El Congreso de Guatemala prevé conocer a finales de junio la ley que crea la autoridad portuaria

El Congreso de Guatemala prevé conocer a finales de junio la iniciativa que crea la Ley del Sistema Portuario Nacional y la Autoridad Portuaria Nacional, una propuesta impulsada por el presidente Bernardo Arévalo de León que busca reorganizar la rectoría de los puertos comerciales del país para atender rezagos de décadas, facilitar inversión privada y reducir sobrecostos logísticos que terminan trasladándose al costo de vida.

El dato económico que sostiene la urgencia del proyecto aparece en el expediente de la iniciativa 6541: la congestión portuaria genera pérdidas anuales estimadas en USD 75 millones para embarques de granel y en USD 94.500 millones para portacontenedores, según organizaciones del sector citadas en la documentación legislativa. En 2024, además, los puertos guatemaltecos movilizaron 31,1 millones de toneladas métricas, un 8% más que en 2023.

El presidente del Legislativo Luis Contreras indicó que la intención es conocer primero la iniciativa vinculada con los puertos del país durante una sesión extraordinaria, una vez que la Comisión de Economía y Comercio Exterior concluya el trabajo sobre las enmiendas y se alcancen los consensos necesarios para llevarla al pleno.

Según Contreras, el objetivo es repetir el mecanismo usado con la reciente Ley Antilavado: que el texto llegue con acuerdos previos para agilizar su discusión y eventual aprobación.

La propuesta ya fue retomada por el Congreso de la República de Guatemala para su análisis. La iniciativa 6541 plantea aprobar la Ley General del Sistema Portuario Nacional y crear la APN como una entidad estatal autónoma que asumiría la rectoría de los tres puertos comerciales del país y regularía a todos los actores del sector, públicos y privados.

Los puertos operan con equipos de los años setenta y sin capacidad para megabuques

La iniciativa fue presentada por Bernardo Arévalo de León el 15 de mayo de 2025 y el pleno la conoció el 17 de junio de ese mismo año. Luego fue trasladada a las comisiones de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, y de Economía y Comercio Exterior para su estudio y dictamen, ya sea conjunto o por separado.

La exposición de motivos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda advierte que los puertos guatemaltecos acumulan rezagos de décadas. El documento señala que Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomás de Castilla y la Terminal Ferroviaria Puerto Barrios operan con grúas de tecnología de los años setenta y con calados que no permiten recibir megabuques de entre 21.000 y 25.000 TEUs.

Esa limitación obliga al país a utilizar embarcaciones con capacidad de entre 1.000 y 2.500 TEUs, según la exposición de motivos del MICIVI. El resultado, de acuerdo con el mismo documento, es un encarecimiento del flete que termina impactando en el costo de vida de la población.

El expediente también consigna que en 2024 Guatemala alcanzó un récord de 1.012.329 contenedores. Esa cifra convirtió al país en el primero de Centroamérica, excluido Panamá, en superar ese umbral.

La APN concentraría la rectoría del sistema y administraría un fondo con aportes de concesiones

El artículo 8 del anteproyecto crea la APN como entidad estatal con carácter autónomo, patrimonio propio y personalidad jurídica. Su órgano superior sería el Consejo del Sistema Portuario Nacional, COSIPORT, integrado por cinco miembros: un presidente nombrado por el presidente de la República, un vicepresidente designado por el ministro del MICIVI y representantes de los ministerios de la Defensa Nacional, Gobernación y Economía.

Los integrantes del COSIPORT durarían seis años en el cargo y podrían ser designados una sola vez adicional. Bajo la rectoría de la APN quedarían la Empresa Portuaria Quetzal, la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla y la Empresa Portuaria Nacional de Champerico, además de operadores privados y prestadores de servicios, todos sujetos a sus regulaciones técnicas y sustantivas aunque con conservación de sus leyes orgánicas propias.

La iniciativa también prevé una Secretaría de Fiscalización Portuaria con independencia de la Gerencia General y un Comité de Apoyo al Sistema Portuario Nacional, CODAS, de carácter multisectorial. A eso se suma un Fondo para el Desarrollo Portuario de naturaleza privativa, alimentado, entre otras fuentes, por el 1% del valor de los contratos de concesión y por el 40% de lo que el Estado reciba de contratos de participación público-privada.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la apertura formal a la inversión privada mediante contratos de concesión portuaria y contratos de participación público-privada. El anteproyecto fija un proceso competitivo de selección en tres etapas: habilitación de oferentes, evaluación técnica y evaluación económica, con convocatoria pública nacional o internacional.

Los contratos no podrían exceder los 30 años de vigencia. La infraestructura construida revertiría al patrimonio de la APN al término del contrato