Lavado de Activos: por qué los abogados no deben incluirse como sujetos obligados ante la UIF

La profesión de los abogados está en riesgo y los derechos de las personas también.

Frente a las intenciones del Poder Ejecutivo Nacional de modificar, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Ley de Lavado de Activos, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó su preocupación. La institución advirtió que dicha implementación no solo afectaría la relación entre el profesional y su cliente, sino que volvería imposible el ejercicio del derecho penal.

El motivo es que este proyecto de ley incluye a los abogados dentro de los profesionales que tienen el deber de informar o denunciar el lavado de dinero. Esto no es viable debido a que, en primer lugar, viola la garantía de defensa de juicio de los clientes; y en segundo, deja a los abogados una encrucijada donde no podrían defender ninguna causa penal vinculada a cuestiones patrimoniales (robo, estafa por ejemplo) sin incurrir en un delito, ya sea porque los alcanzaría la Ley de Lavado de Activos o la violación del secreto profesional.

En este marco, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal publicó un comunicado exponiendo la inconstitucionalidad que implicaría la sanción de dicha norma, sea por decreto o por ley. Asimismo el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, expresó su preocupación ante el Congreso cuando el tema se trató en comisión.

Lo cierto es que el proyecto de Lavado de Activos no fue el único planteo inconstitucional que hizo La Libertad Avanza en los casi tres meses que lleva de gobierno. Sin ir más lejos, dentro del paquete de la Ley Ómnibus había dos propuestas que atentaban contra la profesión: la Ley de Divorcios Administrativos y la de sucesiones notariales.

Si bien la primera iba a tener una aplicación muy acotada debido a que solo podía hacerse si no había hijos ni bienes en común, apuntaba a que las parejas se divorciaran mediante un trámite en el Registro Civil. En el caso de las sucesiones notariales, las mismas se realizarían ante escribano público. En ambos casos lo que sucedía era que dejaban de tramitarse en la Justicia con el riesgo que ello implica: la alta probabilidad de que se produjeran irregularidades en perjuicio de la parte más vulnerable (a quien la ley debe proteger) o de los acreedores, debido a la falta de control. Es decir, no solo va en detrimento de la profesión del abogado, sino que perjudica a la sociedad en general.

En resumen, no es una cuestión de defensa corporativa de la profesión, sino algo que atañe a todo el mundo. Y es en este contexto que el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal se prepara para elegir a sus representantes el próximo 16 de abril.

Las propuestas son dos bien distintas: Unidad en Defensa de la Abogacía, la primera de las listas la encabeza el prestigioso jurista Ricardo Gil Lavedra, quien mediante su capacidad y diálogo institucional ha defendido la profesión en estos dos años de mandato. Rápidamente podemos recordar hitos de gestión como la “UMA” automática, o las gestiones ante ANSES para que los abogados vuelvan a tramitar los diversos reclamos en sede administrativa, además de la reapertura y modernización de nuestro Colegio, hoy plagado de espacios aptos para realizar audiencias virtuales, tanto en la sala de profesionales, como en el bar del 1° piso. La otra opción es volver con aquellos que guardaron silencio durante toda la cuarentena mientras la Justicia no funcionaba.

Faltando poco más de un mes para las elecciones, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal se debate entre ratificar el camino de la defensa de la profesión, que busca habilitar espacios de debate y brindar más y mejores herramientas a los profesionales para garantizar una justicia independiente que defienda los derechos garantizados por la constitución, o retroceder como en el juego de la oca y dar tres pasos para atrás.