Empleo, educación y formación profesional, lo que hay y lo que falta

Una nota de Fernando Elías en Infobae, destaca -entre otros elementos- que “cerca de la mitad de la población total, aproximadamente 22 millones de personas, recibe algún tipo de asistencia social del Estado bajo diferentes formas: entre las de mayor alcance el programa alimentario y las asignaciones por hijo y embarazo, que venían de antes, y la más reciente y controversial Potenciar Trabajo”.

Por su parte el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social proporciona información trimestral sobre “Dinámica del empleo y rotación de empresas” basado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

A lo anterior deben agregarse el portal nacional “Gestión empleo”, en la página del Ministerio de Trabajo que incluye los centros de formación profesional, así como los portales que tienen las jurisdicciones provinciales como la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, por citar solo dos.

Por el lado de la demanda de empleo de las empresas existen estadísticas valiosas de entidades como la Fundación Observatorio Pyme, que también realiza informes especiales como “Saber hacer”, “desarrollo productivo y cohesión social”, en octubre de 2022.

También están las que relevan distintas entidades empresarias, o las propositivas como las del Departamento de Educación y Formación Profesional de la UIA.

En el caso de sindicatos es relevante, entre otros, la que realiza la Red de Instituciones de Educación y Trabajo, de la Fundación Uocra, que coordina las acciones que llevan adelante alrededor de 30 instituciones educativas en distintas localidades del país, que son públicas, gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

Coordinación y eficiencia

Ahora bien, una primera pregunta que nos podríamos hacer es: ¿Hay algún lugar específico para coordinar todas estas realidades y acciones en el territorio? Entendemos que sí, y que es la Red de Oficinas de Empleo.

En la página web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se sostiene que “en las Oficinas de Empleo municipales se brinda atención personalizada, acompañamiento permanente, orientación e información sobre el mercado laboral local. Desde ellas se accede a cursos de orientación y formación profesional gratuitos, programas de empleo, asistencia a microemprendedores, talleres para la búsqueda de empleo y a acciones de intermediación laboral.

Las Oficinas de Empleo dependen de los municipios, pero son fortalecidas con equipamiento informático y capacitación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y trabajan en articulación con las Agencias Territoriales”.

Ellas juegan un rol central en los distintos servicios que prestan a las personas que buscan empleo, y en especial en la aplicación del seguro de capacitación y empleo instituido por el Decreto 336/2006 y reglamentado por la Resolución 1.100/2002 de la Secretaría de Empleo de la Nación (Artículo 4, modificado por la Resolución 326/2021). En cuanto al monto que se cobra, a partir de noviembre de 2022 se fija un monto mínimo de $16.083 y un máximo de $26.805. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hace el pago del beneficio a mes vencido.

Una segunda pregunta que podríamos formularse es: ¿Están debidamente capacitadas las oficinas oficiales para hacer frente a un empalme más efectivo de planes sociales a empleo? La respuesta puede ir desde no sabemos a ciencia cierta, y -tal vez- algunas sí y otras no.

En esta línea, adicionalmente podríamos preguntarse: ¿Si en un futuro los planes sociales se transformaran en seguro de desempleo, estas agencias -en particular en las regiones metropolitanas- tienen las escalas y recursos humanos y tecnológicos para responder adecuadamente? Me animo a responder negativamente.

Se considera que es un gran desafío de política institucional en esta área, tanto para las autoridades nacionales como las provinciales y municipales, de encarar las acciones pertinentes para un accionar más eficaz de estas agencias. Sería deseable, además, que hubiera una interacción mayor con las cámaras empresarias y los proyectos de inversión futura que requieran de personas capacitadas para desempeñarse en los mismos.

Sería promisoria una interacción entre el Consejo Federal de Trabajo y el Consejo Federal de Educación para revisar los planes educativos, especialmente en el campo de la formación profesional que mejore las habilidades blandas (disciplina laboral, trabajo en equipo, etc.) y duras (técnicas profesionales).

Así como también que se invite a la Fundación de la Uocra y al Departamento de Educación y Formación Profesional de la UIA para que incorporen sus experiencias y evaluaciones que puedan mejorar al sistema público. Son gestiones institucionales y de políticas públicas imprescindibles si se quiere realmente mejorar la dura y triste realidad del mundo laboral y necesidades asistenciales.

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