Lúder nunca apoyó la amnistía militar

El 23 de septiembre de 1983, a pesar de la impopularidad del proyecto, el presidente Reynaldo Bignone promulga la anunciada y repudiada ley de amnistía. Carlos Nino, en su obra Juicio al mal absoluto, explica: “El primer artículo de la Ley 22.924 garantizaba una amnistía total por el conjunto de acciones subversivas y antisubversivas desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982.

La amnistía se extendía a todos los que ayudaron o incitaron a tal actividad subversiva o antisubversiva, así como a delitos militares comunes. El segundo artículo excluía de su protección a todos aquellos miembros de asociaciones terroristas que no residían en la Argentina al momento de la sanción de la ley. Este artículo también excluía a quienes a través de sus acciones evidenciaban una asociación continua con tales grupos terroristas.

Otros artículos de la ley excluían de la amnistía a quienes ya habían sido sentenciados, así como a aquellos que fueron acusados de “subversión económica”. Finalmente, la ley prohibía a los tribunales citar o interrogar a aquellos a quienes se podía mostrar prima facie que se les aplicaba la amnistía; también creaba un procedimiento sumario para obtener de las cámaras de apelaciones el rechazo definitivo de los cargos criminales. La ley también impedía la compensación civil “por actos comprendidos dentro de la amnistía”.

Desde el Justicialismo, Ítalo Luder rechazó de plano la autoamnistía militar y en ningún momento se compromete a respetarla en caso de ejercer la primera magistratura. Por el contrario, afirma que si el justicialismo llegara al poder “propiciaría la derogación de la ley”. El candidato presidencial del PJ hizo hincapié en la ausencia de condiciones para dictar una ley de esas características. Afirma que “ni moral ni políticamente, el país espera en estos momentos una ley en tal sentido dictada por este gobierno”. Y aclara: “Una ley de amnistía debe responder a un reclamo de la opinión pública, a un verdadero clamor que crea que esa es la metodología para llegar a la pacificación nacional. La ley dictada por este gobierno va a provocar todo lo contrario, una repulsa de la opinión pública”.

Asimismo, cuestiona, en tono premonitorio, la respuesta de la UCR a la normativa que impulsaba el autoritarismo castrense en busca de impunidad: “Lo que me preocupa del documento radical es que establece la teoría jurídica de la obediencia debida como exculpación penal. Es decir, que los que hubieran cumplido órdenes no serían responsables penalmente. Me parece una teoría atrevida que el futuro Poder Judicial va a tener que analizar muy detenidamente”.

Luder, reconocido académico y constitucionalista de fuste, por un lado, prometía derogar la ley y, por el otro, hacía una advertencia de carácter eminentemente jurídico que la especulación electoral aprovechó para tergiversar su intencionalidad y fundamentar, de paso, el pacto militar–sindical, operación propagandística que pretendía asociar al Peronismo con los crímenes de lesa humanidad de la dictadura en retirada. Nino, en la obra citada, reconoce que Lúder se opuso a la ley pero creyendo que, aunque se derogara, “no impediría su aplicación en virtud del art. II del Código Penal. Este artículo garantiza a los imputados el beneficio de la ley más favorable existente desde el momento de la comisión del hecho hasta la sentencia, y el art. II del Código Penal no podía ser derogado sin violar el art. 28 de la Constitución, que prohíbe la ley penal retroactiva”.

Como queda demostrado, la tesis de Lúder era jurídicamente válida teniendo en cuenta que hasta 1983 prevaleció la doctrina de los gobiernos de facto, por la cual adquiría validez la legislación producida por autoridades estatales pertenecientes a gestiones de fuerza. Sin embargo, los juristas del radicalismo, encabezados por Nino, le replicaron a Luder y consideraron que la validez “es un concepto evaluativo que está íntegramente ligado a la moral”. Además, tratándose de una normativa emanada del Poder Ejecutivo de facto permitía interpretar que violaba el art. 29 de la Constitución Nacional, y entonces se insistió con que “sólo normas de origen democrático gozan de la presunción de la aceptabilidad moral”. De este modo, los dos argumentos radicales prevalecieron en el imaginario intelectual y una narrativa falaz –que aún perdura– le hizo asumir a Luder lo que jamás asumió, porque nunca se comprometió a dejar impunes las atrocidades inhumanas de la última dictadura cívico-militar.

Hace exactamente 40 años, en plena campaña electoral de 1983, el discurso democrático aparecía hegemonizado por el candidato radical Raúl Alfonsín. Por eso, Luder, en alguna oportunidad, abandona su tono doctoral y critica a los “campeones de la democracia”. En vísperas del 30 de octubre de aquel histórico año, se pregunta: “¿Dónde están los hombres de la democracia: en los que fueron perseguidos, encarcelados, vilipendiados por las dictaduras militares o en los que ofrecieron funcionarios para colaborar con esas mismas dictaduras militares?”. Finalmente, se lamenta: “Esperábamos una contienda electoral limpia y levantada (…) No la patraña de que somos totalitarios cuando es público que a través de las palabras del General Perón nos hemos declarado tributarios de la doctrina social de la Iglesia y, por tanto, rescatamos la persona humana y su eminente dignidad”.

Fue un político íntegro del Partido Justicialista que honró diversos cargos: redactor de la Constitución Nacional de 1949, expresidente provisional del Senado y expresidente interino de la Nación en 1975, fiel a su estilo republicano generó condiciones favorables a la expectativa institucional durante la última dictadura-cívico militar, Alfonsín en 1983 le ofreció presidir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encabezó la lista de diputados nacionales triunfante por la Provincia de Buenos Aires en 1987, exministro de Defensa del primer gobierno de Carlos Saúl Menem. Los hechos documentados y probados demuestran que no merece cargar con la diatriba de haber apoyado la autoamnistía militar. Es tiempo, por tanto, de memoria completa. De abandonar el uso militante de la historia reciente. Es hora, finalmente, de desagraviar la trayectoria honorable de Ítalo Argentino Luder.