El dilema de los trabajadores de las apps

La aprobación del Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a millones de trabajadores en todo el mundo. Mientras la economía de plataformas sigue creciendo a un ritmo acelerado, la Argentina enfrenta el desafío de encontrar un marco regulatorio que preserve la flexibilidad de estas actividades sin resignar derechos básicos, protección social y condiciones de trabajo dignas.

El pasado 12 de junio, la Conferencia General de la OIT adoptó el Convenio 193 sobre trabajo decente en la economía de plataformas, una decisión que refleja una transformación profunda del mundo laboral. Las aplicaciones de transporte, reparto y servicios digitales ya forman parte de la vida cotidiana de millones de personas y generan oportunidades de trabajo e ingresos para una cantidad creciente de trabajadores.

La propia OIT reconoce el potencial de estas nuevas modalidades para impulsar la actividad económica, favorecer la formalización y ampliar las oportunidades de empleo. Sin embargo, también advierte sobre la necesidad de garantizar que ese crecimiento vaya acompañado de condiciones laborales compatibles con el concepto de trabajo decente.

En Argentina, la reciente Ley 27802 de Modernización Laboral incorporó por primera vez un régimen específico para los servicios de movilidad y reparto prestados a través de plataformas tecnológicas. La norma optó por considerar a quienes desarrollan estas actividades como trabajadores independientes, una definición que busca preservar la flexibilidad que caracteriza a este sector.

Sin embargo, la discusión difícilmente pueda darse por cerrada.

Si bien el Convenio 193 deja en manos de cada país la facultad de definir el encuadre jurídico de estos trabajadores, también obliga a plantear preguntas que siguen abiertas. ¿Quién controla las condiciones en las que se desarrolla esta actividad? ¿Cómo se garantiza el acceso a la protección social, la cobertura médica o los aportes previsionales? ¿Existe un equilibrio real entre el poder de negociación de una plataforma tecnológica y el de quienes dependen de ella para generar ingresos?

Estas preguntas adquieren especial relevancia cuando se observa el crecimiento sostenido del sector y la cantidad de trabajadores que encuentran en estas aplicaciones una fuente principal o complementaria de ingresos.

La OIT define al trabajo decente como aquel que proporciona ingresos justos, derechos y protección social. El desafío consiste precisamente en determinar cómo trasladar esos principios a una actividad que posee características distintas a las del empleo tradicional y que, al mismo tiempo, tampoco encaja plenamente dentro de las categorías clásicas del trabajo autónomo.

Tal vez el error sea intentar resolver un fenómeno nuevo utilizando únicamente herramientas pensadas para una realidad diferente.

Por eso resulta necesario avanzar hacia esquemas regulatorios que reconozcan las particularidades del trabajo en plataformas. Un estatuto específico podría permitir compatibilizar la flexibilidad que muchos trabajadores valoran con mecanismos mínimos de protección social. Un sistema de aportes y contribuciones vinculado a las horas efectivamente trabajadas, similar al que rige para el personal de casas particulares, podría constituir una alternativa razonable para garantizar cobertura previsional, acceso a servicios médicos y protección frente a accidentes laborales.

Al mismo tiempo, sería deseable promover ámbitos de diálogo entre el Estado, las empresas y los representantes de los trabajadores para establecer reglas claras y condiciones mínimas que acompañen la evolución de una actividad que seguirá creciendo durante los próximos años.

La discusión no debería plantearse como una elección entre flexibilidad o derechos. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio que permita aprovechar las oportunidades que ofrece la economía de plataformas sin dejar desprotegidos a quienes la hacen posible.

Porque detrás de cada aplicación hay personas que trabajan, generan ingresos, sostienen familias y buscan construir un proyecto de vida. Garantizar que ese trabajo se desarrolle en condiciones dignas no es solamente una cuestión laboral. Es, también, una condición necesaria para una sociedad más integrada y más justa.