Nuevos hospitales no estarán listos en 2026 por falta de planificación y presupuesto, admite viceministro de Salud en Honduras

La demora no solo incumple la meta original de ampliación de cobertura médica, sino que exige ajustes urgentes en el presupuesto y planificación de recursos humanos, según lo expresado por José Miguel Castillo, viceministro de Proyectos de la Secretaría de Salud (Sesal)

El funcionario detalló que, a pesar de los avances en la parte constructiva bajo la modalidad “llave en mano”, la reprogramación de los plazos de ejecución y las ampliaciones en los cronogramas han vuelto inviable la entrega de los hospitales en el plazo inicialmente previsto. Si bien no descartó que alguna de las instalaciones podría ser recibida por el Estado durante 2025, enfatizó que el grueso de los centros no estará listo antes del cierre del próximo año fiscal.

Según indicó Castillo, el principal reto no está únicamente en finalizar la infraestructura. Un aspecto clave es que la contratación del personal médico, administrativo y técnico necesario para operar las nuevas instalaciones no fue incluida ni en el Presupuesto General de la República de Honduras ni en la organización financiera sectorial original. La Secretaría de Salud estima que cada hospital requerirá entre 1,200 y 1,500 trabajadores, cifra que abarca médicos, personal de enfermería, técnicos, especialistas, personal administrativo, limpieza y seguridad.

El modelo “llave en mano” establece que las empresas a cargo entregan los hospitales completamente terminados y equipados, pero deja en manos del Estado la incorporación de los equipos humanos. De acuerdo con Castillo: “vamos a recibir hospitales llave en mano, con equipamiento y construcción, pero no vamos a tener el presupuesto necesario para el personal”.

Esta omisión en la planificación crea un escenario donde, aunque los hospitales estén edificados y cuenten con insumos, podrían permanecer inactivos por falta de personal. Castillo subrayó: “El problema no es solo la infraestructura; también debemos garantizar el recurso humano que permita ponerlos en funcionamiento”.

De los ocho hospitales cuya construcción sufre retrasos, cinco se financian mediante endeudamiento externo, mientras que tres emplean fondos nacionales. Esta combinación de recursos implica compromisos financieros a largo plazo y hace más urgente la planificación de su sostenibilidad operativa.

Las autoridades sanitarias consideran que estos hospitales serán esenciales para ampliar la cobertura y atender la creciente demanda en zonas donde el acceso a servicios médicos es limitado. Sin embargo, la falta de previsión en áreas críticas como el presupuesto para salarios y funcionamiento ha generado incertidumbre sobre la viabilidad de la inversión.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud, bajo la gestión del Presidente Nasry Asfura, ha establecido como prioridad la creación y aprobación de un presupuesto reformulado que reorganice las partidas del sistema sanitario. Castillo señaló que esta reforma tiene como objetivo redirigir recursos hacia rubros esenciales como el pago de salarios, la compra de medicamentos y la adquisición de insumos médicos.

Entre las medidas planteadas destaca la eliminación de gastos considerados no esenciales, con el fin de reforzar el funcionamiento tanto de los hospitales en construcción como de los ya existentes. Se prevén inversiones adicionales para fortalecer los bloques quirúrgicos de centros en funcionamiento, con el objetivo de reducir los tiempos de espera para cirugías y optimizar la atención a los pacientes.

La estrategia incorpora no solo la finalización de nuevas obras, sino la optimización de los recursos disponibles para garantizar atención médica mientras se resuelven las demoras en la entrega de los nuevos hospitales.

Desde la perspectiva de las autoridades, “conforme los proyectos avancen, tendremos que hacer ajustes en el presupuesto para poder asumir el funcionamiento de estos hospitales”. Este proceso requiere no solo un enfoque en las obras físicas, sino también en la creación de condiciones que permitan a los centros prestar servicios de calidad a la población.