La principal amenaza al programa del Gobierno es la impunidad de los corruptos

La impunidad, en ocasión de convenios, contrataciones, instala incertidumbres, expectativas, incumplidas, sorpresas y frustraciones.

No obstante, hasta ahora, los analistas económicos más prestigiosos de la Argentina se muestran optimistas con lo efectuado en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei y las perspectivas a futuro cercano. Al tiempo que hacen hincapié en que, el futuro está condicionado por la resolución de las disyuntivas institucionales y estructurales favoreciendo los modos aceptados en las naciones avanzadas, para desenvolverse en la vida económica y las transacciones: “Si lo hacemos, el futuro es promisorio”, concluyó Ricardo Arriazu. En este objetivo conflictivo me ocupo intensamente desde 1990.

La corrupción debilita la fortaleza que debieran mostrar las instituciones que estructuran los convenios individuales. En este interés, las impunidades desordenan las actividades productivas, añadiendo indecisiones. De tal modo, encarecen comerciar y producir bienes y servicios, en beneficio de servicios opacos que sostienen convenios injustificables.

El nuevo gobierno descubre a diario espectaculares despilfarros y pérdidas descomunales por actos de corrupción e impunidad que obstaculizan el progreso y la competitividad con el resto del mundo.

Este sistema de favores y nepotismo, similar al modelo feudal de antaño, perpetúa las fluctuaciones de reglas, creando una red de relaciones oscuras que socava la competencia.

A pesar de los anuncios pomposos de líderes políticos, la implementación efectiva de políticas y proyectos sigue siendo un desafío. Existe una desconexión entre las promesas y la acción real, que reflejaría una falta de compromiso con la justicia.

El filósofo y Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek destacaba la contundencia de liberar de trabas redundantes a los negocios y actividades personales, y así descubrir reglas justas que cuenten con la aprobación general y garanticen la eficiencia y el bienestar colectivo.

El orden espontáneo de Hayek en las sociedades de las transacciones interpersonales invita a incorporar noveles conocimientos permanentemente y así expandir las creaciones valiosas. Sin embargo, esta visión está lejos de concretarse en casi todos los países, denuncian las increíbles brechas de ingresos, corrupciones, tan diferenciados según los Estados, donde persisten interferencias artificiales a las reglas justas y negocios privados merced a impunidades conseguidas por la Casta.

Jorge Luis Borges expresaba su esperanza que la honestidad impactase significativamente en la política.

El abogado y filósofo del derecho, Alejandro Carrió, resalta la urgente oportunidad de sentencias judiciales que confirmen las altas sospechas de corrupción. Insistiendo que el enriquecimiento ilícito empobrece a los pueblos. Rememorando la gestión de Raúl Alfonsín al comienzo de la vuelta de la democracia, Carrió destaca los desafíos que parecían imposibles para combatir la impunidad y restaurar la justicia.

No sólo los gestores particulares tornan inciertas las leyes. La seguridad jurídica también se vuelve confusa cuando casos que deberían ser resueltos en el Congreso terminan en la Justicia, expresó Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Al mismo tiempo, la democracia republicana abre las puertas a la competencia y la innovación, respecto de los sistemas autoritarios que no se interesan en ampliar las coincidencias.

En esta tarea, los mercados libres descubren modalidades para expandir los acuerdos en libertad. Quizás esa sea la causa del desinterés de los gobiernos autoritarios en los mercados libres de trabas redundantes.

La corrupción en la Argentina y en otros países ha llevado a una decadencia institucional, la cual se refleja en las mediciones de la ONG Transparencia Internacional. Por eso cada vez más son las voces a favor de luchar contra la impunidad y garantizar sentencias ejemplares.

El gráfico muestra cómo cuánto menor es el índice de corrupción, menor es la impunidad y más celoso el cumplimiento de la estructura legal. La vinculación con el PBI por habitante que estima el FMI en el World Economic Outlook arroja resultados contundentes de correlación inversa.

En general, los Estados más libres sufren menos restricciones legales, por lo tanto menores demandas particulares de impunidad y suelen generar mayores ingresos promedio por habitante.

La Argentina está amontonada, con la mayoría de los países más corruptos y pobres, en la esquina del extremo superior izquierdo del gráfico, con un índice de impunidad de 100 y PBI por habitante de USD 13.500 anuales el último año.

El saqueo de recursos por parte de varios gobiernos en la Argentina, el caso de la expropiación de los ahorros de jubilados en las AFJP y la nacionalización de YPF, efectuados en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner apenas asumida a fines de 2007 confirma la urgencia de abordar la corrupción en todos los niveles y ámbitos para asegurar la estabilidad de las propiedades individuales.

En resumen, la corrupción y la impunidad representan desafíos letales para la construcción de una sociedad justa y próspera en Argentina. La necesidad de reglas y acuerdos eficientes, y la importancia de la honestidad en la acción individual, son aspectos clave para superar estos obstáculos y avanzar hacia un futuro más justo y floreciente.

Los líderes debieran involucrarse y garantizar la independencia de las instituciones que defienden la ley y restringen la corrupción.

El autor es director de BG Consulting