle un pasaporte”, expresó en una conferencia de prensa.

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El canciller señaló que Morales debe acudir, “como cualquier ciudadano”, a la Cancillería para hacer el trámite y firmar la solicitud. “Obviamente se le va a entregar lo que en derecho le corresponde”, agregó.

Según la denuncia que hizo públicamente el exmandatario en un programa de radio de la emisora Kawsachun Coca el 8 de abril, el Gobierno “no quiere darle” el documento. “Le pido al canciller que me mande mi pasaporte diplomático, no quieren darme, qué egoísmo”, dijo el mandatario y afirmó que le corresponde “por derecho” al tratarse de un exmandatario.

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El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo. REUTERS/Claudia Morales
El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo. REUTERS/Claudia Morales

Morales afirmó que recibía invitaciones para asistir a eventos internacionales y que la falta del documento le impedía salir del país.

“Nadie le está negando el derecho, esto me extraña, no entiendo de dónde viene este reclamo y no corresponde”, finalizó Aramayo frente a los medios locales.

El expresidente y líder cocalero se encuentra atrincherado desde octubre de 2024 en su bastión político del Trópico de Cochabamba, al centro del país, bajo el resguardo de sus seguidores para evitar su aprehensión en el marco de una investigación por abuso de menores.

Morales está imputado por el delito de trata de menores por haber presuntamente embarazado a una menor de edad en 2016, cuando era presidente. Según la investigación de la Fiscalía, Morales y una joven que entonces tenía 16 años tuvieron una hija a la que inscribieron en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina.

Según informó el fiscal José Mogro, los investigadores han recolectado 170 pruebas contra el exmandatario, entre las cuales se encontraría la partida de nacimiento de la menor.

Morales llega a un evento con sus seguidores en la localidad de Villa Tunari, Bolivia, el 29 de marzo de 2025. REUTERS/Patricia Pinto
Morales llega a un evento con sus seguidores en la localidad de Villa Tunari, Bolivia, el 29 de marzo de 2025. REUTERS/Patricia Pinto

El exmandatario fue convocado dos veces por la Justicia —en octubre de 2024 y enero de 2025— a prestar su declaración en la ciudad sureña de Tarija, donde se desarrolla el caso, pero no se presentó alegando la ausencia de garantías.

Tras su segunda inasistencia, el juez Nelson Rocabado lo declaró en rebeldía, dispuso su arraigo y la anotación de sus bienes, y emitió una segunda orden de arresto que hasta la fecha no se ejecuta.

En ese contexto, Morales permanece en una suerte de detención domiciliaria en Cochabamba, donde sus seguidores han montado una guardia de seguidores que lo vigila de manera permanente para evitar su captura.

Aunque me maten, me voy a quedar aquí, no tengo por qué escaparme”, manifestó Morales y dijo que su solicitud responde a la intención de viajar porque le “llueven invitaciones” fuera del país. “Por derecho, por norma, me corresponde un pasaporte diplomático”, aseveró.

En los últimos meses, estuvo en debate la otorgación, controles y fiscalización de los pasaportes oficiales y diplomáticos, luego de que se detectaran irregularidades en su uso por parte de exfuncionarios públicos.

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