
Tarifas, seguros de salud, transporte público o combustibles son algunos de los ejemplos, de los precios administrados discrecionalmente por el Estado. Este tipo de intervenciones busca compensar el poder adquisitivo del ingreso, particularmente el de los salarios.
Sí se quitaran de un día para otro todos los controles o intervenciones que existen en los precios, los salarios deberían ser considerablemente mayores, al menos, como para mantener el magro poder adquisitivo que hoy tienen. De alguna forma, todos los que tenemos empleados o consumimos bienes o servicios que se valen de ellos para ser producidos, gozamos de los subsidios que estos reciben, abonando salarios menores.
Sin embargo, si la liberación de precios viene acompañada con políticas de reducción del empleo público, de congelamiento del gasto y subsidios, la oferta laboral aumentará dramáticamente, en consecuencia, la recomposición salarial podría verse postergada.
Es decir, que frente a una devaluación del 55%, la finalización de los programas de control de precios y la reducción o eliminación de los subsidios al transporte y energía se agregan medidas que incrementan la oferta laboral, como ser la disminución en la plantilla de trabajadores públicos, el poder adquisitivo de los argentinos se verá afectado muy negativamente.
Consecuencia de ello serán, en un principio, la baja en las ventas, el corte en las cadenas de pagos, mayor desempleo y por ende mayor pobreza. Cartón lleno para este bingo de la decadencia en el que Argentina viene jugando sin perderse una sola partida.
Un cartón en el que en sus casilleros están presentes la falta de interés de inversores genuinos en la toma de deuda pública, altísimas tasas de inflación, bajísima demanda de la moneda soberana, déficit fiscal, pobreza e indigencia.

Analizando las primeras medidas del equipo económico de este nuevo gobierno se escucha de boca del ministro de Economía que el principal problema que tiene la Argentina es el déficit fiscal, constituyendo el verdadero origen de todos los males. El diagnóstico podría pecar de parcial y alejarse del verdadero fondo de la cuestión.
Claramente, deuda, inflación y regulaciones son derivados del rojo en las finanzas públicas, sin embargo, es primordial entender el porqué del déficit. Existen obligaciones indelegables inherentes a la función del estado dentro de un modo de gobierno representativo, republicano y federal. Seguridad, educación o salud, para enunciar algunas, o la inclusión social y laboral, deberían contar con los recursos suficientes, pues sus restricciones presupuestarias significan mayores costos a futuro.
Simplificar la realidad de un país comparándolo con la economía de una familia puede hacer caer en la falacia de que solo se puede ajustar el consumo en lugar del ingreso. Hay que cambiar el punto de observación para que en lugar de expresar que “no hay plata” se busque cómo ganar más.
Difícilmente, subiendo impuestos, bajando sueldos o reduciendo empleos la actividad privada pueda verse beneficiada y acompañar la migración desde el sector público.
Por ahora, los durísimos ajustes prometidos recaen mayormente en la gente, jubilados, trabajadores, empresarios y miembros de la economía popular que han visto reducir el poder adquisitivo de la moneda con la que trabajan en más de un 50% en apenas 48 horas de gestión y que probablemente tengan menos ventas, menos empleos y menos recursos.
Queda mucho por recortar
Esta gestión que se inicia nos previno de tiempos difíciles, sin embargo, recalcó una y otra vez, que en esta oportunidad el esfuerzo lo haría la política, a la que identificó como casta, por tratarse de una minoría que gozaba de condiciones más beneficiosas que el resto. Nada de esto se ha visto reflejado en las primeras medidas.
Queda esperar y observar cómo evolucionan, tanto la gestión como las posibilidades fácticas de los ciudadanos para acompañar este modelo, que por el momento es poco novedoso.
Queda mucha tela por cortar, veamos si aparecen buenas nuevas que propongan la ampliación y creación de empresas, la contratación de más empleados y la apertura de mercados internacionales en donde ofrecer nuestros productos con valor agregado.
El autor es director en Fundación Iberoamericana de Telemedicina
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