
No se salva nadie. En lo que va del año se cometieron alrededor de 200 asesinatos en la ciudad de Rosario. La situación está fuera de control y nos encontramos frente a una verdadera guerra narco. Ante este escenario dramático vemos a un gobierno provincial ausente y a las fuerzas federales completamente desarticuladas. Para frenar la violencia, sin lugar a dudas, hay que recuperar el control de la calle pero también necesitamos tomar el control de las cárceles.
Si queremos dar una verdadera lucha contra el narcotráfico entonces tenemos que empezar por implementar un sistema de inteligencia penitenciaria en nuestra provincia. Volver a instalar los pabellones de alto perfil para alojar a los presos del narcotráfico y el sicariato, tiene que ser una medida inmediata. Estos lugares garantizan el funcionamiento de los inhibidores de señal, cuentan con un complejo sistema de cámaras de vigilancia que es supervisado no solo por el personal de la penitenciaría sino que también se puede ver en espejo desde el Ministerio de Seguridad. Las celdas tienen una capacidad no superior a dos internos y la custodia no puede llevar ningún tipo de celular. Además se garantiza que la comunicación esté en manos del Estado al limitar las visitas a familiares directos y terceros.
Ahora, esto no tiene impacto real si no logramos que todos los presos del narcotráfico estén en suelo santafesino. La legislatura provincial debe conseguir la adhesión a la Ley de Narcomenudeo para que la provincia pueda tener competencia sobre las causas de narcomenudeo y microtráfico. Solo así Santa Fe tendría tanto el poder de policía sobre este tipo de delitos, como también sobre su juzgamiento y el sistema penitenciario.

No podemos ganarle a los narcos si no terminamos con la inoperancia judicial, frenamos la puerta giratoria y tomamos el control de nuestros presos. Es el momento de habilitar a la Justicia Provincial, al Ministerio Público de la Acusación y a los jueces santafesinos para investigar y perseguir penalmente a quienes trafican drogas. Para ello, se debe dotar de recursos e inteligencia aplicada al Ministerio Público de la Acusación y a los órganos investigativos.
Estas medidas deben ser acompañadas también con la implementación de la cárcel industrial. Instalar polos industriales en las unidades penales es fundamental para poder desarrollar una política educativa y laboral que reduzca la reincidencia delictiva y contribuya a la seguridad pública. Hay que pensar tanto en la vida que ofrecemos mientras que las personas están privadas de su libertad como también en qué pasa después de la cárcel.
Una sola premisa no se puede romper: hay que garantizar el cumplimiento efectivo de las penas. La libertad condicional facilita la corrupción del sistema y no hizo otra cosa que generar daño en Santa Fe.
Como dijo Patricia Bullrich en su última visita a Rosario, el narcotráfico es una mancha de aceite que si no se frena terminará derramándose por todo el país. Este es un problema que tiene solución, es cuestión de tener la voluntad y la fuerza que se requieren para dar una batalla constante.
Santa Fe necesita una prisión para 3.000 sicarios y narcotraficantes con un sistema de implementación operativa muy rígido, pero principalmente necesita un poder político dispuesto a terminar con esta guerra urbana que inunda las calles de Rosario de sangre y muerte.
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