La regulación de las criptomonedas en EE.UU. y el impacto en Argentina

En junio de 2025, el Senado de Estados Unidos aprobó el GENIUS Act (S.1582), una ley que marca un antes y un después en la integración entre finanzas tradicionales y criptoactivos. La norma permite a bancos asegurados por el FDIC, emisores con licencia federal o estatal, y otras entidades calificadas, emitir stablecoins respaldadas 1:1 con efectivo, reservas en la Reserva Federal o bonos del Tesoro.

Pero esta iniciativa no solo representa un avance técnico: tiene una clara finalidad estratégica. Según el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, un ecosistema regulado de stablecoins podría generar una demanda global de hasta 3,7 billones de dólares en bonos del Tesoro hacia el final de la década. De esta manera, los dólares fiat recibidos por las entidades emisoras serían redirigidos hacia el financiamiento soberano, bajando los costos de la deuda y atrayendo a millones de nuevos usuarios al sistema monetario digital basado en el dólar.

El marco legal también establece reglas estrictas: auditorías mensuales y anuales, custodia regulada, prevención de lavado (AML/BSA), y sanciones de hasta USD 1 millón por día o 5 años de prisión por emisión sin autorización. Este nuevo escenario favorece a emisores domiciliados en EE.UU. como Coinbase (USDC) y Ripple (RLUSD), quienes estarían en condiciones de operar conforme a la ley. En contraste, Tether (USDT) —la stablecoin más utilizada en el mundo y particularmente extendida en América Latina— deberá adecuarse si desea competir en este nuevo entorno institucional.

El caso argentino: regulación incipiente, pero con fundamentos

Argentina no tiene aún una legislación específica sobre stablecoins, pero ha comenzado a establecer un marco normativo para los actores que operan con activos virtuales.

En marzo de 2024, se sancionó la Ley N.º 27.739, que introdujo formalmente en el derecho argentino la figura del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Esta ley, además de modificar la Ley 25.246, dispuso que la Comisión Nacional de Valores (CNV) centralice el registro y supervisión de estos proveedores.

Luego, mediante la Resolución General 994/2024, la CNV puso en marcha el Registro de PSAV, estableciendo la obligación de inscripción para todas las personas físicas o jurídicas —locales o extranjeras— que operen con criptoactivos en el país, siempre que dirijan su actividad a residentes argentinos o mantengan operaciones locales significativas.

En marzo de 2025, la CNV profundizó este proceso con la Resolución 1058/2025, que actualizó los requisitos de inscripción con estándares internacionales en materia de ciberseguridad, custodia, auditoría y prevención del lavado de activos.

Finalmente, en junio de 2025, se publicó la Resolución 1060/2025, que habilitó el Régimen de Tokenización de Instrumentos Financieros, permitiendo la emisión y circulación de activos financieros en redes blockchain bajo reglas claras de transparencia, trazabilidad y supervisión.

¿Por qué importa esto?

Aunque la legislación argentina aún no contempla la emisión de stablecoins por parte de PSAV autorizados, los cimientos ya existen. Si se diseñara un régimen similar al estadounidense —adaptado al contexto local— podrían autorizarse stablecoins respaldadas en pesos, dólares o incluso títulos públicos, siempre que cumplan con requisitos estrictos de respaldo, auditoría y custodia.

Esto permitiría:

• Promover el ahorro digital como alternativa frente a la inflación y la informalidad.
• Digitalizar pagos y reducir la dependencia del efectivo.
• Mejorar la trazabilidad fiscal y facilitar el cumplimiento impositivo.
• Crear vehículos de inversión tokenizada, con respaldo en activos reales o instrumentos públicos.

Más allá de lo financiero, se trata de una oportunidad estratégica. Estados Unidos ya entendió que el liderazgo monetario también se disputa en el plano digital. En palabras de Donald Trump al celebrar la aprobación del GENIUS Act:

“Digital assets are the future, and our Nation is going to own it.”

Argentina tiene talento, conocimiento y necesidad. Solo le falta la decisión política y regulatoria para convertir su avance técnico en una verdadera política de Estado. Regular no es frenar: es ordenar, escalar y construir confianza.