Esta visto que los planes no sacan de la pobreza, aunque no todo el que cobra un plan social es pobre, ni el que no lo cobra es rico.
Cerca de la mitad de la población total, aproximadamente 22 millones, recibe algún tipo de asistencia social bajo diferentes formas: entre las de mayor alcance el programa alimentario y las asignaciones por hijo y embarazo, que venían de antes, y la más reciente y controversial Potenciar Trabajo.
Pero el análisis no va por ese lado sino que dispara una pregunta: ¿se refleja esa acumulación de planes en los resultados de los índices de pobreza e indigencia, que sumaron 45,5 por ciento en el segundo semestre de 2021?
Parece haber una aproximación estadística con ese 50 por ciento de habitantes de nuestro suelo, ciudadanos y residentes extranjeros, a los que llegan los 142 planes sociales que se reparten en 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires, más la discrecionalidad de 1.300 municipios.
El espectro se acaba de diversificar aún más con la transferencia a intendentes del conurbano bonaerense de 188.000 planes Potenciar Trabajo, un 10 por ciento de la cartera que maneja el Ministerio de Desarrollo Social a través de las organizaciones denominadas “piqueteras”.
Ante semejante cantidad de ayudas sociales dispersas en su administración, sin entrar en consideraciones políticas sobre su uso, se torna dificultoso, sino imposible, identificar las necesidades genuinas de este vasto universo de beneficiarios, lo mismo que verificar eventuales superposiciones en su percepción.
De la página web oficial Ayudándonos se accede a la nutrida oferta nacional de planes sociales.
Entre los principales figuran: Argentina Hace; Jóvenes más y mejor trabajo; Sumar; Acompañar; Renatep; Hacemos futuro; la tarifa social; Hogar (garrafa social); Monotributo social; bonos y beneficios Anses; Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia; Tarjeta Alimentaria; Becas Progresar; Primera Infancia; Protección Social; Seguridad Alimentaria; Seguro Capacitación y Empleo; Servicio Nacional de Rehabilitación; Subsidio social para medicamentos (PAMI) y el cuestionado Potenciar Trabajo.
Un reciente cálculo indica que una familia tipo con dos hijos menores que no tenga empleos registrados podría, mediante una combinación de planes, solventar los casi $100 mil mensuales ($99.676,85 en mayo) que cuesta la canasta básica total, es decir, saldría estadísticamente de la pobreza, según la medición del Indec.
Debajo de esa vara se cuenta un colectivo de pobres (o sea que no llegan a los $100 mil) porque, a pesar de tener algún tipo de ingresos que figuran en alguna planilla, no les garantizan “una mínima calidad de vida en cuanto a las necesidades básicas propias y las de su grupo familiar”, que es la condición explícita de acceso a los planes sociales.
Para una cuantificación pondrían como referencia las 13,5 millones de personas que se presentaron a cobrar el refuerzo que dio el gobierno nacional, compuestas en su mayoría por los jubilados y pensionados que cobran la mínima, los monotributistas sociales y de las más bajas categorías, y gran parte de los trabajadores no formalizados.
En esta última categoría revistan los 10 millones que los dirigentes sociales del Movimiento Evita, Barrios de Pie y el Polo Obrero estiman que trabajan sin derechos, lo cual permite inferir que muchos de ellos complementan ingresos con los planes sociales, o al revés.
Son múltiples las combinaciones que surgen de la sucesión de parches con que arrancó el siglo: en la crisis de 2001 había uno solo, el de Jefes y Jefas de Familia, el que se fue multiplicando hasta superar el centenar largo actual.
La pregunta entonces sería: ¿los planes sociales sacan de la pobreza a los pobres y aumentan el empleo, como impulso claro para la reinserción laboral?
La realidad es dispar según desde que jurisdicción se la mire. Nación tercerizó la entrega en las organizaciones sociales y delegó un 20 por ciento a intendencias del conurbano. No coordina la acción con las provincias.
El gobierno de Córdoba trabaja a través de sus ministerios y desde allí, luego de la aprobación pertinente, entrega la ayuda social, que está enfocada en módulos alimentarios, subsidios para servicios y transporte.
La Ciudad de Buenos Aires entrega una tarjeta precargada a los beneficiarios directos de la ayuda social e interviene para articular la economía popular con los distintos sectores de la producción, a la vez que otorga herramientas de mercadeo y financiamiento para cooperativas y microemprendedores.
Los planes son una necesidad para asistir a las familias en base de la alimentación y la educación, pero la forma en que se administran hace que, en vez de mejorar el tejido social y productivo, solo aumente la cantidad de destinatarios.
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