“Aquí quien mata son los mismos funcionarios”: denuncia director de la Lucha contra el Narcotráfico en Honduras

El nuevo titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Muñoz, advirtió que la infiltración del crimen organizado dentro de las instituciones estatales hondureñas constituye el mayor desafío para la seguridad nacional y anunció que priorizará el desmantelamiento de estas redes internas durante su gestión,

En declaraciones televisivas, el general en retiro remarcó que el respaldo político y funcional que el narcotráfico recibe desde el propio aparato estatal profundiza la crisis, al punto de que algunos funcionarios, a los que identificó como operadores de justicia y altos cargos, no solo han protegido a delincuentes, sino que, según sus afirmaciones, han ordenado asesinatos para silenciar investigaciones y proteger sus intereses.

“La lucha contra el narcotráfico en Honduras no logrará avances si no se enfrenta directamente la corrupción que permite que organizaciones criminales se consoliden con apoyo interno”, sostuvo Muñoz en el programa conducido por el periodista Renato Álvarez. Entre sus declaraciones, el nuevo jefe antidrogas afirmó que “hay una confirmación del 100% de que el narcotráfico tiene infiltradas las instituciones públicas”, lo que, a su juicio, convierte a ciertos funcionarios en un “mayor peligro” que los propios traficantes de droga.

La gravedad de la acusación incluyó su comentario: “Aquí quien mata a la gente son los mismos funcionarios”, aludiendo a una estructura de protección y violencia orquestada desde dentro del propio Estado.

El titular de la DLCN afirmó que aquellos fiscales, jueces, militares, policías y políticos que colaboren con el crimen organizado deberían retirarse de sus cargos si no pueden romper con esas redes ilícitas. “Fiscales, jueces, militares, policías y políticos que trabajan con el crimen organizado deberían retirarse si no pueden dejar de hacerlo”, manifestó. Señaló además que su administración actuará contra cualquier funcionario involucrado: “Si encuentro un operador de justicia metido en el narcotráfico, con todo gusto iré a su oficina a detenerlo”.

Según Muñoz, el verdadero obstáculo radica en la complicidad estatal: “Si se le quita al narcotráfico el apoyo que tiene dentro de las instituciones, muchas de estas estructuras se caen por sí solas”, aseguró.

El asesinato del Zar Antidrogas

En su participación sobre la profundidad de la infiltración criminal, Muñoz hizo referencia al caso del general Julián González, quien fuera director de la propia DLCN y murió en diciembre de 2009 en circunstancias aún polémicas. “Todo el mundo sabe quién lo mató, quién lo detuvo y quién lo siguió”, afirmó Muñoz, señalando que el crimen tuvo su origen en la institucionalidad hondureña y representa uno de los golpes más graves sufridos por los esfuerzos contra el narcotráfico.

La muerte de González impactó en la coordinación de operaciones antidrogas y se interpreta como un ejemplo cabal del riesgo al que se enfrentan quienes desafían las redes protegidas desde el aparato estatal.

Muñoz advirtió sobre la persistente presencia de dinero proveniente del narcotráfico en campañas políticas hondureñas, hecho que, según sus palabras, pone en riesgo la democracia y debilita la efectividad institucional en el combate al crimen. Explicó que el financiamiento ilícito permite a las organizaciones criminales garantizar impunidad mediante la protección de funcionarios cómplices, consolidando así la estructura delictiva en el Estado.

“El verdadero desafío nacional no es solo combatir a las organizaciones criminales externas, sino eliminar las redes de protección que estas han logrado establecer dentro de las instituciones públicas”, ratificó.

La designación de Ramiro Muñoz al frente de la DLCN se produce en un momento en el que Honduras se mantiene como una de las principales rutas para el tráfico de drogas hacia Norteamérica. El avance del crimen organizado, sostuvo el general retirado, se ha visto favorecido por la existencia de alianzas y complicidades en altos niveles del Estado, lo que exige una estrategia de intervención no solo contra los grupos criminales, sino también contra quienes los defienden desde el interior.