Tras la pandemia, la Corte retoma las audiencias públicas con un caso emblemático contra Google por el “Derecho al Olvido”

Creadas hace más de una década durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti pero suspendidas durante la pandemia, la Corte Suprema de Justicia retoma la saludable práctica institucional de convocar a audiencias públicas, decisión que comparten casi sin fisuras sus cuatro integrantes.

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Esta vez, el tema dará que hablar. Entre el jueves 17 y el viernes 18 de marzo se realizará la audiencia pública del caso planteado por la actriz Natalia Denegri contra el gigante buscador Google. El motivo del litigio es una categoría discutida sobre todo en Europa y a la espera de precedentes en el país: el llamado “Derecho al Olvido”.

En este caso, Natalia Denegri (que aparece en Google como “chica del caso Coppola”, hecho judicial ocurrido en 1996 en la Argentina) plantea defender la afectación a “su honor” ante su vinculación con un caso mediático de hace más de veinte años. Mientras tanto, el gigante Google defiende el “derecho a la información” y considera al caso como una censura indiscriminada que podría ser un peligroso antecedente ya que cualquier persona que se “sienta incómoda” con su pasado podría solicitar su supresión en el buscador.

El “derecho al honor” de Denegri colisionará con el “derecho a la información” de “Google” durante dos jornadas en las que los jueces de la Corte escucharán a una docena de “Amigos del Tribunal” que abogarán por ambas partes.

Hasta el momento han solicitado participar como “Amigos del Tribunal” (amicus curiae) la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros. La Corte, una vez finalizadas las audiencias, no tiene plazo para resolver.

El origen de las audiencias públicas

La idea de convocar a audiencias públicas en la Corte Suprema surgió de un viaje oficial que Lorenzetti hizo en el año 2007 a la Corte Suprema de Estados Unidos. En ese viaje se entrevistó con los jueces de esa Corte y lo invitaron a asistir a las audiencias públicas. En el viaje de regreso, redactó un borrador de acordada y fue inmediatamente firmada con sus colegas. Así surgió la Acordada 30/2007 del 5 de noviembre de 2007, que fue firmada por Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda.

Este proceso refleja la revolución institucional de aquellos años, bajo la presidencia de Lorenzetti.

Querían revertir la mala imagen y el secretismo de la composición anterior y por eso la acordada menciona la “calidad institucional”.

La acordada describe tres tipos de audiencias.

Las audiencias informativas que son públicas causaron un enorme impacto en la sociedad. La referida a la Ley de Medios generó un enorme debate, con cincuenta expositores, manifestaciones en la plaza Lavalle y una gran participación ciudadana. También lo fueron las audiencias sobre la libertad de expresión en el caso del diario La Nación, o las referidas a la privacidad en Google, o la que permitió debatir el tema de la privacidad de los abogados (Halabi). Por primera vez asistieron a la Corte comunidades de pueblos originarios, o personas extremadamente humildes que pedían por salud, o por alimentos (casos de Formosa y Chaco). También se hicieron numerosas audiencias ambientales.

También se programaron audiencias “ordenatorias” que están encaminadas a ordenar el proceso. Eso se hizo reiteradamente con el caso del Riachuelo, a la que asistieron personas que sufrían la contaminación, alumnos de escuelas, organizaciones no gubernamentales, los intendentes del conurbano, el gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, la acordada prevé audiencias conciliatorias, que permitieron solucionar numerosos casos. Esas audiencias no son públicas porque se busca que las partes hablen libremente. Es el caso de la última audiencia entre la Capital Federal y el Gobierno Nacional por la Coparticipación.

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