Incertidumbre, elecciones y estabilización

La imperiosa necesidad de estabilización del gobierno está atada al objetivo político del oficialismo de ser en 2023 una opción electoral viable.

El Gobierno está comprometido con un programa de estabilización acordado con el FMI y, en líneas generales, viene cumpliendo las metas fiscales, monetarias y (en menor medida) de reservas internacionales. En 2023 este programa enfrenta cuatro grandes riesgos:

1) presión política para aumentar el gasto social (meta fiscal);

2) refinanciación de deuda doméstica (expectativa de reestructuración o licuación por inflación);

3) la sequía (producción agropecuaria, expectativa de devaluación); y

4) distorsión cambiaria (expectativas de devaluación). En particular, el cepo cambiario impacta en la inflación: desarticulando la oferta de bienes (ante la falta de insumos importados), generando incertidumbre de costos de reposición de insumos y reduciendo la competencia.

Todos estos factores alimentan las expectativas de inflación y recesión, afectando negativamente la demanda de dinero. De ahí que la restricción en la oferta monetaria del acuerdo con el FMI puede no ser efectiva para contener la inflación.

El panorama se complica aún más por varios factores de inflación inercial: ha aumentado la periodicidad en la revisión del precio de bienes y servicios incorporando explícita o implícitamente mecanismos de indexación; lo mismo se dio espontáneamente con el fuerte aumento en la participación de la deuda doméstica indexada (a la inflación mediante el CER y/o al dólar oficial).

Deshacer estos mecanismos de mayor periodicidad supone cambios en la conducta de inversores y trabajadores que tomara tiempo. Las paritarias conllevan revisiones por desactualización del salario con respecto a la inflación histórica y-o en anticipación de inflación futura. La revisión de precios y salarios en este contexto suele contener un componente inercial elevado debido a una inflación cercana al 100% en 2022.

La complejidad del proceso inflacionario se potencia por la volatilidad e incertidumbre de precios relativos asociadas a la alta inflación y a la inestabilidad cambiaria y macroeconómica. Dicha incertidumbre también se alimenta del atraso tarifario - en la medida que dicha política es percibida como insostenible. Esto determina que empresas y comercios al fijar sus precios incorporen una prima por incertidumbre al desconocer cuál será su costo de reposición de insumos o productos - aún si no tienen posición dominante en el mercado.

Es como un seguro ante el riesgo de descapitalización al cual recurren ante un aumento del ritmo de inflación y de la volatilidad de los precios relativos. En particular, el cepo cambiario potencia este mecanismo al racionar la oferta de insumos y bienes importados y generar incertidumbre sobre su costo de reposición.

La reducción de la inflación en 2023 será una tarea ardua. En este contexto, existe una opción de introducir la posibilidad legal que la unidad de cuenta indexada CER (un índice diario de inflación) sea aplicada al conjunto de precios de la economía.

El antecedente más desarrollado de una moneda indexada es la Unidad de Fomento en Chile con vastas aplicaciones en los sectores y contratos descriptos. La indexación del peso mediante la cláusula CER permitiría la reducción de la prima por incertidumbre que caracteriza la fijación de precios de bienes, servicios y contratos de la economía.

Un plan gradualista de reducción de incertidumbre que acompañe el proceso de corrección de los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios permitirá devolver certezas a las decisiones de consumo e inversión en la economía y a la vez reducir gradualmente la inflación.

El CER hoy se aplica a algunos bonos de la Tesorería; se podría extender su uso a: depósitos y préstamos bancarios, contratos de servicios - incluyendo alquileres, locación de obras y servicios en redes como las tarifas, compraventa de bienes e insumos (sobre todo a aquellos que requieren procesos de producción extendidos), contratos de trabajo, etc.

El beneficio sería la reducción de primas de incertidumbre en la fijación de precios y salarios y a la vez mayor certeza a la producción y en general a los precios relativos que guían los procesos de inversión contribuyendo a la reducción de la inflación mejorando la oferta de bienes y servicios - o al menos mitigando el impacto negativo de los ajustes macroeconómicos tradicionales.

Para ilustrar el caso, la extensión del CER a distintos precios de la economía permitiría: estabilizar las finanzas públicas (al reducir el crónico atraso tarifario); extender el plazo de los contratos y horizonte de las inversiones; dar certeza a contratos de alquiler, trabajo, obras de infraestructura y compraventa de activos.

En particular, el sistema favorece al ahorrista al constituir una opción más estable que el dólar - porque se ajusta por inflación y porque no está expuesta a la volatilidad de este que se puede adelantar o atrasar frente al valor de una canasta de consumo.

La indexación propuesta generaría competencia al dólar como reserva de valor permitiendo a los ahorristas recuperar el señoreaje que implica la sustitución del peso por dólares o moneda extranjera. Esto de por si le confiere estabilidad a la demanda de pesos dado que se reduciría la presión de corrida contra el peso y a favor del dólar.

En general mejoraría la eficacia de la política monetaria: al fijar la tasa de interés de intervención en CER se reduce la prima por incertidumbre debido a la inflación y le daría mayor transparencia a la orientación de la política monetaria.

En síntesis, la indexación mediante el CER permitiría una normalización del funcionamiento de la economía, mejorando en general la oferta de bienes, la inversión, el ahorro y la estabilidad monetaria todos factores asociados con una reducción de la inflación a mediano y largo plazo. Los precios relativos denominados en CER no son rígidos; se ajustarán en función de la oferta y la demanda y prima facie podrían acordarse teniendo en cuenta promedios históricos sectoriales.

El abordaje integral de un plan de estabilización y crecimiento debe tener en cuenta, además de los elementos ortodoxos del programa actual, y la anterior propuesta de incorporación de una unidad de indexación del peso, el anuncio (creíble) de una trayectoria fiscal convergente hacia el equilibrio presupuestario consensuada con la oposición.

Si, además, la oposición presenta un programa fiscal y monetario coherente y unificado, esto podría producir el efecto inverso que lo ocurrido en las PASO de 2019 - en dicha ocasión, la anticipación de un cambio de régimen hacia un programa fiscalmente más laxo desestabilizó el programa de estabilización en curso.

En este caso, la expectativa de un gobierno de oposición que haya aprendido las lecciones del pasado podría “regalarle” credibilidad al plan Massa aumentando la oferta de dólares, ayudando a bajar las tasas de interés y reduciendo la brecha cambiaria, el riesgo país y las expectativas de inflación.

El otro elemento central de un programa consensuado sería la adopción de un plan gradual de sinceramiento cambiario conducente a la eliminación del cepo y los múltiples y volátiles tipos de cambio en el mediano plazo. Esto reduciría la prima por incertidumbre cambiaria ligada a la brecha cambiaria y con ello la expectativa de devaluación e inflación, al tiempo que daría fuertes señales de mercado para reasignar factores de producción hacia los sectores más eficientes como generadores de divisas.

Aprovechando el buen clima mundialista, marcado por la prudencia, la planificación, el liderazgo, la cooperación y el trabajo en equipo, la estrategia descripta podría plantearse en el contexto de una negociación conjunta del gobierno y la oposición con el FMI en el cual se extendería en el tiempo el programa de consolidación fiscal a mediano plazo y la convergencia hacia un tipo de cambio unificado y de mercado.

La cooperación podría quedar circunscripta al objetivo de estabilización y algunas áreas estratégicas importantes como la inversión en educación orientada a la economía del conocimiento, programas de ciencia e innovación, y reformas del sector financiero y los mercados de capitales conducentes a fortalecer el sector productivo.

La disputa electoral se focalizaría (como ocurre en tantos países) en las estrategias de desarrollo donde queda espacio para mayor o menor integración al mundo, mayor o menor intervención en los mercados, mayor o menor reforma del estado, más o menos incentivos microeconómicos para la inversión y el empleo formal, distintos grados de apoyo financiero y-o tributario a las pyme y los programas de asistencia social más o menos orientados a la vuelta al empleo productivo, la inserción en la formalidad o al asistencialismo.

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