COP29 en Bakú: ¿una luz de esperanza o el mismo ciclo de inacción?

En un clima mixto de logros parciales y desacuerdos profundos entre los países concluyó la 29ª Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Bakú, Azerbaiyán. Sin representación de la delegación argentina, se consensuó un acuerdo financiero denominado “Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación del Climática” (NCQG)). El mismo establece que las naciones desarrolladas “movilizarán” 300.000 millones de dólares anuales a los países del sur global para facilitar la transición verde y la adaptación a los efectos del cambio climático, con la meta de asegurar los esfuerzos de todos los actores para trabajar juntos con el fin de aumentar la financiación a los países en desarrollo, procedente de fuentes públicas y privadas hasta la cantidad de 1,3 billones de dólares al año para 2035.

La falta de claridad sobre cómo se movilizarán estos fondos y el histórico incumplimiento de compromisos financieros anteriores han generado dudas. Este monto es el equivalente al 12% del gasto militar anual de 2023. Las guerras han generado más emisiones que muchos países combinados; sin embargo, la COP29 ha permitido la participación de los actores involucrados en estos conflictos sin reconocer su impacto ambiental directo.

Esta cifra triplica el objetivo establecido en 2009 en la COP15 de Copenhague. Sin embargo, quedó muy por debajo de las expectativas iniciales (1,3 billones de dólares). Los países en desarrollo habían llegado a esta cifra basándose en una serie de estimaciones para cumplir con sus “Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional”. Aunque representa un avance, ha sido ampliamente criticado por su insuficiencia frente a la magnitud de la crisis climática, ya que el informe sobre financiación encargado por la ONU al Grupo de Especialistas Independientes sobre Financiación Climática estimó en 2,4 billones de dólares anuales el coste de la transición y adaptación climática en el mundo en desarrollo para 2030.

La versión final no menciona la decisión histórica del año pasado en la COP28 de abandonar los combustibles fósiles, que se incluyó en versiones anteriores.

El lenguaje del acuerdo final fue vago, limitándose a “reafirmar la importancia de acelerar la transición hacia energías limpias”.

Tras casi una década de negociaciones, se logró una decisión sobre los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París, que busca incentivar la reducción de emisiones a través de créditos negociables. Sobre el artículo 6.2, se aclararon las reglas para el comercio entre países, con énfasis en la integridad ambiental y la transparencia. En cuanto al artículo 6.4, se acordó un mercado centralizado que beneficiará a países menos adelantados, con estrictas salvaguardas ambientales y de derechos humanos.

Este sistema podría canalizar miles de millones de dólares hacia proyectos verdes en países en desarrollo, desde la reforestación hasta el despliegue de tecnologías de energía limpia, pero la falta de un marco regulatorio sólido para prevenir abusos en estos mercados plantea preocupaciones sobre su efectividad y equidad.

Se creó la “Hoja de Ruta de Bakú sobre Adaptación”, un esfuerzo por priorizar medidas para proteger a las comunidades más afectadas por los impactos del cambio climático. Aunque bien recibida, esta hoja de ruta carece de metas concretas y de un presupuesto claro, lo que limita su impacto potencial. Países africanos y pequeños estados insulares advirtieron que sin financiamiento adicional, estas promesas difícilmente se traducirán en acciones tangibles.

Se estableció un programa de apoyo para implementar los Planes Nacionales de Adaptación en países menos desarrollados y se realizó un Diálogo de Alto Nivel para abordar la financiación, apoyo técnico y acción urgente hacia la meta de presentar Planes Nacionales de Adaptación (NAP) en 2025.

Se simplificaron los indicadores del Objetivo Global de Adaptación (GGA), reduciendo de 8.000 a 100 métricas clave. El objetivo del Fondo de Adaptación es de 300 millones USD, se recaudaron 130,7 millones USD, siendo los mayores contribuyentes son Alemania (65,1 millones) y España (19 millones).

El fondo de daños y pérdidas, que tiene como objetivo ayudar a las naciones vulnerables a pagar por los desastres naturales relacionados con el clima, sigue estando infrafinanciado, como muchos de estos mecanismos financieros, y no se llegó a ningún acuerdo sobre quién paga y quién puede reclamar. Recaudó 85 millones USD, siendo los líderes Australia (32,5 millones) y Suecia (18,4 millones).

La mitigación quedó en segundo plano. Un texto breve sobre Transición energética dejó fuera referencias cruciales, como el límite de 1,5 °C y las emisiones netas cero.

Los foros internacionales dejaron en claro que los avances son insuficientes para enfrentar la triple crisis ambiental (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación). Por un lado, la COP16 de Biodiversidad en Cali, Colombia, dejó un sabor agridulce, con algunos logros importantes, pero no materializó el acuerdo en cuanto al financiamiento debido a la falta de quorum. Por otro lado, el G20 aunque reconoció al cambio climático y la promoción de la paz como los desafíos globales, los intereses geopolíticos y las posiciones divergentes, continúan influyendo en las decisiones claves. La falta de compromisos concretos en temas cruciales, como la mitigación del cambio climático y la transición energética justa, refleja las dificultades para alcanzar un consenso global frente a la urgencia de los problemas ambientales y los conflictos internacionales.

Las últimas tres cumbres climáticas se realizaron en petro-estados, por lo que las negociaciones fueron influidas por la industria de los combustibles fósiles. En ese sentido, el próximo gran escenario, COP30 en Belém, Brasil, se presenta como una valiosa oportunidad para corregir el rumbo y revertir el retroceso en el año que se celebrará el 10º aniversario del Acuerdo de París. También los países deberán presentar sus nuevos planes climáticos. Brasil, por un lado, está trabajando arduamente junto a la presidencia colombiana de la cumbre de biodiversidad COP16, a fin de poner la naturaleza en el centro de la cumbre; pero, por otro lado, planea ampliar la producción nacional de combustibles fósiles.

Se evidencia un patrón concurrente en 2024 en lo actuado en COP16, G20 y COP29 que explica la sensación de carencia al suscribir obligaciones sin acciones transformadoras. Aunque los compromisos financieros han aumentado, como en Bakú, la falta de recursos adecuados sigue siendo una barrera para la implementación de medidas concretas como las discutidas en Cali. Las tensiones entre grandes economías en el G20 y en la COP29 reflejan cómo los intereses nacionales dificultan los acuerdos globales. En todos los casos, las metas fijadas carecen de instrumentos legales o sanciones que garanticen su cumplimiento.

Si bien los avances logrados no deben subestimarse, es evidente que los esfuerzos actuales son exiguos para evitar un aumento catastrófico de la temperatura global. La comunidad internacional tiene ante sí una ventana de tiempo limitada para actuar con la ambición y la urgencia que exige la crisis climática.

Es hora de que las promesas se traduzcan en una acción real y justa para quienes más lo necesitan. La experiencia de Bakú deja claro que confiar en los líderes globales no es suficiente. Los movimientos sociales y las comunidades afectadas deberán seguir alzando la voz para exigir justicia climática real.