Mineros artesanales se enfrentaron este jueves con la policía boliviana en el centro de La Paz durante una protesta que derivó en violentos disturbios cerca de la sede del Gobierno de Rodrigo Paz.
Los manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, mientras las fuerzas de seguridad respondían con gases lacrimógenos. En medio de los choques, se registraron explosiones de dinamita en varias calles de la capital.
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La movilización reunió a miles de trabajadores mineros que llegaron a La Paz para reclamar mayores áreas de explotación, acceso a combustible y cambios en las regulaciones de su sector. Con el correr de las horas, la protesta sumó consignas políticas y algunos grupos comenzaron a exigir la salida del mandatario boliviano.
Las detonaciones se escucharon en distintos puntos del casco histórico paceño. Testigos reportaron escenas de tensión y corridas mientras columnas de manifestantes intentaban romper el cordón policial que protegía el acceso a la plaza donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Congreso.
La protesta de los mineros se produjo en medio de una crisis económica cada vez más profunda en Bolivia. El país enfrenta escasez de dólares, dificultades para importar combustible y problemas de abastecimiento que impactan sobre distintos sectores productivos y sobre la población.
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Las movilizaciones también incluyen bloqueos de rutas impulsados por campesinos, organizaciones indígenas y sindicatos. Los cortes comenzaron a provocar demoras en el transporte de alimentos, medicamentos y oxígeno para hospitales, mientras miles de camiones permanecen detenidos en carreteras de distintas regiones.
Antes de los enfrentamientos, una delegación minera ingresó al Palacio de Gobierno para mantener conversaciones con autoridades nacionales. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Ejecutivo estaba “abierto al diálogo” y dispuesto a escuchar los reclamos de los manifestantes.
Sin embargo, las negociaciones no lograron frenar el aumento de la tensión en las calles. Parte de los grupos movilizados endureció su postura y reclamó directamente la renuncia de Rodrigo Paz, quien llegó al poder hace apenas seis meses tras prometer reformas económicas para estabilizar el país.
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Las protestas comenzaron días atrás con reclamos de organizaciones rurales contra una ley que habilitaba hipotecar tierras agrícolas. Ante el rechazo social, el Gobierno decidió anular esa normativa, aunque la medida no alcanzó para desactivar las movilizaciones.
A las demandas rurales se sumaron luego pedidos de aumentos salariales, cuestionamientos a la inflación y reclamos por la falta de combustible. La Central Obrera Boliviana (COB), una de las organizaciones sindicales más importantes del país, también incrementó sus críticas contra el Ejecutivo y se incorporó a los pedidos de cambios en la conducción política.
En paralelo, campesinos aymaras conocidos como los “Ponchos Rojos” mantienen bloqueos en distintos caminos y encabezaron marchas hacia El Alto, ciudad vecina de La Paz.
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El Gobierno atribuyó parte de las protestas al ex presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que “este es un bloqueo político... con fines de desestabilización”.
Morales rechazó esas acusaciones y respaldó públicamente las movilizaciones. En un mensaje publicado en X, sostuvo que “mientras no se aborden las reivindicaciones estructurales, como las relativas al combustible, la comida y la inflación, la revuelta no se detendrá”.
El ex mandatario agregó que “los indignados están motivados por su conciencia social y por la rabia contra un gobierno que traicionó a sus electores y a la nación”.
La crisis política también se agravó luego de que seguidores de Morales iniciaran una marcha hacia La Paz tras conocerse una nueva orden judicial para que el ex presidente comparezca ante la justicia por un caso de presunto abuso de una menor durante su mandato.
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Bolivia atraviesa así una nueva escalada de conflictividad social, con protestas simultáneas, enfrentamientos callejeros y crecientes cuestionamientos contra el Gobierno de Rodrigo Paz.
(Con información de AP y Reuters)
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