Reflexiones en torno a la lucha contra la corrupción

Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, fecha que surge del seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas tras aprobar la Convención contra la Corrupción, que en 2023 cumplirá 20 años.

La prevención y sanción de estos delitos ha puesto de manifiesto el desafío permanente de abordar esta problemática con honestidad y seriedad, en un esfuerzo que debe ser mancomunado entre los gobiernos, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la ciudadanía en su conjunto, puesto que la corrupción afecta a toda la sociedad. Es transversal, globalizada, transnacional, lesiona la vigencia de los Derechos Humanos y profundiza la desigualdad.

Para hacerle frente es fundamental contar con estructuras legales sólidas que promuevan buenas prácticas y reglas claras.

En este sentido, en octubre de 2022 se cumplieron 60 años de la creación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que nació como Comisión Ejecutiva. Ya como Fiscalía Nacional se insertó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y años más tarde fue convertida en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), denominación que adquirió en el año 2015 de cara a la implementación del proceso acusatorio federal.

En la actualidad, la PIA es el organismo especializado del Ministerio Público Fiscal argentino en la investigación administrativo-disciplinaria y penal de hechos de corrupción cometidos por integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. También aquellos en los que intervengan empresas, sociedades u otros entes en donde participe el Estado o se vea afectado el patrimonio público.

La formación permanente y la profesionalización del equipo de trabajo es determinante para poder fortalecer las investigaciones y hacerlas más eficientes, sea por propio impulso de la Procuraduría o colaborando con otros fiscales.

Este año, valiéndonos de las plataformas de videoconferencias, realizamos una serie de Jornadas Federales sobre Corrupción donde pudimos reunirnos con distintas jurisdicciones del país para poder favorecer y fortalecer el trabajo articulado con las fiscalías. Compartir las particularidades de las regiones y conocer las dificultades que afrontan las dependencias en las diferentes instancias del proceso judicial, permite pensar las posibles modalidades de apoyo y acompañamiento que puede brindar la PIA.

Más allá de la facultad legal que la PIA tiene para iniciar y desarrollar las distintas investigaciones de su competencia, es importante destacar que en 2022 se han incrementado aproximadamente un 40% los pedidos de colaboración de fiscales federales de todo el país, situación que expresa con claridad la importancia de sostener una comunicación frecuente y productiva para abordar la complejidad que implica investigar casos de corrupción.

El Ministerio Público Fiscal está mejorando sus capacidades de trabajo en el abordaje del crimen organizado y la criminalidad económica. El trabajo conjunto de las distintas unidades especializadas como la PIA, la PROCELAC, la PROCUNAR y la PROTEX entre otras, confluye en ese sentido.

En esa línea de trabajo, también se destacan las acciones desplegadas en el marco del Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, que reúne a las fiscalías y oficinas especializadas de todo país. Los encuentros a lo largo del año incluyeron debates en torno a políticas de ética y transparencia, la presentación de un registro de integridad para empresas y entidades, y un análisis diferenciado a nivel nacional entre provincias y municipios a los fines de visibilizar las fortalezas y debilidades legislativas.

Por otro lado, en términos internacionales, desde la Red de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP), se abordó a lo largo del año una serie de problemáticas puntuales en materia de investigación en torno al marco legal de la figura del arrepentido o colaborador eficaz; la necesidad de incluir la perspectiva de género en todas las investigaciones, en tanto hay una afectación diferenciada sobre el colectivo de mujeres, niñas, niños y diversidades, y el análisis en torno a la tipificación del delito de sextorsión y la necesidad de investigar desde un principio la eventual participación de funcionarios públicos en los distintos eslabones del delito de trata de personas, tarea que viene desarrollando eficientemente la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal (Protex).

Este 9 de diciembre me encuentra en la 20ª Conferencia Internacional contra la Corrupción, organizada por Transparencia Internacional, cuya presidenta es la argentina Delia Ferreira Rubio. Más de 2.000 personas registradas de todo el mundo (muchas de ellas, muy jóvenes), en permanente debate acerca de cómo fortalecer la lucha contra la corrupción. Autoridades gubernamentales, fiscales, representantes de la sociedad civil y periodismo especializado esforzándose por “erradicar la corrupción y defender los valores democráticos”, tal como reza el lema de esta conferencia.

Como lo mencionáramos al inicio, la investigación de hechos de corrupción administrativa demanda el desarrollo de acciones múltiples y complementarias. La Convención Interamericana contra la Corrupción, fue el primer instrumento jurídico internacional que reconoció la necesidad de contar con herramientas de cooperación para combatirla. En este sentido, sostiene: “Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción” y “promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.

En la Argentina, mediante las Leyes 24.759 y 26.097, se aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, respectivamente.

Siempre es difícil investigar al poder, que no solo es el político, sino también, y fundamentalmente, es el económico. Para hacerlo es determinante tener autonomía, independencia y contar con recursos necesarios y especializados. Es justamente por este motivo que no debería dilatarse más la implementación plena del sistema acusatorio en todo el país, cuya sanción data de diciembre de 2014. Sin dudas, ello redundaría en una justicia más rápida, transparente y eficiente.

Tampoco debería tomarse como algo natural la inédita cantidad de juzgados y fiscalías vacantes a nivel federal. Tal circunstancia debilita el normal funcionamiento de la justicia.

Asimismo, no resulta aceptable que después de casi cinco años no se haya podido designar una procuradora o procurador general de la Nación de acuerdo a los mecanismos legales y constitucionales. Esto no pretende erigirse en una crítica a la labor que viene desarrollando quien interina el cargo; pero sí un airado reclamo a los dirigentes que poseen la facultad y el deber de articular los mecanismos para nombrar a la autoridad máxima del Ministerio Público Fiscal.

En síntesis, este 9 diciembre nos invita a reafirmar los compromisos asumidos en la lucha contra la corrupción, a la que concebimos como un proceso que requiere un esfuerzo permanente y progresivo de parte de quienes tenemos algún rol en la misma.

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