Los dos temas económicos que vienen luego de las elecciones

Pasada las elecciones de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno debería avanzar, por un lado, con la reglamentación de una propuesta para incentivar que la gente retire los dólares guardados debajo del colchón y los ingrese al circuito formal y, por el otro, con la reducción de impuestos y derechos de importación para celulares, televisores y equipos de aire acondicionado.

En relación a la reglamentación de la formalización de los dólares guardados fuera del sistema bancario, lo más complicado tiene que ver con el visto bueno que le pueda dar el GAFI y cuánta confianza puede tener la sociedad de mostrar ante el fisco los recursos que tiene.

La gente podría no dudar que este Gobierno los respetará y una vez que use sus dólares no les aplique un impuesto. El tema es qué harán los próximos, en particular si volvieran gobiernos populistas. En Argentina el Estado ha sido siempre el primero en violar las normas que el mismo establece.

Así ocurrió con el Plan Bones en 1989 cuando convirtió compulsivamente la mayor parte de los depósitos a plazo fijo en un bono en dólares a 10 años de plazo; en 2002 cuando incumplió con la Ley de Intangibilidad de los Depósitos; y también en 2008, cuando el kirchnerismo disolvió el sistema de jubilación privada.

Hoy día la gente ya puede utilizar esos dólares que están bajo el colchón vendiéndolos en una cueva y comprando en negro en cualquier comercio.

Tal vez, con el “blanqueo” el Gobierno podrá lograr percibir IVA, Ganancias y otros impuestos, al ingresar dólares al circuito formal, pero mi impresión, es que el impacto final termine siendo marginal en términos de reactivar el consumo, porque en muchos casos esos dólares suelen ser atesorados para casos imprevistos o para la jubilación.

¿Fin de la promoción austral?

El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que data de los años 70 tiene un costo impositivo de USD 1.000 millones anuales, y mucho mayor para los consumidores argentinos que deben pagan el triple de lo que cuesta un artefacto de ese origen en Estados Unidos.

Se afirma que 8.000 trabajadores perderían su puesto de trabajo si se reducen los aranceles y los impuestos a los celulares, televisores y equipos de aire acondicionado, pero desde el punto de vista estrictamente económico, no habría tal destrucción neta de empleos, porque el ahorro que obtendría el consumidor lo podrá destinar a otras compras como ropa, calzado, u otro artículo para el hogar, y generaría más actividad en otros sectores competitivos.

Es evidente que quienes trabajan en “armadurías” en industrias promocionadas en Tierra del Fuego tendrían que buscar otras oportunidades laborales. Pero es algo que ocurre a lo largo de la vida.

Hay numerosos ejemplos sobre la desaparición y creación de puestos de trabajo. Por ejemplo, cuántas personas perdieron sus trabajos porque ya no se fabrican las máquinas de escribir mecánicas y cuántos se crearon en las empresas que fabrican computadoras, software y accesorios, u otras actividades y servicios por el avance de las nuevas tecnologías.

En definitiva, el desarme del régimen promocional de Tierra del Fuego es otro desafío para el Gobierno nacional que va a generar ruido y conflicto, pero el punto a considerar será que se estará confrontando las ganancias de unas pocas ensambladoras versus el costo que tiene ese régimen para 47 millones de consumidores argentinos.