Macroeconomía 2023: postergando lo inevitable

Empiezo con un cuentito:

Un explorador se pierde en medio de la selva cuando lo descubre un grupo de caníbales que empiezan a perseguirlo. El hombre era realmente rápido para correr, de manera que durante más de dos horas los caníbales no logran alcanzarlo. Finalmente, agotado, el explorador se detiene, los mira y les dice: “Está bien, me rindo, ¡pero al menos van a cenar tarde!”.

La política económica del 2023 me recordó esa escena.

Al igual que el explorador del cuento, trata de correr lo máximo posible solo para durar hasta que se defina el nuevo escenario del poder en el último trimestre del año (o antes, dependiendo del resultado de las PASO).

Dejo la metáfora rabínica y me explico.

La Argentina no ha podido todavía superar el cierre del mercado voluntario externo de capitales que se produjo en el 2018.

El gobierno del presidente Mauricio Macri recurrió al FMI con la esperanza que la intervención de dicho organismo y su apoyo financiero convenciera a los acreedores privados de reabrir el crédito para la Argentina, pero por razones propias y ajenas, no lo logró.

A su turno, el gobierno del presidente Alberto Fernández luego de una inútilmente larga negociación, pudo reestructurar los vencimientos de la deuda externa con el sector privado, pero fracasó en el objetivo de bajar el riesgo país, de manera de recuperar el financiamiento voluntario para el país a tasas razonables. Es decir, el mercado voluntario de crédito para la Argentina sigue cerrado.

Sin acceso a financiamiento externo, con déficit fiscal, agravado por el mal manejo de la cuarentena eterna, y el plan platita pre elecciones de medio término, el gobierno se gastó las reservas heredadas, y recurrió, durante el 20-21, a una irresponsable política de endeudamiento interno y emisión monetaria para financiar ese déficit.

Desde la crisis política del oficialismo de junio del año pasado, al mencionado cierre del mercado voluntario de deuda externa, se le fue sumando el cierre del mercado voluntario de deuda interna, que sólo se renueva con “premios extravagantes”, sin superar vencimientos más allá de octubre, con una “ayuda” fuerte del Banco Central, y gracias al endurecimiento del cepo regulatorio que cumple con dos objetivos, limitar la demanda de dólares y generar la liquidez necesaria para la demanda de deuda en pesos indexados.

En ese contexto, el único camino alternativo para financiar el gasto público, además de los impuestos explícitos, ha sido el incremento del impuesto inflacionario al actual ritmo del 5-6% mensual.

Mirando la cuenta de dólares, aún con el récord de los precios internacionales de nuestros productos de exportación del año pasado (netos del aumento de los precios de la energía importada), el Banco Central sólo pudo acumular reservas, gracias al aporte del FMI y otros organismos multilaterales de crédito y restringiendo el pago de importaciones, dado que el sector privado, aún con límites regulatorios, canceló deuda con el exterior.

En otras palabras, las pocas reservas que se sumaron el año pasado provienen de endeudamiento del sector público con organismos multilaterales de crédito y con el diferimiento de pagos de los importadores locales.

La situación de este año no es diferente, tanto en el frente de pesos, como en el frente de dólares.

El déficit fiscal, tendrá que seguir siendo financiado con el Banco Central, lo que al final del día es más inflación presente o potencial mayor inflación futura (si se absorbe emisión con deuda del Banco Central).

Y si el Gobierno insiste en “apretar” un subconjunto de precios, para lograr una baja transitoria en la tasa de inflación mensual, corre el riesgo de empeorar el déficit fiscal (por caída nominal de la recaudación), además de incrementar el desaguisado de precios relativos que ya está creando.

A su vez, si para intentar controlar la brecha cambiaria aumenta la tasa de interés de política monetaria, el costo de la deuda del Banco Central se incrementa en términos reales, generando más necesidad de emitir y absorber, influyendo sobre las expectativas de mayor inflación.

Por el lado de los dólares, la sequía reducirá el saldo de la balanza comercial (en un monto que dependerá de su intensidad final y de la eventual menor importación de energía) y ya no habrá desembolsos netos del FMI.

Además, si el Gobierno no quiere profundizar la caída del nivel de actividad, no podrá recurrir nuevamente a mayor endeudamiento comercial de las empresas, limitando pagos de importaciones, y se verá el verdadero alcance de la utilización concreta del swap con China, y de la línea de crédito del Banco de Brasil.

Adicionalmente, podrá volver a limitar y/o postergar el pago de deuda financiera privada.

Por supuesto que siempre hay margen para el dólar soja “ene”, y para otros dólares especiales (como hincha de River, exijo un dólar Enzo).

Pero en la medida que se incluyan más productos en el régimen de dólares más caros, más se afectará el traslado a los precios internos de estas devaluaciones sectoriales, comprometiendo el objetivo de una tasa de inflación que no desborde, y obviamente, se dificulta el programa de “precios justos” si el costo de los insumos de esos productos evoluciona con los “precios injustos” de los dólares a medida.

Y si sobre este panorama se inserta el comportamiento preventivo de la demanda de dólares de particulares en años electorales, queda claro la dificultad de lograr, simultáneamente, una baja de la tasa de inflación, un mercado cambiario “tranquilo” y un nivel de actividad en crecimiento.

En síntesis, un año en dónde el éxito para el gobierno,será poder postergar lo inevitable en materia de ajuste fiscal y cambiario, tratando que los caníbales cenen tarde.

Seguir leyendo: