El suministro de agua vuelve al centro del debate político en Panamá

Las fallas en el suministro de agua potable continúan siendo una de las principales quejas de la población panameña, incluso en sectores ubicados en las inmediaciones de la principal planta potabilizadora del país, la de Chilibre.

A esto se suman episodios de contaminación de ríos que han afectado el abastecimiento en regiones productivas como Azuero, donde se concentran las provincias de Herrera y Los Santos.

La inconformidad persiste pese a que el presupuesto recomendado para el IDAAN en 2026 asciende a $358.85 millones —$202.99 millones para inversión en proyectos de agua y saneamiento y $155.86 millones para funcionamiento—, un volumen de recursos que no se refleja, según la percepción ciudadana, en un servicio estable.

Ante este escenario, la Asamblea Nacional, el órgano legislativo del país encargado de fiscalizar al Ejecutivo, decidió citar al director de la entidad, Rutilio Villareal, para que rinda cuentas públicamente.

El cuestionario aprobado por los diputados abarca desde la planificación institucional hasta la atención al usuario.

En materia de gestión y visión estratégica, se solicita al director detallar las metas medibles del IDAAN para los años 2024 y 2025, compararlas con lo realmente ejecutado y explicar qué compromisos quedaron pendientes.

También se pide información sobre cuántos sistemas de acueductos operan en condiciones óptimas y si existe un mapa nacional de riesgo hídrico actualizado que permita anticipar crisis de abastecimiento.

Otro bloque clave se enfoca en la continuidad del servicio. Los diputados quieren saber qué porcentaje de la población recibe agua potable de manera continua las 24 horas, cuáles son las diez áreas con mayor frecuencia de interrupciones y cuántos sistemas presentan problemas recurrentes de turbiedad, presión o potabilidad.

También se cuestiona la frecuencia de los controles de calidad del agua y si los resultados son públicos, en medio de denuncias ciudadanas sobre consumo de agua presuntamente contaminada.

La eficiencia operativa ocupa un lugar central en la citación. El pleno legislativo exige datos precisos sobre el nivel de agua no contabilizada —pérdidas técnicas y comerciales—, cuánto le cuesta esto al Estado cada año y qué proyectos concretos existen para reducir estas pérdidas.

Asimismo, se pregunta cuántos medidores están inoperantes o aún no han sido instalados, un tema recurrente en auditorías y diagnósticos del sector.

En el apartado de infraestructura, los diputados solicitan información sobre cuántas plantas potabilizadoras operan por encima de su vida útil, el presupuesto destinado a mantenimiento preventivo frente al correctivo y el número de averías mayores registradas en los últimos dos años.

También se pide explicar qué proyectos han sufrido retrasos y, de manera directa, si el IDAAN está en capacidad real de abastecer de agua potable a la población y, de no ser así, qué hace falta para lograrlo.

La citación también pone la lupa sobre contrataciones y transparencia. El director deberá detallar los contratos vigentes, montos, modalidades de adjudicación y proveedores, incluyendo qué porcentaje se ha otorgado mediante procedimientos excepcionales.

Además, se cuestiona cuántos contratos han requerido adendas y si esta información se publica de manera proactiva para conocimiento ciudadano.

El componente humano y de gobernanza no queda fuera. El cuestionario pide cifras actualizadas de la planilla, la proporción entre personal técnico y administrativo, auditorías internas o externas recientes y sanciones aplicadas por negligencia o mala gestión.

A esto se suman reclamos internos por el incumplimiento de aumentos salariales establecidos en resoluciones vigentes, la falta de un plan de retiro de relevo generacional y condiciones laborales como uniformes y equipos en laboratorios.

Finalmente, los diputados exigen respuestas sobre la atención al usuario, el número de quejas formales recibidas en 2024 y 2025, los tiempos de respuesta y los mecanismos para dar seguimiento efectivo a las denuncias.

También se indaga sobre el pago a camiones cisterna, los planes de contingencia ante sequías e inundaciones y los compromisos concretos que asumirá el director del IDAAN ante el país en los próximos 12 meses.

La comparecencia busca marcar un punto de inflexión en la relación entre el IDAAN y los usuarios, en un país donde el acceso al agua potable sigue siendo un problema estructural.

Para la Asamblea Nacional, más allá de explicaciones generales, la expectativa es obtener plazos, cifras y responsabilidades claras en un tema que afecta directamente la calidad de vida y la actividad económica de Panamá.