Una batalla perdida tras otra

El paso por el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó en desguace. No solo se optó por retirar el capítulo III relativo a la venta de tierras a extranjeros, sino que en pleno debate el oficialismo también tuvo que bajar el relacionado a la Ley del Manejo del Fuego.

La falta de votos entre los aliados precipitó los acontecimientos y obligó a resignar en pleno recinto el tratamiento del articulado que permitía modificar la ley nacional que impide cambiar el destino de los terrenos afectados por los incendios.

Si bien la ley vigente está pensada para evitar los siniestros intencionales, el oficialismo pretende cambiarla con el argumento de que esa restricción castiga doblemente al propietario que sufre un incendio accidental al impedirle dar un nuevo destino útil a su tierra.

El temor de sectores ambientalistas es que, al levantar las restricciones, se abra la puerta a cambios de uso de suelo tras incendios intencionales, incentivando de manera perversa la destrucción del medio ambiente.

De la malhadada ley solo se logró aprobar con una mayoría muy ajustada -37 a 33 votos- los capítulos que permiten la aceleración de los plazos judiciales y la instauración del juicio sumarísimo en desalojos por usurpaciones y ocupaciones, así como la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda frente a la falta de pago de un alquiler.

También sobre el filo obtuvieron media sanción los artículos relativos a las expropiaciones, imponiendo restricciones a la facultad del Estado de hacerse de bienes considerados necesarios para el bien común.

Las dificultades para ir adelante en tiempo y forma con las desregulaciones que se propone el gobierno libertario quedaron dramáticamente expuestas en la semana que hoy concluye.

No todo estaría marchando de acuerdo al plan. El Gobierno no logra retomar la agenda. Milei parece haber extraviado el control de su potencia discursiva y esto corre a la par con la caída de la imagen presidencial.

La denominada “Ley de Tierras” terminó siendo expuesta a la consideración del debate público bajo una simplificación pavorosa: “Ley de extranjerización de la tierra”.

La oposición ganó la pulseada. Las consignas de la resistencia que prendieron fuerte en las redes y en la calle encendiendo la pradera.

El gobierno no está logrando hacer coincidir su narrativa con las expectativas del común.

Luego de fogonear la “campaña antiargentina” y tras el aterrizaje de emergencia emocional que marcó la salida del Mundial, en el que la cuestión de la soberanía de Malvinas estuvo a flor de piel, la retórica extranjerizadora pegó mal.

Al mago, esta vez, se le escapó el conejo.

Con el Presidente de gira, más dedicado en performar un liderazgo regional bajo los mandamientos ideológicos de Trump que en atender las urgencias locales, el relato parece haber quedado en manos de voceros oficiosos.

Puesto a defender la venta irrestricta de tierra a los extranjeros, Pablo Quirno derrapó feo.

Consultado en una entrevista por Eduardo Feinmann si un extranjero podría comprar un pueblo o una provincia, el Canciller respondió sin vacilaciones: “Y sí”. Quirno reforzó su respuesta asegurando que eso beneficiaría a los argentinos al permitir inversiones productivas.

Preguntado acerca de si la reforma podría comprometer la soberanía nacional, el jefe de la diplomacia se despachó con absoluta frescura: “La soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado”.

No conforme con confundir acerca de los alcances de la ley, que ya al momento de la entrevista había acotado al 25% el tope a la extranjerización, sumó definiciones que contradicen el encendido nacionalismo que viene fogoneando el mismísimo presidente de la Nación.

Algo está funcionando muy mal en la estrategia comunicacional del oficialismo.

El empeño que están poniendo los más altos funcionarios del Ejecutivo en replicar los modos de Milei empieza a generar un ruido muy poco conveniente para el oficialismo.

Luis Caputo insiste en mimetizarse con la aspereza discursiva del presidente libertario. No conforme con tratar a los “deudores morosos” de ignorantes por no poder manejar sus finanzas, el ministro de Economía calificó de “tarados” a quienes critican el impacto del modelo económico sobre el sector manufacturero y reclaman cuidar la industria.

La respuesta de la UIA fue elegante pero no se hizo esperar.

“No son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante”, le respondió Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien aclaró que defender a la industria “no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica”.

La “empatía cero” que evidencia el ministro Caputo con los afectados por el modelo empieza a complicar las estrategias reeleccionistas. La cantidad de heridos que Caputo va excluyendo de la consideración del oficialismo son bienvenidos para una oposición fragmentada en busca de destino.

El mismísimo Diego Santilli, hasta aquí abanderado de los buenos modos y la moderación, terminó abducido por el estilo mileísta y salió a pedir la renuncia de Victoria Villarruel.

“Si vos sos parte de un Gobierno y estás constantemente atacando al Presidente, tenés que dar un paso al costado”. La desafió a que “arme su proyecto y que compita”.

Otro asunto que salió a la intemperie en esta semana difícil para el oficialismo fue el “factor Sturzenegger”.

La avasallante impronta de “El Coloso”, como gusta llamarlo Milei, se estrelló contra la dura pared de la realidad.

La inflexible aplicación de su intentona desreguladora fracasó más temprano que tarde en el caso del decreto que pretendió flexibilizar las condiciones de trabajo de los prácticos de la navegación.

El parate con el que los trabajadores resistieron produjo una parálisis de las vías navegables.

El Gobierno se vio obligado a retroceder en la aplicación del Decreto 690/2026, firmado por Javier Milei, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, publicado el 31 de julio. La normativa que pretendía derogar el histórico decreto vigente desde hacía más de 34 años e introducir una profunda desregulación del servicio público de practicaje y pilotaje en ríos, puertos y canales.

No pudo ser. Los prácticos de buques anunciaron un lock-out patronal y paro de actividades a partir del sábado 1 de agosto, calificando la iniciativa oficial de “abusiva e inconcurrente”.

Las pérdidas ocasionadas a los buques varados se estiman de entre USD 50.000 y 100.000 diarios por cada una de las embarcaciones varadas (llegaron a contarse en 185 los cargueros detenidos).

Los intentos del Ejecutivo de forzar el acatamiento dando intervención a la Prefectura Nacional Argentina complicaron aún más el estado de cosas. El Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás.

Con menos barullo en las calles que la “Ley de Extranjerización” con la que Sturzenegger pretendía ampliar al máximo la posibilidad para los extranjeros de comprar tierras, el conflicto de los prácticos puso en escena la fricción entre el impulso de desregulación al extremo del ministro hiperlibertario y el camino hacia la reelección en el que está trabajando Karina Milei por encargo del Presidente.

Los pretendidos acuerdos con los Gobernadores para allanar la aprobación de la Reforma Electoral y otras normativas en carpeta empiezan a complicarse. Nadie quiere pagar el costo político de acompañar a Milei hasta el límite de su impronta reformista.

La inquietud entre los aliados naturales y dialoguistas pone en riesgo las mayorías construidas en el Senado por Patricia Bullrich.

La inflexibilidad con la que se planta el ministro de Desregulación ya empieza a generar fuerte incomodidad en el staff karinista, abriendo un nuevo frente interno en lo más alto del poder.

Milei pretendió retomar su retórica recurriendo a sus modos más agresivos pero la virulencia narrativa ya no paga como en otros tiempos.

Es probable que, como sostiene el politólogo Julián Kanarek en su libro “Omitir Intro”, con la misma lógica impaciente con la que nos salteamos las introducciones de los episodios de las series de Netflix, no toleramos los tiempos de la deliberación política y pretendemos resultados rápidos que la administración mileísta no está en condiciones de ofrecernos con la celeridad que impone el ecosistema digital.

En su libro, en el que Kanarek cruza neurociencia, algoritmos y ejemplos de política global, se sostiene que la “cultura dopamínica” que generaron las redes sociales cambió la forma en que la gente se vincula con la política. Así como scrolleamos contenidos sin paciencia, empezamos a “scrollear” gobiernos.

Su hipótesis central es que los comportamientos digitales predisponen a la ciudadanía a un cambio constante, no solo de contenidos sino también de preferencias electorales, reduciendo las chances reeleccionarias de los oficialismos.

El discurso polarizador centrado en la identificación del enemigo es altamente efectivo para un eventual balotaje pero pierde eficacia en un escenario de fragmentación. La labilidad de los electorados en este tiempo de aceleración digital lleva al elector a decidir su voto más por la satisfacción que generan las políticas implementadas que por las propuestas ideológicas de confrontación.

La fatiga emocional que produce la recurrencia de los discursos virulentos aleja a la gente de la política y baja la calidad democrática. El oficialismo debería empezar a tomar nota de estas cuestiones antes de que sea tarde.