
Una Ciudad es mucho más que edificios, calles, culturas e historias. Es un acuerdo compartido sobre cómo convivimos. En Buenos Aires, esto se vio afectado durante años por la constante presencia de actividades ilegales en el espacio público: manteros, puestos de comida no autorizados, veredas obstruidas con mercadería instalada sin permiso por los mismos vendedores, centros de trasbordo y avenidas enteras convertidos en auténticos mercados informales controlados por mafiosos. Todo esto creó un escenario de desorden, suciedad, intimidación y extorsión con la que los vecinos y peatones debían convivir a diario.
El espacio público en la Ciudad le pertenece a todos los porteños, pero cuando alguien decide adueñárselo con el objetivo de sacar una ventaja personal, los perjudicados somos todos. Lo que algunos podrían interpretar como una informalidad mansamente aceptada, se traduce en obstáculos cotidianos para los ciudadanos, especialmente para los más vulnerables: gente mayor o con discapacidades que no puede caminar de forma segura, familias con chicos que no pueden disfrutar de un parque porque se sienten amenazados y sin derechos, y pequeños comerciantes que la pelean diariamente contra una competencia desleal. La decisión, al comienzo de esta gestión, de recuperar el espacio público para la gente, fue un paso necesario hacia la igualdad, la seguridad y la convivencia.
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A punto de cumplirse dos años del primer operativo de ordenamiento del espacio público -en la calle Perette del barrio de Retiro-, llevamos 13 áreas de conflicto transformadas por completo, más de 19.000 manteros levantados y toneladas de productos falsificados o robados decomisadas de los depósitos clandestinos de almacenamiento de mercadería. Los datos son concluyentes: 63.700 metros lineales de calles y veredas -el equivalente a 637 manzanas- volvieron a ser de uso público; en cada una de esas zonas la ilegalidad no regresó, y la venta ilegal se derrumbó un 85,7% con respecto a 2024 -dato confirmado también por el sector privado a través de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios-.
El desmantelamiento de un mercado ilícito estimado en casi 2.000 millones de pesos tiene un impacto directo, medible y tangible en el clima social, la higiene de las calles, la seguridad y la actividad de más de 1,6 millones de vecinos y comerciantes de las zonas recuperadas. Grandes focos de ocupaciones masivas como Once, Flores, Liniers y Constitución, y espacios verdes emblemáticos como el Parque Centenario, el Parque Patricios, el Parque Los Andes y el Parque Saavedra, ahora son accesibles, están mejor vigilados e iluminados, ganaron flujo peatonal y redujeron las ocasiones para el delito.
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Estos operativos sin precedentes se refuerzan con un plan de monitoreo permanente: 230 inspectores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana trabajan junto a la Policía de la Ciudad para garantizar que cada área permanezca libre. El servicio de vigilancia fija y patrullaje se intensifica durante los períodos de mayor movimiento comercial, como Navidad y comienzo de clases, garantizando que el orden no sea estacional, sino estructural. Y todo esto se consiguió a pesar de los sombríos -¿y tal vez interesados?- pronósticos de quienes afirmaban que sacar a los manteros era imposible o que no había voluntad para hacerlo.
Devolverle a los porteños superficies de uso, disfrute y circulación restablece un principio básico: el del Estado de derecho aplicado a todos por igual. No ignoramos la realidad social. Al contrario, asumimos la necesidad de políticas inclusivas y de programas de formalización y capacitación laboral para quienes quieran trabajar legítima y dignamente. Acabar con las actividades ilegales no se trata de hacer que Buenos Aires sea más hostil; se trata de hacerla más segura, más habitable y más justa.
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Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Tiene una larga tradición de vida pública, con cafés que se expanden a las veredas, plazas llenas de encuentro y conversación y calles pintorescas que piden ser caminadas. Si su espacio público se deteriora, se pierde el sentido de pertenencia. Haberlo recuperado transmite el mensaje contundente de que la realidad del vecino nos ocupa, las normas importan y la convivencia aún es posible.
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