Mulino se declara en contra de la Policía Municipal del distrito capital

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció abiertamente contra el nuevo modelo de Policía Municipal impulsado por la Alcaldía de Panamá y aseguró que espera que la iniciativa sea revertida, en momentos en que la actuación de ese cuerpo vuelve a estar bajo cuestionamiento tras un incidente que dejó hospitalizado a un exfuncionario municipal que reclamaba prestaciones laborales pendientes.

“Estoy en contra del nuevo concepto de policía municipal. Eso nació para cuidar parques y monumentos y no se puede transformar en otra policía”, escribió Mulino este sábado en su cuenta de X.

El mandatario calificó además el modelo de “inconstitucional” y advirtió que permitir que cada alcalde desarrolle una estructura similar podría generar un problema de seguridad pública.

Mulino también cuestionó la imagen utilizada por los agentes. “Además de inconstitucional, cada alcalde puede hacer lo mismo y sería un desastre, aparte de los uniformes que se confunden con el SPI. Ojalá se tumbe eso”, manifestó.

La referencia corresponde al Servicio de Protección Institucional, encargado, entre otras funciones, de la seguridad del presidente y otras autoridades del Estado.

La posición presidencial llega 366 días después de que el Acuerdo Municipal No. 162 del 17 de junio de 2025 fuera publicado en la Gaceta Oficial No. 30,339, el 7 de agosto de ese año.

La norma, aprobada por el Concejo Municipal a solicitud del alcalde Mayer Mizrachi, reorganizó el antiguo esquema de seguridad y reguló la estructura y funcionamiento de la Dirección de Policía Municipal.

El acuerdo convirtió esta dependencia en un cuerpo encargado de velar por el cumplimiento de acuerdos municipales, decretos alcaldicios, reglamentos y otras disposiciones administrativas dentro del distrito capital.

También desarrolló una estructura jerárquica, unidades operativas y facultades para efectuar inspecciones y operativos, mientras estableció mecanismos de coordinación con otras instituciones de seguridad del Estado.

Precisamente, las facultades concedidas a los agentes han generado diferencias con el Gobierno central. El Ministerio de Seguridad ha cuestionado atribuciones relacionadas con requisas, aprehensiones y detenciones preventivas, al considerar que corresponden a los organismos de seguridad establecidos constitucionalmente.

Esa discusión ya trascendió el ámbito político y se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia.

La Policía Nacional presentó en febrero una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo 162, pero el Pleno de la Corte Suprema decidió no admitirla el 18 de mayo de 2026, decisión que fue notificada el 11 de junio. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad recurrió a otra vía y presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera, que fue admitida.

El pronunciamiento de Mulino ocurre además cinco días después de un enfrentamiento entre agentes municipales y antiguos trabajadores de la Alcaldía de Panamá en el edificio Hatillo.

Los exfuncionarios acudieron el lunes 3 de agosto para reclamar el pago de primas de antigüedad, vacaciones acumuladas y otras prestaciones laborales pendientes. La manifestación terminó en empujones y forcejeos.

Durante los incidentes, el exfuncionario Alberto Llerena resultó herido después de caer por unas escaleras en medio de un forcejeo con un agente municipal. Llerena sufrió una hemorragia cerebral y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Santo Tomás.

Su caso abrió además una investigación para establecer las circunstancias y posibles responsabilidades por lo ocurrido.

Llerena permanece hospitalizado, aunque su condición ha evolucionado favorablemente, según la información más reciente proporcionada por sus familiares.

Su hermana, Noris Llerena, explicó que la operación fue exitosa y que los exámenes posteriores han arrojado resultados satisfactorios. El paciente permanece en la sala de Trauma del Santo Tomás, mientras continúa bajo vigilancia médica.

La Defensoría del Pueblo también abrió una investigación para determinar si durante el enfrentamiento fueron vulnerados derechos humanos. Paralelamente, la representación legal de los exfuncionarios ha planteado acciones para establecer responsabilidades por las lesiones sufridas por Llerena, mientras la actuación de los agentes municipales permanece bajo escrutinio.

Mizrachi calificó como “lamentables” los hechos registrados en el edificio Hatillo y aseguró que la Alcaldía revisaría la actuación de los agentes municipales involucrados.

El alcalde también señaló que se evaluarían las medidas correspondientes una vez esclarecido lo ocurrido, mientras defendió que la actuación de ese cuerpo debe estar orientada a prevenir y controlar situaciones, y no a generar enfrentamientos.

El alcalde sostuvo además que su administración ha desembolsado más de $1 millón para atender prestaciones adeudadas a antiguos funcionarios, aunque atribuyó parte de las demoras a los procedimientos necesarios para disponer de los recursos.

Aseguró que los pagos continuarán conforme ingresen los fondos requeridos para cancelar las obligaciones laborales pendientes.

El episodio reavivó así una discusión que lleva más de un año abierta sobre hasta dónde pueden llegar las atribuciones de una Policía Municipal en Panamá. Mientras la Alcaldía defiende la profesionalización de su cuerpo de seguridad, el Gobierno central cuestiona que pueda asumir funciones propias de una fuerza policial.

Ahora, con una demanda de nulidad pendiente y un exfuncionario todavía hospitalizado, la controversia vuelve a quedar en manos de las investigaciones y de la justicia.