La reciente caída del Capítulo XI del proyecto de Ley de Presupuesto durante su tratamiento en la Cámara de Diputados encendió una seria señal de alarma en todo el sector salud a nivel nacional. Ese capítulo incluía disposiciones de alto impacto institucional y operativo, entre ellas el artículo 78, que proponía la prórroga de la Ley de Emergencia Sanitaria.
Lejos de aportar certidumbre, la no aprobación de dicho capítulo deja en una situación de extrema vulnerabilidad a miles de prestadores de servicios de salud en todo el país. Actualmente, más de 5.000 instituciones —entre clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales— mantienen deudas fiscales vinculadas a aportes y contribuciones, acumuladas en un contexto de prolongada crisis económica, atraso arancelario y aumento sostenido de los costos operativos. Esta situación no solo compromete la continuidad de estas entidades, sino también la estabilidad laboral de más de un millón de empleados que dependen directamente de ellas, así como de todo el ecosistema laboral que se ve afectado de manera indirecta.
La eventual derogación de la Ley de Emergencia Sanitaria pondría en riesgo directo la continuidad operativa de estas instituciones, afectando no solo la capacidad de atención del sistema, sino también la estabilidad de uno de los sectores con mayor empleo formal del país.
En este escenario, resulta imprescindible preservar los mecanismos de protección vigentes, en particular aquellos que garantizan la inembargabilidad de las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. La posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema.
Por ello, el sector considera urgente el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, asegurando que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales. Esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público.
Esta medida urgente debe ir acompañada de un análisis profundo y responsable del modelo tributario vigente. En las circunstancias actuales —marcadas por aranceles postergados, costos estructuralmente crecientes y una elevada carga laboral inherente a los servicios de salud—, el sistema se vuelve crecientemente inviable.
A ello se suma la expansión de una litigiosidad laboral de magnitud, que incrementa la incertidumbre, distorsiona los incentivos y agrava el deterioro económico del sector. Este conjunto de factores hace imperioso avanzar hacia un cambio normativo integral que reconozca las particularidades del sistema de salud y garantice su sostenibilidad en el tiempo.
La salud no puede ser tratada como una actividad económica más. La continuidad del sistema sanitario requiere previsibilidad, protección normativa y decisiones urgentes que contemplen la realidad financiera de los prestadores y garanticen el derecho a la salud de toda la población.
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