
Las reuniones mundiales que tienen lugar esta semana en Panamá sobre el control del tabaco y su comercio ilícito representan una oportunidad única para combatir con fuerza una amenaza que sigue siendo la principal causa de muerte prevenible en la región de las Américas.
Tras décadas de esfuerzos, las Américas lograron reducir el porcentaje de la población que consume tabaco del 26,8% en el 2000 al 16,6% en el 2022, y 16 de 20 países de Latinoamérica son hoy libres de humo. Solo cuatro -Belice, Cuba, Nicaragua y República Dominicana- aún no han prohibido fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados.
Pero la amenaza, como la hidra, la serpiente mitológica, tiene múltiples cabezas de las que no hemos logrado protegernos completamente, resistiendo nuestros esfuerzos y atrayendo a las nuevas generaciones hacia el consumo.
Las tácticas de la industria tabacalera han obstaculizado el progreso de regulaciones efectivas contra el uso y la exposición al tabaco; su marketing incentiva a las mujeres a fumar, y su información engañosa persuade a los adolescentes y jóvenes a utilizar dispositivos electrónicos perjudiciales para la salud, lo que puede conducir a la adicción y revertir los logros alcanzados.
Su interferencia, además de afectar directamente la salud, impacta en toda la sociedad, obstaculizando el logro de metas mundiales de desarrollo y reducción de la pobreza, por ejemplo, por la pérdida de productividad por enfermedades relacionadas. Nuestras sociedades aún no han logrado proteger a todos de una adicción que, además de enfermar y matar, empobrece.
Aunque hemos avanzado, el progreso ha sido desigual. Todavía el 36% de la población de la región no está protegida de la exposición al humo de tabaco, el 44% no está informada por medio de advertencias en el empaquetado sobre los daños del producto y el 58% no está protegida frente a su publicidad, promoción y patrocinio, aspecto clave para poner fin a la desinformación.
Además, el uso de políticas impositivas para encarecer los productos de tabaco ha sido insuficiente. Esta medida es la más costo-efectiva para disminuir, desalentar y evitar el inicio en el consumo, al tiempo que permite generar ingresos adicionales para los programas de salud. Por su parte, los servicios para dejar de fumar son escasos y más de diez países de la región aún no regulan los productos novedosos.
Debemos contraatacar y acelerar el paso para conseguir que toda la región esté libre de tabaco y así prevenir muertes y sufrimientos evitables. Una regulación robusta es el camino: la evidencia científica es contundente y la experiencia de la región ha demostrado que estas medidas son política, legal y económicamente viables.
Este esfuerzo requiere el trabajo y compromiso de todos: los diversos sectores del gobierno, legisladores, sociedad civil, personal de salud y comunidad científica.
La OPS está lista para contribuir, como lo viene haciendo desde hace 23 años, cuando lanzamos con las autoridades de salud la iniciativa pionera “América Libre de Humo”, que impulsó normas que prohíben fumar en espacios públicos y cerrados y hoy protegen a más del 60% de la población de la región del humo de tabaco.
Recientemente, pusimos en marcha una iniciativa para ampliar los servicios en la atención primaria destinados a ayudar a las personas a dejar de fumar, y en septiembre, presentaremos una nueva estrategia para apoyar a los países a fortalecer el control del tabaco hasta 2030.
Juntos podemos derrotar de una vez por todas esta amenaza y asegurar un futuro sin tabaco para nuestras poblaciones. La batalla por la vida será ganada.
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