La corrupción en los subsidios por invalidez laboral

En 2019 hice el tedioso ejercicio de revisar el Presupuesto nacional y contar la cantidad de beneficiarios de los diferentes planes sociales, más jubilaciones y pensiones, recibían dinero del Estado. En ese momento detecté que 19 millones de personas todos los meses recibían un pago de la Administración pública. Una cantidad imposible de sostener por parte de quienes trabajan en el sector formal de la economía con el pago de sus impuestos.

Con el tiempo, la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un trabajo en que entre 2008 y 2021 solo la cantidad de beneficiarios de planes sociales habían pasado de 6,75 millones de personas a 16 millones.

En este caso no se cuentan ni los empleados públicos, ni los jubilados ni las pensiones, franja en la que en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ingresaron “por la ventana” 3,5 millones de beneficiarios, porque nunca habían aportado, y con eso se agravó el sostenimiento del sistema previsional, y en particular los ingresos de quienes aportaron.

Así, se llega a un cuadro donde predominan la gente que vive del trabajo ajeno, y se destruyó la cultura del trabajo, dando lugar al “gran negocio de la pobreza”, que comenzó a salir a la luz en los últimos días con los mal llamados Movimientos Sociales.

Y al revisar la Guía de Programas Sociales 2023 detecto que, solo a nivel nacional, hay 202 planes repartidos entre ministerios y diferentes organismos públicos, sin computar los que están en cabeza de provincias y municipios.

Uno de los “programas sociales” que sigo desde 2017 con cierta profundidad son las llamadas pensiones por invalidez laboral, sobre el cual está trabajando el ministro de Transformación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, según he visto en los medios de comunicación.

Para que el lector comprenda del despilfarro de fondos en este plan de pensiones por invalidez laboral basta observar la evolución de los beneficiarios desde 1999 hasta 2024, según el último Presupuesto de Gastos y Recursos, sin que se hayan registrado guerras ni catástrofes, ni tsunami o terremoto que los hayan provocado: pasaron de 72.156 personas a 1.227.290 beneficiarios, llegó a representar el equivalente a 1,1% del PBI.

En la II Guerra Mundial participaron 12,2 millones de soldados de EE.UU., de los cuales murieron 407.000 y fueron heridos 671.000. ¿Y nos quieren hacer creer que en la Argentina sin un episodio de esa naturaleza se generaron en un cuarto de siglo 1.063.000 inválidos laborales? Los únicos daños de guerra que tuvo la Argentina fueron los del populismo y la corrupción.

Semejante salto, se explica, fundamentalmente por el gran negocio en que punteros políticos y médicos acordaban para juntar gente en los pueblos y otorgar pensiones por invalidez laboral, por el que recibían un monto fijo por certificado por invalidez laboral.

¿Es cierto que ATE maneja miles de estos planes y tiene financiamiento vía pensiones por invalidez laboral? Es una pregunta que se hacen muchos y que tal vez debiera investigar el gobierno.

Mejorar el sistema

El sistema podría mejorar revaluando las 350 juntas de discapacidad que hay en todo el país, donde un cuerpo interdisciplinario evalúa la carencia y pérdida de habilidades del supuesto beneficiario.

Y luego chequear que se cumpla con la segunda condición para recibir un beneficio del Estado, ser indigente, vía el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), que puede detectar la propiedad de una moto último modelo, una automóvil 4x4o, una vivienda escriturada; etc.

Los recursos para poder limpiar este antro de corrupción están. Es cuestión de voluntad política.

El gobierno de Cambiemos intentó hacerlo, pero rápidamente abandonó ese objetivo cuando no pudo dominar la movilización en la calle y salieron dos o tres notas en los medios que describían un cuadro de supuesta “barbaridad como dejaban indefensa a la gente con incapacidad”, sin prueba alguna.

Naturalmente, hay casos probados de invalidez laboral, pero son los menos, al punto que cuando se empezaron a dar de baja 30.000 planes por mes porque se comprobaba que no eran beneficiarios genuino, surgieron movilizaciones en la Avenida 9 de Julio y el gobierno de entonces frenó ese plan de ajuste.

Según el Presupuesto 2024, se pautó para el año una partida de $1,6 billones para pensiones por invalidez laboral, es decir, unos USD 1.100 millones, con un promedio mensual de $108.000 por beneficiario. Este número multiplicado por familias enteras que figuran con pensiones por invalidez laboral se transforma en una forma de vida sin trabajar y a costa del contribuyente.

El gobierno de La Libertad Avanza tiene aquí un largo trabajo para limpiar corrupción y bajar el gasto público. Es de desear que en esta oportunidad no se dé marcha atrás como ocurrió en 2017 y, por supuesto, rever los 202 programas “sociales”, muchos de los cuales se sospecha son fuentes de corrupción.

Bajo el “relato” de la solidaridad social, en Argentina el populismo K no solo destruyó la cultura del trabajo, sino que, además, creó grandes bolsones de corrupción y formas de captar votos.

Qué no nos corran con la sensibilidad social. Acá hay un negociado de corrupción política que el nuevo gobierno debe terminar como primer escarmiento con la falsa prédica de políticos sensibles y economistas malos.